EscucharLa captura de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, colocó al Gobierno frente a un escenario incómodo. El operativo permitió detener al hombre más buscado del país después de una década en fuga, pero también representó un éxito para las autoridades judiciales con las que mantiene un enfrentamiento cada vez más intenso y que suele tachar de ineficientes.
La primera reacción fue de reconocimiento. La presidenta Laura Fernández felicitó públicamente al OIJ, agradeció el trabajo de los implicados y aseguró que “lo que se hace bien hay que reconocerlo”. Sin embargo, esa posición cambió en cuestión de pocas horas.
En los días siguientes, el Gobierno pasó de celebrar el operativo a cuestionar varias actuaciones del Poder Judicial y, conforme esas dudas recibieron respuesta, la controversia dio un giro adicional: el fiscal general, Carlo Díaz, empezó a dirigir nuevos cuestionamientos al propio Poder Ejecutivo.
Cambio abrupto
La misma mañana de la captura, el 24 de julio, la presidenta Laura Fernández dijo estar “muy contenta” por la operación, felicitó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y expresó su “agradecimiento en nombre de todo el pueblo de Costa Rica”.
Apenas horas después, tanto Fernández como el expresidente Chaves comenzaron a insinuar que la captura pudo haber sido “una chiripa” —un hecho fortuito— y a cuestionar públicamente la actuación del sistema judicial tras el arresto.
El fiscal general Carlo Díaz respondió que el operativo respondió a un trabajo de inteligencia que confirmó la presencia del presunto líder narco en el sitio intervenido. Según el OIJ, la operación implicó un enfrentamiento armado que se prolongó por una hora y que dejó a ocho oficiales heridos.
En un comunicado posterior, el Ministerio Público defendió la captura como el producto de un trabajo “hermético, conjunto y coordinado” y pidió que el esfuerzo no fuera “empañado por afirmaciones irresponsables y carentes de fundamento”.
El cambio de discurso del Gobierno también se reflejó en la Asamblea Legislativa, donde la bancada oficialista rechazó una moción para felicitar al Poder Judicial y evitó sumarse a un aplauso público que sí otorgaron los otros congresistas.
Las dudas de la Presidencia
Dos días después de la captura de Diablo, el Gobierno empezó a plantar dudas sobre el operativo en el que también resultó detenido Jonathan Pérez, alias Tan, y se abatió a Roney Ríos, alias Coco Guácimo.
La presidenta Fernández cuestionó que la Fiscalía solicitara únicamente tres meses de prisión preventiva para Diablo; criticó el traslado del presunto narcotraficante desde La Reforma a las 8:00 a.m., a pesar de que su audiencia estaba prevista para la 1:30 p.m.; y reprochó que el Poder Judicial descartara realizar una audiencia virtual para evitar riesgos durante el desplazamiento.
“Hay más preguntas que respuestas”, aseguró ese 26 de julio en el Congreso, y luego sugirió por primera vez que los diputados deberían convocar a las autoridades judiciales para que rindan cuentas.
“¿Por qué el Poder Judicial insistió en que la audiencia fuera presencial?, ¿por qué poner en riesgo a los oficiales judiciales y a los costarricenses?“, añadió.
El expresidente Rodrigo Chaves, actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, también reforzó la misma línea.
“Hay enormes preguntas”, aseguró; luego se preguntó: “¿en dónde estuvo el criminal?“, ”¿con quién estaba hablando?“ y ”¿por qué no quisieron hacer la audiencia de manera virtual?“.
Chaves también criticó a la cúpula del Poder Judicial y aseguró que “lo único que ha hecho es olvidarse de los oficiales heridos, olvidarse de darle gracias a Dios por la suerte que tuvieron y llevar agua a su molino presupuestario”.
La respuesta judicial
Aunque los poderes de la República cuentan con mecanismos institucionales para intercambiar consultas o solicitar información formalmente, el Gobierno optó por plantear sus cuestionamientos en conferencias de prensa y declaraciones públicas; y la respuesta del Ministerio Público llegó por la misma vía el 27 de julio.
El Ministerio Público primero emitió un comunicado de prensa en el que expresó su “profundo rechazo y preocupación” por las declaraciones del Ejecutivo, al que acusó de “sembrar dudas sobre las actuaciones realizadas en el proceso judicial seguido contra un imputado de alta peligrosidad”.
Posteriormente, convocó a una conferencia de prensa extraordinaria para responder, uno por uno, los señalamientos.
El fiscal general, Carlo Díaz, explicó que el traslado presencial desde horas de la mañana obedeció a una reunión solicitada por la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), que pretendía comunicarle a Diablo el interés de Estados Unidos de solicitar su extradición. También aclaró que los tres meses de prisión preventiva correspondían al saldo pendiente de causas antiguas ya acusadas y que existían otros expedientes que permitirían solicitar nuevas medidas, de ser necesario.
