El último ajuste tributario que se aprobó en Costa Rica vio la luz en noviembre de 1995. En ese año, José María Figueres, entonces presidente de la República selló un acuerdo con su acérrimo rival político, Rafael Ángel Calderón Fournier.
Dos fuerzas políticas comandaban el Congreso, la discusión se dividió entre los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y los del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). En cierta forma el proceso era más fácil.
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El acuerdo entre ambos líderes políticos permitió aprobar la reforma al Impuesto General sobre las Ventas (IGV) que aumentó los ingresos tributarios en la época.
Desde entonces los acuerdos en materia de impuestos están ausentes en el Congreso.
En 2004 la administración Pacheco de la Espriella presentó el proyecto de ley de pacto fiscal y reforma fiscal estructural que creaba un IVA del 13% con tasas del 6% para los servicios privados de salud y educación.
El déficit fiscal por esas fechas era del 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB), pero la deuda pública amenazaba con un crecimiento para los siguientes años y los ingresos tributarios perdían fuerza. Desde entonces se necesitaba un cambio, aunque la situación no era tan crítica como lo es ahora.
Surgieron voces en contra de esa primera propuesta. Un bloque de 25 diputados condicionó sus votos.
15 legisladores del PLN querían incluir una moción de 480 páginas que modificaba sustancialmente en texto, entre los cambios pretendían fijar un 20% de tarifa única de impuesto de renta a las corporaciones, 12% a pymes y 15% a las empresas “pioneras”. También las casas editoriales alzaron la voz para oponerse a la intención del Ejecutivo de gravar los libros con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
¿Le resulta conocida esta historia en pleno 2018?
El manoseo
Desde 2004, cuando Abel Pacheco presentó sus proyectos, han pasado por el Congreso al menos 15 iniciativas de ajuste tributario para enfrentar el déficit financiero hasta llegar al 2018. Mientras tanto, la brecha entre ingresos y gastos del Gobierno creció del 2,9% al 7,2% de la producción nacional.
Los proyectos de reforma fiscal han sido históricamente un pulso entre diputados, grupos de interés y sindicatos; quienes quieren introducir cambios en las tarifas de los impuestos para mitigar el impacto.
El gobierno de Carlos Alvarado heredó el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y en casi tres meses de gestión, el Ejecutivo ha enviado cuatro propuestas de textos sustitutivos al Congreso donde actualmente se trabaja en la quinta versión de la reforma fiscal.
El Gobierno tuvo que ceder ante los intereses de las iglesias evangélicas, representadas por los diputados del Partido Restauración Nacional (PRN), y eliminó el 13% del IVA que se pretendía cobrar al alquiler de edificios que superen los ¢862.000 por parte de organizaciones religiosas.
Otros diputados de partidos como el PLN y el PUSC pidieron reducciones en las tasas diferenciadas que se cobrarían para los servicios privados de educación y salud. El Ejecutivo claudicó y pasó la tarifa del IVA del 4% al 2%.
Los diputados son las caras visibles y se convierten en abanderados de posiciones férreas contra temas específicos, pero detrás de ellos hay una serie de sectores, agrupaciones y sindicatos que, con validez, llevan sus inquietudes hasta Cuesta de Moras por medio de los lobistas - personas que hacen lobby-.
El futuro de este nuevo intento de reforma fiscal es todavía bastante incierto. Los diputados del plenario anterior dejaron aprobada una vía rápida para acelerar el paso del proyecto. Los nuevos legisladores revivieron el trámite, pero prácticamente trabajan en la construcción de otro texto en negociaciones con el Ministerio de Hacienda y la oficialista fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC).
En el pasado, el manoseo político de los diputados produjo yerros importantes que terminaron por traerse abajo las reformas fiscales del 2004 y 2012. La Sala Constitucional les dio el tiro de gracia por abusos y vicios en el procedimiento.
La complejidad de los temas tributarios, el carácter polémico de estos proyectos y la oposición de algunos sectores llevan a los diputados, especialmente a quienes presiden las comisiones, a cometer errores en el trámite. Sobre estas afirmaciones coincidieron exlegisladores y magistrados consultados por EF.
Los temas de siempre
Todas las reformas fiscales presentadas por los gobiernos desde 2004 llevan un fuerte componente de aumentos tributarios, sobre todo ajustes para pasar al IVA y para encaminar la renta hacia un sistema mundial o global.
