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Con la actividad económica casi paralizada por las medidas de distanciamiento social que buscan contener la expansión del coronavirus, el Gobierno de Costa Rica entra en una carrera por acumular recursos para auxiliar a los más afectados económicamente.
La posición de salida de la administración Alvarado Quesada ya era mala desde antes del virus. El Gobierno Central cerró el 2019 con problemas para contener el gasto y el endeudamiento estaba previsto para rondar el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) este año. Ahora deberá buscar aún más dinero para ayudar a empresas y familias.
¿A cuáles? Es el dilema actual de las autoridades.
¿Rescate selectivo?
Costa Rica, con un creciente déficit financiero de más de una década y una deuda pública que le limita su margen de acción, tendrá que emplear un sistema de rescate selectivo en el que habrá beneficiados y excluidos.
Las medidas que ya se aplican están orientadas a liberar liquidez en una parte del tejido empresarial y de trabajadores independientes, aunque las iniciativas carecen de acciones para mejorar la solvencia de algunos agentes económicos.
Los programas de rescate selectivo crean división porque fijan una serie de criterios para decidir quiénes entran y quiénes no. Aunque este modelo busca reforzar a únicamente a las industrias y empresas que crean valor y que previsiblemente continuarán por esa senda.
Las medidas de liquidez permiten que las empresas y personas puedan atender pagos de corto plazo, mientras que las acciones de solvencia buscan recapitalizarlas, en esta línea todavía el Gobierno de Carlos Alvarado no anuncia ninguna propuesta.
Algunos de los “filtros” que, a criterio del economista Eliécer Feinzaig, se podrían aplicar para definir quiénes entrarían en rescate son: el nivel de caída del negocio, la cantidad de empleo que genera, la probabilidad de sobrevivencia y la solvencia real.
La economía doméstica, al igual que la mundial, enfrentan un shock de oferta que se traducirá también en uno de demanda, lo que sin duda se convierte en un peligro latente para el sistema financiero. El enfoque que adopte el Gobierno es importante para tratar de reducir el empobrecimiento sostenido de las personas y empresas en estos días.
Un plan de auxilio selectivo golpea menos la solvencia del Estado e introduce menos distorsiones a la economía porque se dirige directamente a los negocios y personas que generan valor, mientras que los otros grupos se reajustarán naturalmente. Algunos de ellos, como las personas en condición de pobreza, recibirán subvenciones para no desmejorar su situación.
El enfoque de rescate total es muy caro para una nación endeudada como Costa Rica que podría apostar por un mix de acciones para ayudar a la mayor cantidad de afectados posibles, pero definitivamente no a todos.
La situación contrasta con los planes de Alemania, la mayor economía europea tradicionalmente reacia a endeudarse, que anunció el pasado lunes 23 de marzo un agresivo plan para rescatar a la porción más grande de personas y empresas afectadas por el coronavirus.
El Gobierno alemán cosecha superávits desde 2013 y, a pesar de su alto nivel de deuda pública −que logró bajar sostenidamente desde 2012−, dispone de recursos suficientes para impulsar un plan de rescate con enfoque total que Costa Rica, frente a sus limitaciones fiscales, no podría implementar.
Los alemanes prevén una contracción económica del 5% debido a la pandemia, por lo que su Gobierno se endeudará por 156.000 millones de euros para enfrentar la crisis.
El Ministerio de Finanzas de ese país estima un gasto del 122.500 millones de euros en medidas de apoyo al sistema sanitario y a la estructura económica. También prevén una caída en los ingresos tributarios cercana a los 33.500 millones de euros.
Por esa razón, preparan un paquete de ayudas de 50.000 millones de euros para entregar subsidios a empleados y empresas (de hasta diez trabajadores) que se vieron afectados por la crisis.
Estados Unidos, la economía más grande del mundo, anunció este 25 de marzo el plan de estímulo económico más importante en su historia.
Republicanos y demócratas del Senado y la Casa Blanca acordaron destinar $2 billones para rescatar e impulsar su economía.
El paquete de reactivación incluye transferencias directas a la mayoría de las personas afectadas y a los desempleados. El Gobierno Federal también dará recursos a estados y empresas que sufrieron el embate de la crisis.
Se destinarán $367.000 millones para inyectarlos a los pequeños negocios y $500.000 millones para otorgar créditos garantizados y subvenciones a las compañías más grandes.
La atención inmediata
Es incuestionable que el Gobierno debe enfocarse en lo urgente. La prioridad es atender a los enfermos de COVID-19 y tomar medidas de aislamiento social para reducir el crecimiento exponencial del virus con el fin de no sobrepasar la capacidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
También en el plató de lo inmediato se encuentran las medidas para auxiliar a las empresas y personas, golpeadas por el apagón económico.
