El hambre, la falta de oportunidades laborales y los conflictos geopolíticos provocan flujos migratorios récord en los países que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esa fue la conclusión del más reciente informe de Panorama de la Migración Internacional, publicado este 23 de octubre por el organismo internacional.
“La migración a los países de la OCDE alcanzó un récord histórico en 2022 con 6,1 millones de nuevos inmigrantes permanentes”, lo cual “representa un aumento interanual del 26% y del 14% en comparación con 2019″, indicó el texto.
Algo similar pasó con las solicitudes de asilo. “El número de nuevos solicitantes (2 millones)” es el “más alto registrado hasta ahora” y, añadió el informe, “casi se duplicó (+91%) entre 2021 y 2022″.
Costa Rica está en el epicentro de este fenómeno. El país recibió más de 129.000 solicitudes de asilo en 2022.
Ese número es el cuarto registro más alto de entre todos los países miembros de la OCDE (solo por debajo de potencias como Estados Unidos, Alemania y Francia, y por encima de otras naciones tan grandes como México, España o Canadá) y el más alto, en general, como proporción total de la población del país (más de 25.000 por cada 100.000 habitantes).
Este comportamiento de las estadísticas de asilo es una tendencia de los últimos años. En ellos, Costa Rica “registró, con diferencia, el mayor número de solicitantes de asilo en relación con su población”, según la OCDE.
La situación no sorprende si se toma en cuenta que Costa Rica recibe a un gran número de las personas que salen de Nicaragua, Venezuela y Colombia: tres de los cuatro principales emisores de solicitantes de asilo en los países de OCDE. La mayoría de solicitudes en 2022, sin embargo, fueron de personas nicaragüenses (un 92%). Estos son países que viven crisis políticas, sociales y migratorias de peso. Nicaragua y Venezuela, además, continúan bajo el mando de regímenes políticos autoritarios.
Todos estos números se enmarcan en una tendencia migratoria mundial al alza. La migración histórica de la población nicaragüense a Costa Rica es solo una más en el planeta, donde se desarrollan otros desplazamientos a gran escala, como los flujos que existen entre Europa Oriental, África y Europa Occidental, o lo de Sur a Norteamérica, entre otras corrientes.
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Situación laboral
La OCDE también profundizó sobre la situación laboral de la población migrante en cada país. Dicha población comprende a todas las personas extranjeras que residen en cada territorio, y no solo a los que piden asilo activamente.
En este rubro, la organización explicó que, si bien persisten brechas negativas entre las tasas de empleo de personas locales y migrantes en países de Europa Occidental, la situación es inversa en algunos países del continente americano, incluido Costa Rica.
“Por ejemplo, la brecha de empleo en Chile y Costa Rica fue de +15,1 y +7,6 puntos porcentuales, respectivamente (en favor de las personas migrantes)”, cita el informe. “Entre los países latinoamericanos con datos de 2022 disponibles, Chile (+1,5 puntos porcentuales) y Costa Rica (+4,8 puntos porcentuales) experimentaron crecimientos en sus tasas de empleo de inmigrantes que fueron superiores a las de los nativos”, añadió la entidad.
El informe de la organización no profundiza en el tipo de tareas que realizan las personas extranjeras en Costa Rica; sin embargo, existen datos disponibles al respecto publicadas por otras fuentes.
Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) explicó en un informe de 2022 que la población extranjera le aportó a Costa Rica más del 9% de su crecimiento económico entre 2010 y 2019.
Además, indicó que esta población representa más de un 10% de la fuerza laboral en sectores claves como las actividades inmobiliarias (25,9%); la construcción (22,3%), las actividades de alojamiento (16,7%), la agricultura y la ganadería (14,3%) y otras actividades profesionales (10,9%).
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El documento también destacó que la población migrante que recibe Costa Rica incluye a personas de todos los niveles de formación académica. Si bien, cuatro de cada 10 personas de este grupo seguía sin superar la primaria, según los datos disponibles hasta 2020, la proporción de personas inmigrantes con formación universitaria se duplicó en un lapso de 10 años (pasó de 7,2% en 2010 a 15,9% en 2020, específicamente).
La población inmigrante en Costa Rica se acerca al 10% de la población general del país, según las estimaciones disponibles. De ese porcentaje, alrededor de siete de cada diez personas provienen de Nicaragua.
Gestiones gubernamentales
El presidente Rodrigo Chaves publicó varios decretos desde que asumió su mandato que buscaron hacer más complejo el proceso de solicitud de refugio y trabajo, así como para atender y despachar más rápidamente a quienes intentan cruzar desde Panamá a Nicaragua, camino hacia Estados Unidos.