Así como en 2004 hubo oposición por el gravamen del IVA a los libros y deseos de minimizar el impacto de los tributos para las empresas, en la actualidad persiste el fondo de las quejas, aunque la forma cambia.
En 2018, algunos diputados piden que no se aplique una tarifa del 2% para los productos de la canasta básica. Este es uno de los puntos que despierta más pasiones encontradas en el Congreso, sobre todo del bloque de los 14 diputados de Restauración Nacional. El Gobierno todavía se mantiene firme en este punto.
Pero hace 14 años el ajedrez era el mismo, solo que con otras piezas. El bloque de los 25 legisladores que condicionó la aprobación de la reforma fiscal de Pacheco estaba conformado por 15 congresistas del PLN, cinco del PAC, tres del Bloque Patriótico (BP) -conformado por disidentes rojiamarillos-, Carlos Avendaño, en ese entonces del Partido Renovación Costarricense (PRC), y el independiente José Francisco Salas.
Durante la gestión de Laura Chinchilla se presentaron tres versiones diferentes del llamado Plan de Solidaridad Tributaria. En esa época el tema álgido fue la tasa del IVA que se aplicaría a los servicios privados de educación y salud.
En la primera versión del plan fiscal de Chinchilla se imponía una tarifa del 14% del tributo a escuelas, colegios y servicios médicos privados. El PAC, liderado por Ottón Solís, se opuso firmemente bajo el argumento de que este porcentaje golpearía a la clase media.
El segundo intento vino con una tasa del 10% del IVA para salud y educación, nuevamente Acción Ciudadana la rechazó.
Finalmente, Chinchilla y Solís lograron un acuerdo para enviar al Congreso una tercera y última versión del plan fiscal, esta vez con un IVA del 2% para educación y salud. A petición del PAC se incluyó una propuesta para crear la renta mundial y global en el país.
Mientras esta discusión se desarrollaba entre Cuesta de Moras y Zapote, el déficit fiscal aumentaba del 4,3% de la riqueza nacional en 2012 al 5,4% en 2013.
Cadena de errores
Chinchilla clamaba a los diputados por una reforma fiscal que le permitiera aumentar los ingresos tributarios principalmente por la vía del impuesto de ventas.
El 14 de marzo del 2012, el acuerdo con Solís permitió aprobar el Plan de Solidaridad Tributaria, pese a que el proyecto de ley no gozaba de la simpatía de al menos seis de los 11 diputados del PAC. Tampoco tenía el apoyo del PUSC, ni de José María Villalta, del Frente Amplio.
La Sala Constitucional se pronunció el 11 de abril del 2012. El plan fiscal impulsado por Chinchilla y Solís fue suspendido por vicios en el trámite legislativo, debido a que el presidente de la comisión que tramitó el expediente, aprobó una reforma al procedimiento de vía rápida -208 Bis- sin que el plenario lo avalara.
Durante la segunda administración Arias Sánchez (2006-2010) ni siquiera se alinearon las fuerzas políticas para que los cinco proyectos de ley que componían el paquete de plan fiscal llegaran a discutirse en el Congreso.
Los reflectores se centraron en la aprobación y ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, a esto se sumó que en 2007 y 2008 se registró un superávit en las finanzas públicas, situación que le bajó el tono de urgencia a la necesidad de un ajuste tributario.
Luis Guillermo Solís optó por postergar la discusión para después de su segundo año de gobierno, pero una vez sentado en Zapote se dio cuenta de la gravedad del asunto. Sin reforma fiscal el país se enrumba a una crisis económica.
Las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) constantemente equiparan la coyuntura financiera de Costa Rica con la crisis que vivió el país en la década de los 80 cuando el déficit fiscal superó el 9% del PIB.
Ahora Carlos Alvarado y su gobierno apuntan todas las baterías con un solo objetivo: aprobar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. De nuevo, el proyecto ha sufrido tantos cambios que quizás no generará los ingresos necesarios para reducir el déficit en el corto plazo, pero el primer paso es ampliar las fuentes de ingresos con el IVA y la renta global.
Cuando la reforma fiscal se embarra de intereses, la experiencia demuestra que el resultado se resume en 14 años de fracasos, mientras el déficit continúa creciendo.
¿Lo logrará el nuevo Gobierno?