Moratoria de impuestos, suspensión en los cortes de agua, reducción de tarifas eléctricas, flexibilidad en contratos de trabajo, facilidades en el sistema financiero, cambios en las cargas sociales y nuevos productos en los seguros son parte del manojo de soluciones implementadas.
Al igual que en otros países, el Ejecutivo valora la opción de suspender el pago de alquileres de vivienda y comercios, además de otras iniciativas como otorgar subsidios a los desempleados y familias en pobreza.
Todo esto, sin embargo, es parte de la atención urgente. Mientras los días y el efecto negativo en la economía avanzan, el empobrecimiento sostenido de los agentes económicos se acentúa.
“Cada día que pasa un hotel cerrado, que una persona deja de ir a trabajar, que una empresa no produce, estos actores se empobrecen. No hay forma de evitarlo o revertirlo”, advirtió Miguel Ángel Rodríguez, economista y expresidente de la República (1998-2002).
En medio de la inmediatez que demanda la emergencia, el Gobierno, los diputados y el sector productivo deben empezar a contemplar sus opciones de mediano y largo plazo sin olvidarse del creciente enemigo común que acecha las finanzas públicas: el déficit fiscal.
Cambios estructurales
La situación de mediano plazo para el país no es positiva. La crisis del coronavirus acrecentará el déficit fiscal y esto plantea el reto de acelerar medidas estructurales que se dejaron de lado en la discusión de la reforma tributaria durante 2018 y 2019.
Costa Rica se enfrentará a un aumento en el gasto social y una caída en los ingresos tributarios por una menor demanda. Esta situación agravará el ya complicado panorama de las finanzas públicas que registró un sorpresivo déficit fiscal del 7% al cierre del 2019, a pesar de la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Los economistas Alberto Trejos, Eliécer Feinzaig, Thelmo Vargas y Miguel Ángel Rodríguez; consultados por EF; coinciden en que la ruta para el mediano y largo plazo es poner en marcha una serie de reformas estructurales que el país urge hace tiempo para sanear su incómoda situación financiera.
Ajustes como la venta de activos más allá del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) o la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) −propuestas por el Gobierno−. Se debería de apostar también por el Banco de Costa Rica (BCR), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Estos recursos podrían traer alivio a las arcas del Estado, generar liquidez para reducir la deuda pública o promover la creación de fideicomisos para alimentar otros sistemas como las pensiones de la CCSS.
La brújula de reformas estructurales también apunta al principal rubro disparador del gasto gubernamental, después de los intereses de la deuda: los salarios de los empleados públicos.
Una medida inmediata que podría reducir el gasto en este renglón durante unos meses para liberar recursos al Gobierno es la reducción de jornadas laborales en un 50% para empleados estatales cuyas funciones no son esenciales en este momento. Así lo planteó Alberto Trejos, economista y exministro de comercio exterior.
Es indispensable reformar el empleo público para que en el mediano plazo la curva de crecimiento de ese gasto empiece a aplanarase y tenga un efecto menos lesivo sobre las finanzas del país.
“Tenemos que pensar en medidas para mejorar la productividad y eso incluye la ruptura de monopolios y apertura de mercados (energía), reformas al Código de Trabajo para permitir mayor flexibilidad en relaciones patrono-empleados y reducir los costos de la seguridad social”, agregó Feinzaig.
Las opiniones son divididas sobre la viabilidad política y el timing para pedir un nuevo aumento de tributos –aunque sea temporal−, pero esta también es una alternativa de carácter estructural sobre todo ante la insuficiencia del 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los nuevos tramos de renta, demostrada en los resultados fiscales del 2019.
“La otra opción podría ser un aumento temporal de impuestos unido a un control muy fuerte del gasto. Pero eso habrá que decidirlo cuando se pueda medir bien la magnitud del golpe”, concluyó Thelmo Vargas, exministro de Hacienda.
Las voces de algunos de estos economistas coinciden con una idea planteada por Francisco de Paula Gutiérrez, exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), quien en una entrevista con La Nación propuso acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para poner en marcha un plan de reestructuración y saneamiento de las finanzas públicas.
Desde el Observatorio Económico y Social (OES) de la Universidad Nacional (UNA) consideran que es un momento óptimo para aprovechar la reducción en las tasas de interés del mercado internacional y colocar deuda externa que evite el estrujamiento del mercado local.
La aprobación de los créditos de apoyo presupuestario, como el avalado recientemente en el Congreso con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $500 millones, ayudaría a reducir la afectación sobre las actividades del Estado en los próximos meses por posibles problemas de liquidez.
Mientras pasa el golpe económico del coronavirus y se reescriben los hábitos de consumo de las personas; el Gobierno, los diputados y el sector productivo deben empezar a ver un poco más allá de lo urgente, porque el déficit fiscal, que durante años se contuvo como un pequeño fuego de amenaza, podría convertirse rápidamente en un megaincendio que limite el rescate selectivo.
