EscucharA pesar de que en el proceso electoral de 2022 participaron 25 partidos políticos de escala nacional y 11 de escala provincial, solo ocho agrupaciones políticas podrán acceder a alguna porción de los ¢19.791 millones de deuda política.
La Constitución Política establece en su artículo 96 que solo podrán acceder a la contribución estatal las agrupaciones que acumulen como mínimo un 4% de los votos válidos a escala nacional o provincial, o aquellas que logren la elección de al menos un diputado.
Los partidos políticos de escala nacional que recibirán acceso al dinero público en esta ocasión serán los mismos seis que estarán representados en la nueva conformación de la Asamblea Legislativa: Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Progreso Social Demócrata (PPSD), Nueva República (PNR), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA).
A ellos se sumarían dos partidos provinciales, con cifras mucho menores: Unión Guanacasteca (Guanacaste) y Recuperando Valores (Limón); los cuales no lograron diputaciones, pero sí superaron el umbral del 4% de los votos válidos en sus respectivas provincias.
La repartición del dinero electoral de 2022 incluye menos partidos que en los últimos cuatro comicios y evidencia los mismos problemas de los últimos cuatrienios. Sigue siendo un sistema problemático que no ofrece liquidez oportuna a las agrupaciones políticas sino que reembolsa gastos hechos mayoritariamente con dineros prestados y que las obliga a lidiar cada vez más con el financiamiento de entidades y personas privadas.
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La división
El TSE define los montos de la contribución estatal a través de una fórmula con la que establece el “costo” de cada voto.
Ese costo resulta de dividir el monto total de la contribución estatal entre todos y cada uno de los votos válidos obtenidos (para elecciones presidenciales y legislativas) por los partidos políticos que superan los umbrales antes mencionados.
Una vez obtenido ese resultado, se multiplica el costo de cada voto por todos los que haya obtenido cada partido, con lo cual se obtiene la proporción final para el pago.
El TSE no tiene todavía una declaratoria oficial de los resultados electorales del pasado 6 de febrero; sin embargo, ya brindó resultados provisionales con hasta un 88,2% de las juntas procesadas del proceso presidencial y porcentajes un tanto menores en el plano legislativo.
Con base en esos datos provisionales, el PLN recibiría alrededor de ¢5.999 millones, el PPSD unos ¢3.650 millones y el PNR unos ¢2.889 millones. El PUSC tendría acceso a cerca de ¢2.730 millones, el PLP a unos ¢2.478 millones y la porción del FA rodaría los ¢1.956 millones.
Los seis partidos con presencia legislativa para el período 2022-2026 se dejarían el grueso de los recursos estatales y el resto quedaría en manos de los partidos provinciales Unión Guanacasteca y Recuperando Valores. Ellos también podrían cobrar unos ¢45 millones y ¢44 millones, respectivamente.
La gran mayoría de esos dineros serían utilizados por los partidos para cobrar el reembolso de sus gastos e inversiones realizadas en la primera ronda; mientras que el PLN y el PPSD podrían emplear más recursos en el balotaje.
No obstante, primero se deberá descontar el porcentaje que establecen los estatutos de esas mismas agrupaciones para cubrir sus gastos no electorales, los cuales corresponden a porcentajes de la contribución estatal que el TSE debe retenerles antes de proceder al pago de gastos electorales.
Problemas de siempre
Si se analiza la eventual repartición de 2022, se puede afirmar que hasta 19 de los 25 partidos que participaron en los comicios a escala nacional y nueve de los 11 que participaron a escala provincial no podrán acceder a un solo centavo. Son 28 partidos que quedarían excluidos del reparto.
Muchos de esos partidos se vieron limitados para financiar sus campañas precisamente porque esperaban estos resultados o, en el peor de los casos, realizaron pagos con recursos de inversionistas que ahora no podrán honrar porque esperaban una mejor votación.
El Programa Estado de la Nación (PEN) describió este escenario como un problema irresuelto en el sistema de financiamiento electoral costarricense.
En su más reciente informe, el foro de investigación académica señaló que esto podría contrarrestarse con legislaciones que den mayor acceso a publicidad a las agrupaciones políticas a través de mecanismos como las “franjas electorales” en medios de comunicación; sin embargo, esta es una recomendación que ha sido ignorada por años en el ambiente político nacional.
Ronald Chacón, jefe del Departamento de Finanzas del TSE, considera que el modelo costarricense debería avanzar en esa dirección. Comentó que incluso parte de la contribución estatal podría utilizarse para sufragar los gastos que esas franjas impliquen, de modo que sea el mismo Tribunal el que financie un “piso mínimo” de exposición para todos los partidos.
Otro asunto que sigue pendiente de resolver es el acceso a financiamiento oportuno. Actualmente, los partidos políticos deben esperar los resultados electorales para determinar la cantidad de recursos estatales con la que pueden contar, y esto hace que deban buscar liquidez a través de convenios con entidades financieras e inversionistas privados, ante los bajos niveles de donaciones.
Para ello, las agrupaciones política utilizan la figura de los certificados de cesión (compromisos de pago de deuda pública con intereses y otros recargos), la cual es calificada como un mecanismo “perverso” por parte del TSE. La autoridad electoral alega que estos “bonos de deuda política” permiten a privados obtener altas rentas del dinero estatal y que someten a los partidos a una alta influencia de ellos.
Según sostiene el Tribunal desde inicios de siglo XXI, un mecanismo más oportuno de financiamiento directo del Estado a los partidos les permitiría gastar su dinero sin tener riesgos ni presiones de ningún tipo, más allá de la simple comprobación de sus gastos de manera oportuna.
Necesidad de cambio
Según Chacón, es una necesidad repensar el sistema de financiamiento electoral costarricense. “La contribución estatal debería llegar a las agrupaciones políticas a tiempo, porque no es lógico que no la reciban cuando más la requieren y tampoco es deseable que queden a expensas de posibles financistas privados”.
No obstante, este no es un criterio nuevo de las autoridades electorales. Varias propuestas en esa vía se han quedado estancadas en la Asamblea Legislativa desde inicios de este siglo XXI, ante la falta de anuencia para impulsarlas por parte de los partidos representados, que usualmente son los que más se benefician del modelo actual.
El PEN también ha encendido la alerta de que una mayor necesidad de endeudamiento de los partidos para obtener liquidez durante las campañas podría hacerles más susceptibles a caer en la ‘tentación’ de aceptar (consciente o inconsciente) capitales comprometidos.
La deuda política se fijó en ¢19.791 millones para este 2022. La Constitución Política establece que se debe otorgar un 0,19% del PIB para la contribución estatal; sin embargo, es usual en los últimos períodos que los diputados aprueben rebajas.
Hace cuatro años, el nuevo porcentaje se fijó en un 0,11% del PIB (¢25.030 millones entonces) y este 2022 llegó al mínimo histórico de 0,085% de la producción.
En el pasado, el TSE interpretó que también se debían girar recursos de la contribución estatal a partidos de escala nacional que no alcanzaban el 4% de los votos válidos generales (presidenciales y legislativos), pero que sí lo hacían en algunas de las provincias. Sin embargo, la entidad cambió de postura a partir de 2012.
Con ese viejo esquema (ahora obsoleto) también habrían recibido montos pequeños, este 2022, los partidos Nueva Generación (PNG), Restauración Nacional (PRN) y Alianza Demócrata Cristiana (PADC); pero no será el caso.
