Durante buena parte de los últimos cuatro años, el conflicto promovido por los gobiernos chavistas contra el Poder Judicial se tradujo en ataques del Ejecutivo proseguidos por respuestas frías o muy medidas por parte de las autoridades de justicia. En las últimas semanas, sin embargo, el conflicto parece haber entrado en una etapa completamente distinta.
Como presidente, Rodrigo Chaves calificó a la Fiscalía como una institución capturada, encabezó una marcha contra el fiscal general Carlo Díaz, llegó a decir que “no respetaba” a la Sala Constitucional y presentó al sistema de justicia como uno de los principales obstáculos de su mandato.
Laura Fernández mantuvo esa misma línea. Anunció una “cirugía mayor” sobre el sistema judicial y lo calificó un “lastre” para el país.
El conflicto no es nuevo, pero en las últimas semanas sí crecieron su magnitud y sus consecuencias.
El bloqueo del partido de gobierno para nombrar a los nuevos magistrados suplentes de la Sala Constitucional, los recortes presupuestarios ordenados por el expresidente Chaves como nuevo ministro de Hacienda y la decisión del gobierno de calificar como un “golpe de Estado” una sentencia constitucional para garantizar su funcionamiento reflejan una confrontación que ya dejó de expresarse únicamente en palabras encendidas y que empieza a incidir sobre los aspectos más básicos del aparato de justicia.
A eso se suma un Poder Judicial que empieza a reaccionar con más fuerza frente a un Gobierno que tampoco recula.
De palabras a instituciones
El conflicto del chavismo con el Poder Judicial empezó a incidir sobre el funcionamiento del sistema de justicia hasta hace solo unos meses, cuando el oficialismo reconoció que quería bloquear la elección de magistrados suplentes para la Sala Constitucional.
Desde abril anterior, la entonces jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, reconoció públicamente que la bancada de gobierno no quería elegir magistrados suplentes para la Sala Constitucional y que prefería dejar ese trabajo a la nueva Asamblea Legislativa, donde el gobierno tendría una nueva mayoría para inclinar la balanza.
Tras las elecciones, sin embargo, la postura de no realizar los nombramientos continuó. Aun con la mayoría de 31 diputados, el oficialismo rechazó a todos los candidatos propuestos por la Corte Suprema de Justicia y devolvió en dos ocasiones la nómina completa de aspirantes, sin que se concretara un solo nombramiento.
La Sala Constitucional y el Poder Judicial advirtieron en múltiples ocasiones que la falta de suplentes ya impedía resolver más de 120 casos y que la situación podía paralizar por completo al tribunal si ocurría una incapacidad, una inhibición o la salida de un magistrado propietario. No obstante, ninguno de esos argumentos alteró la posición del oficialismo, que pedía un nuevo concurso, con nuevos candidatos, sin argumentos técnicos de peso.
Ese episodio ya había empezado a tensar de una forma especial las relaciones entre los poderes desde hacía meses, pero otra situación se sumó en julio.
El Ministerio de Hacienda anunció nuevos recortes presupuestarios para todas las instituciones en 2026 y 2027 que, según el Poder Judicial, pondrían en peligro sus funciones más básicas a partir del segundo semestre de este mismo año.
Según las autoridades judiciales, el Ejecutivo dejaría de girar el equivalente a un 42% del dinero institucional para rubros operativos contemplados hasta diciembre próximo y, como consecuencia, podría haber problemas para llevar adelante investigaciones, operativos, peritajes, juicios y otros servicios esenciales en cualquier momento.
Ruptura de tono judicial
La situación presupuestaria marcó un antes y un después en el tono de las autoridades judiciales que discutieron sobre los recortes presupuestarios en una sesión de la Corte Plena el pasado 20 de julio y luego convocaron a una conferencia de prensa en la que denunciaron públicamente estar sufriendo un “ahogo económico”.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, sostuvo que los recortes promovidos por el expresidente Chaves parecían tener un “carácter político”. La presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, afirmó que las acciones del Ejecutivo aparentaban estar “totalmente planeadas”. El magistrado Jorge Araya advirtió que las democracias ya no terminan con golpes de Estado, sino con “golpes presupuestarios”. Y el fiscal general, Carlo Díaz, aseguró que no veía un simple recorte financiero, sino un intento de “tomar el Poder Judicial”.
El cambio en el tono discursivo fue notorio y la misma Patricia Solano dijo en una entrevista con Teletica.com que la institución había “pecado en guardar silencio” frente a los ataques anteriores del gobierno.
Según dijo, en los últimos años prevaleció la idea de que los jueces debían mantenerse al margen de la confrontación política, pero —desde su óptica— esa actitud había terminado favoreciendo la narrativa del Ejecutivo sobre un sistema de justicia que “no hace” o que “no le interesa a la ciudadanía”.
Las autoridades judiciales anunciaron que acudirían a la vía judicial para impugnar los recortes presupuestarios y, finalmente, presentaron un recurso de revocatoria ante Hacienda el 28 de julio.
El fallo de la Sala
La reacción encendida del Poder Judicial fue inesperada, pero el Gobierno tampoco moderó su tono.
Al contrario, Rodrigo Chaves minimizó el impacto de las rebajas presupuestarias durante la última visita del Gobierno a Nicoya, en el marco de la celebración de la Anexión de Guanacaste. Además, atizó al público preguntándole si realmente le daba miedo que cerrara el sistema de justicia.
“¿Les da miedo la dictadura?, ¿les da miedo que cierre el Poder Judicial?“, preguntó a los seguidores de su proyecto político que, mayoritariamente, respondieron que “no”.
En medio de esos ánimos caldeados, la Sala Constitucional tomó una decisión para tumbar el bloqueo en la elección de magistrados suplentes que amenazaba su funcionamiento.
