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El Gobierno de la República puso como una de sus metas para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la aprobación del plan de reforma al empleo público a finales de este mes de mayo; sin embargo, una combinación de factores dio al traste con esa expectativa y ahora el pronóstico más optimista es concretar el trámite en julio, apenas al cierre del plazo para la primera revisión de la entidad.
El proyecto se disponía a concluir su etapa de mociones de revisión (la última votación de propuestas de cambio previamente rechazadas) en la última semana de abril. Sin embargo, el contagio de COVID-19 de un asesor de la Presidencia legislativa y de la diputada socialcristiana María Inés Solís pausó los planes desde el 21 de abril.
Otro factor ha sido la falta de quórum y la ruptura del mismo en algunas de las sesiones, pues el Congreso solo puede trabajar con la presencia de al menos 38 legisladores.
Más tarde también incidieron las actividades solemnes de cambio de legislatura de cada inicio de mayo, que abarcaron toda la primera semana de ese mes; y ahora se suman nuevos contagios de diputados, que obligaron a suspender las sesiones del lunes 10 y el martes 11 de mayo.
Karine Niño y Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN); Rodolfo Peña, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional (PRN) fueron diagnosticados con el virus en los últimos días; y otros tantos se mantienen en aislamiento por nexos con diputados contagiados, familiares o personas cercanas.
El proyecto de reforma a empleo público es la principal medida legislativa que el Gobierno debe alcanzar en el Congreso para la primera evaluación del FMI, según han reiterado distintas autoridades de Gobierno a los diputados. Es uno de las principales compromisos adquiridos por Costa Rica con el organismo internacional para estabilizar sus finanzas a partir de 2023.
Según el Ministerio de Planificación, permitiría garantizar un ahorro anual del 0,9% del PIB, en promedio, solo durante la primera década de su aplicación.
El plan de empleo público, junto con otras propuestas fiscales y de gasto, son la contrapropuesta que hizo el Estado al Fondo para acceder a un financiamiento por $1.778 millones, a través de una facilidad de Servicio Ampliado (SAF), a desembolsarse en los próximos tres años.
Ahora, el Banco Central (BCCR) modificó sus expectativas y espera que el proyecto alcance su votación en primer debate a finales de junio o principios de julio. Así lo indicó el presidente del emisor y gobernador de Costa Rica ante el FMI, Rodrigo Cubero, en entrevista con EF.
Cubero aceptó que le preocupan los efectos del COVID-19 en el Congreso y los eventuales contagios de legisladores, pero dijo mantenerse optimista. “Eso genera incertidumbre, pero confío en que los tiempos se mantengan relativamente”, indicó el jerarca.
Alcanzar una eventual aprobación del proyecto hasta julio implicaría un atraso en los cronogramas de alrededor de un mes y medio, pero, según Cubero, sería “manejable”.
El FMI otorgará a Costa Rica el financiamiento del acuerdo en seis tractos iguales: el primero lo dará tan pronto como se apruebe el convenio en el Congreso y los restantes cinco los entregará únicamente si el país cumple satisfactoriamente con sus propuestas para estabilizar la economía.
La primera revisión se hará contra los resultados hasta julio, indicó a EF el ministro de Hacienda, Elian Villegas; a partir de una misión que realizará su chequeo algunas semanas más tarde.
Para ese momento, Costa Rica debería poder certificar la aprobación de la reforma, según se comprometió con el organismo.
Congreso
Pese a los atrasos, el Gobierno se propone avanzar esta semana con la tramitación de las últimas propuestas de cambio al proyecto, las cuales en realidad corresponden a mociones ya rechazadas de las cuales se solicitó una revisión (repetir sus votaciones).
“Queda terminar de ver el informe del presidente y que la próxima semana estemos en condiciones de regresar al conocimiento de las 40 mociones que hacen falta (...)”, afirmó a este medio el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales, la semana pasada.
Morales ha sido uno de los principales operadores de la reforma por parte del oficialismo en el Congreso, desde su gestión como presidente en la Comisión de Gobierno y Administración –donde se dictaminó semanas atrás.
Una vez que el proyecto concluya la votación de mociones de revisión, deberá ser enviado a consulta de varias instituciones en un período que no suele tardar más de dos semanas. Luego, se podrá discutir y votar en el primero de dos debate.
De ser aprobado, irá a revisión de la Sala Constitucional por un período de 30 días, y regresará para su votación final al Congreso.
Los planes; sin embargo, chocan nuevamente con el COVID-19. Los nuevos contagios de congresistas y el aislamiento de otros obligó a cancelar las sesiones del Congreso de 10 y 11 de mayo: la mitad de esta semana, por el momento.
Además, la amenaza del COVID-19 sigue latente y varios legisladores se oponen a realizar sesiones extraordinarias de larga duración para avanzar con la iniciativa, como se hizo durante los primeros días de discusión del plan que busca reformar las relaciones entre Estado y sus trabajadores.
El siguiente paso del Congreso será terminar el análisis del discurso del presidente del 4 de mayo pasado en el Congreso. Una vez concluya esa fase, si lo permiten las condiciones sanitarias, se espera que vuelvan al conocimiento de la reforma y la envíen a consulta de instituciones.
Otros proyectos
El plan de empleo público es solo uno de los siete proyectos que deben avanzar en el Congreso, como parte del convenio con el Fondo.
Sin embargo, el panorama es más complejo con el resto de iniciativas, que apenas dan sus primeros pasos en comisión.
Entre esos otros proyectos están algunas la eliminación de algunas exoneraciones, la estandarización de la tasa a las rentas de capital y algunas otras reformas tributarias, incluida la imposición de un sistema de renta global (no cedular). Asimismo, incluye el establecimiento de un aporte extraordinario por cuatro años a las empresas públicas del Estado.
Todo ello, en conjunto con otras medidas administrativas para contener el gasto público, busca revertir el déficit primario (ingresos menos gastos sin contar intereses) y estabilizar la deuda pública del país a partir de 2023.
Sobre estos proyectos, el presidente del Central indicó que ”esperarían ver algún nivel de avance”, al igual que con la cartera de créditos de apoyo presupuestario con entidades multilaterales que siguen pendientes de aprobación.
“Ciertamente en los meses de mayo y de junio esperaríamos ver un progreso importante en todo eso, a nivel de comisión y ojalá que algunos salgan de ellas y progresen en el Plenario”, comentó.
No obstante, estos proyectos dependen del trabajo de comisiones que, por ahora, están inhabilitadas, pues deben configurarse nuevamente cada mes de mayo y las pausas hasta el momento no han permitido habilitarlas de nuevo. La presidenta del Congreso, Silvia Hernández, dijo a EF a inicios de mes que esperaba concluir con ese proceso en dos semanas; sin embargo, el coronavirus ha puesto sus planes a prueba.
También resta la aprobación en el Plenario del propio convenio de acuerdo con el FMI para oficializar la facilidad de Servicio Ampliado (SAF) por $1.778 millones en tres años, el cual ya fue dictaminado positivamente por la Comisión de Asuntos Hacendarios y podrá votarse en primer debate en las próximas semanas.
Colaboró la periodista Andrea Hidalgo
