La Asamblea Legislativa aprobó el lunes un informe de investigación que señala al presidente de la República, Rodrigo Chaves, como autor intelectual de una estructura de financiamiento paralelo durante la campaña electoral que le llevó a Zapote en 2022.
“Existen suficientes elementos para determinar que se operó al menos dos estructuras paralelas que financiaron la campaña presidencial del ahora presidente de la República”, dice el informe de mayoría aprobado por los diputados.
“El señor Rodrigo Chaves Robles fue actor intelectual, partícipe y tomador de decisiones en todos los alcances del Fideicomiso Costa Rica Próspera como una fuente ilegal de financiamiento de su campaña”, remata el texto en sus conclusiones.
El informe fue aprobado por 33 diputados y rechazado por otros 14. En contra votaron los legisladores oficialistas y los del Partido Nueva República (PNR), los cuales no solo han demostrado una mayor afinidad con el gobierno a lo largo del actual período constitucional, sino que además se distanciaron de señalamientos sobre presuntas irregularidades relacionadas con bonos de la campaña de su excandidato Fabricio Alvarado (actual líder de su fracción).
El informe se elaboró después de año y cuatro meses de investigación, marcados por diversas comparecencias en el Congreso. En ellas participaron múltiples personas implicadas en los actos presuntamente irregulares, así como autoridades encargadas de la supervisión.
El Fideicomiso Costa Rica Próspera habría sido una estructura que captó recursos de fuentes privadas para impulsar la candidatura del presidente Rodrigo Chaves, sin pasar por los controles del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). También habría recibido recursos de personas jurídicas, lo cual es prohibido por la legislación electoral.
Este caso también es investigado por las autoridades judiciales desde marzo de 2022, cuando Chaves ni siquiera había resultado electo como mandatario en segunda ronda.
Durante la votación del informe también se ausentaron 10 legisladores. Entre ellos estuvo casi la mitad de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), una agrupación que no ha participado formalmente en el gobierno del presidente Chaves, pero de la cual sí han salido varias figuras para ocupar cargos a nombre del Poder Ejecutivo. Uno de los casos más llamativos es el del exdiputado y exprecandidato presidencial Erwen Masís; quien asumió la representación ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Este hecho provocó la suspensión de la militancia de Masís en el partido, según el presidente de la Unidad, Juan Carlos Hidalgo.
Múltiples gastos y múltiples implicados
Según concluyeron los diputados, la presunta estructura paralela de financiamiento habría servido para múltiples propósitos; entre ellos, el pago a trabajadores de un call center, el alquiler de una casa de campaña, viáticos, material audiovisual y servicios profesionales. Se citan facturas para el pago de material audiovisual por $310.666 y ¢35,7 millones, según el informe IDI-DFPP-001-2021 del TSE.
También, según las pesquisas de los legisladores, el financista Jack Loeb Casanova habría girado montos adicionales por cuenta propia a la campaña de Chaves, fuera de los medios de regulación oficiales, incluido un pago de casi $50.000 a la empresa Madisson Revolution usados para “pautar en los canales de televisión 6 y 7″, entre otros fines, según datos aportados por la propia compañía.
El informe no solo salpica al presidente Chaves. También al actual canciller Arnoldo André Tinoco, quien fue administrador del fideicomiso como presidente de la fiduciaria ATA Trust Company S.A; así como al vicepresidente Stephan Brunner. Además se señala a los actuales diputados Manuel Morales Díaz y Paola Nájera Abarca por, supuestamente, haber recibido recursos provenientes de ella.
También a personas ligadas con el fideicomiso privado, como Adrián Torrealba, Calixto Chaves, Bernal Jiménez, Jack Loeb, Damaris Robles, Roberto Batalla, Luis Diego Soto, Helen Valerie Loeb y José Antonio Yock, quienes también son citados textualmente como parte de las personas de las que se debe investigar judicialmente si “han recibido alguna ventaja indebida directa o indirecta del actual gobierno”.
Para llegar a sus conclusiones, los diputados se basaron en información recabada de audiencias, informaciones de la prensa, documentos oficiales y hallazgos del propio TSE.
El informe también cuestiona que la campaña de Chaves supuestamente habría colocado bonos para un hombre llamado Sheng Lin Hu, como una forma velada de aceptar fondos de personas extranjeras, lo cual es prohibido por ley. Según señalaron los congresistas, se habría utilizado a esta persona (costarricense) para acceder a recursos de sus padres Zufan Lin y Weien Hu.
Por último, señaló el informe, “se determinaron gastos ordinarios en la campaña del partido Progreso Social Democrático como alimentación y publicidad, que se cancelaban con bonos, desnaturalizando esta figura de financiamiento”. Específicamente, se mencionaron los casos de “el pago de 25.000 almuerzos al señor Fengliang Zheng Zheng y el pago de Alejandro Brokke Álvarez, que brindó servicios de comunicación para la campaña del señor Rodrigo Chaves Robles,”.
Pilar Cisneros, la jefa del oficialismo, le bajó el tono a la investigación del Congreso y la tachó de espectáculo político. Según dijo, el fideicomiso y la campaña electoral no coincidieron, pues la candidatura de Rodrigo Chaves se habría oficializado hasta el 18 de septiembre de 2021 y, “antes de la ratificación (de un candidato presidencial), no rige ni prohibición ni regulación alguna respecto de las contribuciones privadas”, según resolciones del TSE.
Otras investigaciones
Además del caso de la campaña del presidente Chaves, el informe cita otros dos casos que acapararon la atención durante la contienda política de 2022.
Uno de ellos fue el caso del vídeo popularmente conocido como “Salto al Vacío”, el cual fue elaborado para la campaña del Partido Liberación Nacional (PLN) y que comparaba votar por Rodrigo Chaves con un salto a la nada. Según el informe, se trató de una donación no reportada al TSE.
“El video “el salto al vació” no fue reportado al Tribunal Supremo de Elecciones como donación en especie o similar”, cita el documento. “Constituye una acción que en apariencia no se adecua al ordenamiento jurídico, siendo materia que debe ser atendida por el TSE”.
El otro caso fue el financiamiento de ¢300 millones que dio el dueño de Pedregal, Rafael Ángel Zamora, a la campaña de Nueva República. Según el informe, se determinó la posible utilización de una doble garantía (bonos electorales y pagaré) en dicho crédito, “violentando el artículo 128 del Código Electoral y pudiendo configurar los delitos previstos en el artículo 276 del mismo cuerpo normativo”.
“Se recomienda al Ministerio Público ampliar la investigación del posible delito de Fraude de Ley en el préstamo”, añadió.
Ahora todas las actas certificadas de la comisión que investigó el caso serán remitidas al TSE y al Ministerio Público. Esta fue una de las disposiciones aprobadas con el informe final; junto con otras recomendaciones, como levantar el secreto bancario del presidente Chaves y otras personas mencionadas en el reporte, “con el fin de verificar los movimientos financieros en favor de la campaña electoral 2022 que no se encuentran reportados dentro al TSE y confirmar los hechos aquí expuestos”.
Los informes de investigación de la Asamblea Legislativa, sus valoraciones y sus recomendaciones pueden o no ser acogidos por las autoridades a las que hacen alusión, como el Ministerio Público o el TSE, en este caso. En ese sentido, tienen un carácter principalmente político. Sin embargo, las declaraciones en audiencias legislativas se hacen bajo juramento, por lo que sus transcripciones pueden configurar prueba para el desarrollo de investigaciones penales o administrativas que se hagan sobre los temas a los cuales atañen.