Díaz sostuvo además que la reunión con la DEA no podía anunciarse con antelación porque eso habría expuesto a los agentes estadounidenses. “Para nosotros es preocupante este actuar del Poder Ejecutivo porque pone en riesgo a los oficiales de la DEA”, indicó.
En cuanto al traslado físico del detenido, señaló que se trata de un procedimiento habitual para imputados de alto perfil y recordó que recientemente también se aplicó en casos como los de Celso Gamboa, Pecho de Rata y Macho Coca.
Los cuestionamientos al Ejecutivo
Además de contestar las dudas planteadas por el Gobierno, la Fiscalía formuló nuevos cuestionamientos dirigidos al Poder Ejecutivo.
En conferencia de prensa, el fiscal general Carlo Díaz dijo ver “con extrañeza” que el Poder Ejecutivo reaccionara con “temor” y “especulaciones” frente al caso. Además, aseguró que le resultaba llamativa tanta inquietud por la posibilidad de que Diablo pudiese haber conversado con terceros.
“¿Por qué saltan cuando el terreno está parejo? (...) ¿Qué temen?, ¿cuál es la preocupación? De alguna manera me imagino que ellos sospecharon que el Diablo podía venir aquí a hablar con alguien“, comentó, y poco después añadió otra interrogante: “¿Será que tenían miedo de que Diablo hablara con la DEA?“.
El Ministerio Público también reprochó que se hubiera prestado “tan poca atención” a otra manifestación que consideró de mayor relevancia; la afirmación que hizo el propio Diablo de que habría recibido colaboración de policías del Ministerio de Seguridad Pública en los últimos años.
Díaz además calificó como “tediosos” los ataques “infundados” que, según dijo, se han dirigido al Poder Judicial desde la captura.
El Ejecutivo redobla sus críticas
Los nuevos cuestionamientos de la Fiscalía no modificaron el discurso del Ejecutivo. Consultados directamente sobre las declaraciones del fiscal, dos días más tarde, la presidenta Fernández y el expresidente Rodrigo Chaves no respondieron a las interrogantes y, en cambio, reiteraron sus críticas al Poder Judicial.
Fernández volvió a decir que tenía “dudas de ese operativo”; entre ellas, si realmente había fallecido Ríos Oconitrillo, pues su defunción todavía no aparecía inscrita en los sistemas de consulta del Registro Civil. “Que el muerto no estaba muerto, sino que andaba de parranda”, comentó.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aclaró posteriormente que las muertes violentas suelen tardar más en reflejarse en el Registro Civil debido a trámites que involucran a la Morgue Judicial, la Medicatura Forense y otras dependencias judiciales.
La presidenta también cuestionó que el exfiscal Christian Rodríguez asumiera la defensa de Diablo y que la esposa del abogado fuera jueza penal. Aunque afirmó que la jueza laboraba en Limón, el Poder Judicial aclaró que en realidad trabaja en Quepos.
Por último, Fernández instruyó a la fracción oficialista a convocar a la cúpula del sistema de justicia a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa para que explique su actuación en el caso. Chaves, por su parte, atribuyó las declaraciones de Díaz a una supuesta campaña para reelegirse en el cargo.
El último episodio del Ejecutivo ocurrió este 30 de julio, durante una gira de la presidenta a San Carlos. Allí insinuó que la recompensa de $500.000 que ofrecía Estados Unidos por Diablo pudo haber sido “un estímulo para hacer el trabajo que (las autoridades judiciales) tenían que hacer”. Sin embargo, el director del OIJ, Michael Soto, declaró a Diario Extra que ninguna persona proporcionó información externa para detener a Arias Monge, por lo que nadie sería señalado para recibir esa suma.
El fiscal general Carlo Díaz, por su parte, brindó entrevistas a medios internacionales, como la cadena CNN, en donde habló sobre la reciente “escalada” en la confrontación impulsada por el Gobierno contra el sistema de justicia y su percepción de que al Ejecutivo le molesta que el Ministerio Público “ejerza sus funciones”. La presidenta Fernández también fue invitada a participar en el mismo espacio, pero rechazó hacerlo.
Este 6 de agosto, además, cientos de personas se congregaron en la Plaza de la Democracia (San José) y otros puntos fuera de la capital, en manifestaciones en favor de la democracia y del Poder Judicial, que en las últimas semanas también ha recibido nuevos recortes presupuestarios por parte del Gobierno y fue acusado por el mismo Poder Ejecutivo de cometer un “golpe de Estado”, luego de una resolución de la Sala Constitucional que dejó sin efecto el bloqueo oficialista para nombrar a sus magistrados suplentes, que amenazaba con el cierre técnico del tribunal.
Lo que comenzó como una felicitación del Gobierno al OIJ por la captura del hombre más buscado terminó convirtiéndose, días después, en un nuevo episodio de confrontación con cuestionamientos cruzados.