El 30 de julio, la Sala Constitucional resolvió un recurso de amparo presentado por un ciudadano que sobre la situación del propio tribunal y, por cuatro votos contra tres, resolvió ordenar a la Asamblea Legislativa que proceda con la selección de los nuevos jueces sustitutos y prorrogar los nombramientos que habían vencido en diciembre para garantizar el acceso a la justicia ante cualquier eventualidad.
La decisión destrabó decenas de expedientes y evitó un posible cierre técnico del tribunal que garantiza derechos básicos como el acceso a la salud o a los servicios básicos; pero también impidió que prosperara la pretensión del oficialismo de realizar un nuevo concurso para esas plazas.
La reacción no tardó en Casa Presidencial. La presidenta Fernández publicó un vídeo la mañana del 31 de julio en el que calificó el fallo como un “golpe de Estado judicial” de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa y, a su lado, la presidenta legislativa Yara Jiménez anunció que presentaría una querella por prevaricato contra los cuatro magistrados “usurpadores” que lo votaron (Fernando Cruz, Paul Rueda, Jorge Araya e Ingrid Hess).
Nogui Acosta, jefe de fracción del gobierno, fue un paso más allá en una entrevista televisiva. Consultado sobre si el oficialismo respetará las futuras sentencias dictadas por la Sala con la participación de los magistrados suplentes que serán reinstaurados temporalmente, el exministro dijo que “no tendría validez jurídica” ni “legitimidad“.
Los máximos representantes del oficialismo en el Gobierno y la Asamblea Legislativa finalmente acudieron a presentar su demanda contra los cuatro magistrados este 3 de agosto por la mañana, acompañados por decenas de simpatizantes chavistas. En el acto, la presidenta volvió a calificar a los jueces como “usurpadores”, mientras que Chaves llamó a sus seguidores a mantenerse “listos para cuando sea necesario”.
Avalancha de reacciones
En cuestión de horas, distintos actores salieron a defender públicamente la actuación de la Sala Constitucional y a rechazar que su resolución pudiera calificarse como un “golpe de Estado”.
El magistrado constitucional Jorge Araya, uno de los cuatro demandados por el oficialismo, aseguró en un vídeo dirigido a la ciudadanía que “las democracias no se defienden solas”. Además, sostuvo que el fallo pretende restablecer el orden constitucional en lugar de romperlo, como sugirió la presidenta Fernández.
La oposición también respaldó a la Sala Constitucional y criticó duramente al Ejecutivo.
“En una democracia, hacer cumplir la Constitución jamás puede ser considerado un golpe de Estado; es justamente lo que evita que ocurra uno“, señaló Álvaro Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Por su parte, José María Villalta, del Frente Amplio (FA), cuestionó que sea el Gobierno el que hable de un golpe de Estado, “cuando ellos son los que han intentado paralizar y sabotear al Poder Judicial“.
Varios expresidentes de la República también se manifestaron de manera similar. Miguel Ángel Rodríguez recordó por medio de sus redes sociales que “en Costa Rica el órgano con la competencia legal y constitucional para resolver los conflictos de competencia entre los poderes del Estado es la Sala Constitucional”, mientras que Laura Chinchilla calificó al Gobierno como “el único responsable de llevar al país a una crisis institucional de peligrosas dimensiones”.
La presidenta Fernández es politóloga graduada de la Universidad de Costa Rica, pero el propio Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas también salió al paso para rechazar que la resolución de la Sala Constitucional pudiera calificarse técnicamente como un golpe.
Al contrario, la institución declaró a La Nación que el fallo no reunía ninguno de los elementos que permite identificar ese tipo de fenómenos y advirtió que usar el concepto sin rigor técnico puede banalizar el concepto, erosionar la confianza institucional y profundizar la polarización.
Una nueva fase
Los episodios más recientes evidencian un conflicto que entra en una nueva fase y que nace de dos visiones profundamente distintas sobre el papel que debe desempeñar el sistema de justicia dentro del Estado costarricense.
Por un lado, el expresidente Rodrigo Chaves afirmó al cierre de su mandato que ya su movimiento político había logrado recuperar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y que ahora solo faltaba el Poder Judicial. Esa visión del sistema de justicia como algo que se podía controlar la externó en un evento con representantes evangélicos.
Por otro lado, diversos jerarcas de la administración de justicia ven con recelo las acciones del Poder Ejecutivo y el fiscal general Carlo Díaz incluso le atribuye tendencias “autoritarias”, que chocan con los controles judiciales y administrativos institucionales, según ha declarado en entrevistas con medios locales e internacionales.
Ni siquiera la captura de Alejando Arias Monge, alias Diablo, logró unir a ambas partes en las últimas semanas. Más bien, evidenció aún más la separación.
Tras el operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que permitió la captura del presunto narcotraficante más buscado del país, las autoridades judiciales reprocharon al Gobierno por continuar con sus recortes presupuestarios cuando se necesitan más recursos. En tanto, el Ejecutivo cuestionó a las autoridades judiciales por el hecho de que el detenido logró permanecer casi 10 años en fuga.
El Gobierno incluso cuestionó y sembró dudas sobre asuntos administrativos, como el hecho de que alias Diablo haya sido trasladado a la Fiscalía varias horas antes de su respectiva indagatoria. Al respecto, el fiscal general finalmente explicó que se había actuado de esa manera por solicitud de agentes de la DEA estadounidense y cuestionó que el Gobierno pudiera estar actuando con “miedo” por lo que pudiera decir el detenido.
El conflicto entre el Gobierno y el Poder Judicial no comenzó este año, pero sí cambió completamente su alcance. Sus dimensiones crecen y sus consecuencias, también.