Por ejemplo, el Gobierno llegó a plantear una prohibición a las personas refugiadas salir del territorio costarricense “bajo ninguna circunstancia”, lo cual fue declarado inconstitucional por los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Otra medida que se implementó vía decreto y que también fue declarada inconstitucional fue una que establecía que para las personas nacidas en Cuba, Venezuela y Nicaragua que buscaran obtener una “condición especial temporal migratoria” en el país sería requisito desistir de otros derechos, como la búsqueda de refugio pendiente de resolver o de los recursos formulados en contra de la denegatoria.
Los decretos que incluyeron estas y otras medidas provocaron múltiples sentencias de la Sala IV, en las cuales se condenó al Estado al pago por daños y perjuicios en contra de las personas afectadas, según consta en múltiples publicaciones de prensa.
La capacidad de respuesta de Costa Rica para las solicitudes de refugio es muy limitada. Un estudio hecho por EF en octubre del año pasado determinó que, de las 195.843 peticiones de refugio que se iniciaron entre 2017 y julio de 2022, solo se habían resuelto 16.035. De ese pequeño grupo, solo se aprobaron tres de cada 10 gestiones.
Más recientemente, a finales de septiembre pasado, el Gobierno también publicó una declaratoria de emergencia nacional por el flujo de migrantes que cruzan el territorio costarricense en dirección a Estados Unidos.
Con este documento, indicaron las autoridades, se pretendía atender con más recursos la llegada de miles de personas de migrantes que ingresan a diario por la frontera sur, con Panamá, camino a Norteamérica. En esa línea, Costa Rica y Panamá anunciaron la aplicación de un sistema de uso de 200 autobuses para transportar a 2.000 o 3.000 personas, cada día, hasta la zona limítrofe con Nicaragua.
La decisión se anunció en medio de una visita del presidente a la zona limítrofe en Panamá, en la que Chaves acudió con su homólogo de ese país, Laurentino Cortizo, a observar el tránsito de personas migrantes que cruzan la selva del Darién.
Molestia
El presidente Chaves declaró en conferencia de prensa de noviembre del año pasado que su administración tomaría “medidas para evitar que nuestro régimen de refugiados sea aprovechado de manera incorrecta por personas que lo que quieren es emigrar a Costa Rica para quedarse a trabajar”. Dichas declaraciones precedieron las medidas antes mencionadas que se trasladaron a decretos.
Además, el mandatario reclamó a la comunidad internacional que la responsabilidad sobre la crisis migratoria le ha recaído “de manera desproporcional” al país y que el resto del mundo “no está colaborando con los recursos que necesita este país para ser un buen ciudadano mundial”.
“No podemos seguir aceptando gente que no son refugiados políticos, que son refugiados económicos”, dijo entonces. “Tenemos el salario mínimo más alto de toda América Latina, tenemos paz, tenemos demasiada criminalidad para nuestros estándares pero muchísimo más baja que el promedio de América Latina. Entonces yo entiendo que la gente se quiera venir a quedar aquí, pero tenemos 200.000 personas solicitando refugio político y eso les da, con solo la llamada por teléfono al número correspondiente, el derecho a quedarse aquí”.
Recientemente, la representación diplomática de Costa Rica asistió a una cumbre organizada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en busca de soluciones al problema migratorio en la región. Dicha reunión finalmente concluyó este 22 de octubre y a ella asistieron representantes de 11 países, incluidos los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Honduras, Xiomara Castro; de Colombia, Gustavo Petro, y de Venezuela, Nicolás Maduro.
Los países solo firmaron una declaración conjunta al final del encuentro en la que acordaron “evitar medidas coercitivas” y respetar “el derecho humano a migrar, resguardando la vida y dignidad de las personas migrantes”, según leyó la canciller mexicana, Alicia Bárcena. Además, se solicitó a los países de destino de migrantes que abandonen sus políticas que “producen arbitrariamente tanto factores de atracción como efectos disuasorios, como la regularización de determinadas nacionalidades”.
La Cancillería no ha publicado mayor comunicación sobre el encuentro, ni sobre el documento firmado. En los últimos días, su comunicación se ha concentrado en la gira del canciller Arnoldo Garnier a países de la Unión Europea.
En ella, sin embargo, Garnier dio una entrevista a la Deutsche Welle, en la que se refirió sobre la crisis migratoria. El jerarca se refirió al encuentro en México y dijo creer que “no solo los países de origen y tránsito, como es Centroamérica, deberían estar en la mesa sino también los de destino”.
Sin embargo, añadió, esta es solo una cara de la migración para Costa Rica, pues no solo es zona de tránsito de personas migrantes sino también un destino reconocido para personas de países cercanos.
