Escuchar
Dos proyectos de ley para legalizar el cannabis en Costa Rica, que proponen modelos distintos de explotación del mercado, compiten por la aprobación de la Asamblea Legislativa.
La propuesta Ley para la Regulación y Control del Cannabis: Nuevos Mercados para el Desarrollo (expediente 22.482) del Partido Acción Ciudadana (PAC) llegó cinco meses después de que la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa dictaminara positivamente el proyecto para el uso medicinal y del cáñamo para uso industrial, presentado por la diputada independiente Zoila Volio.
El texto de la misma bancada oficialista va más allá, pues propone un uso más amplio del cannabis: desde el medicinal, el cáñamo hasta el autocultivo para consumo personal.
Según el objetivo de la ley, se pretende crear “un marco regulatorio para el cultivo, producción, almacenamiento, transformación, industrialización, transporte, comercialización y uso del cannabis y sus derivados en adultos”, con el fin de dar origen a una nueva actividad productiva lícita.
“La intención es reconocer que existe un mercado basado en cannabis para diferentes usos, pero se encuentra hoy en la informalidad y la irregularidad. Nuestra intención es formalizar el mercado para todos sus usos: medicinal, industrial y recreativo”, aseguró Enrique Sánchez, diputado del PAC y uno de los principales impulsores de la iniciativa.
No obstante, aún no está claro cuál será la posición del Gobierno en torno al proyecto.
Dos propuestas
Si bien tanto la propuesta de los diputados oficialistas como la de la legisladora Volio pretenden regular el cannabis, sus alcances y la forma de implementación difieren.
El fin principal del proyecto del PAC es regular y controlar el uso del cannabis en Costa Rica, lo cual, según sus proponentes, tendría tres efectos principales: crecimiento económico, más empleos formales y más recaudación tributaria.
Para esto último, en el artículo 27 se propone crear un impuesto específico al consumo de productos finales con cannabis y sus derivados, ya sea de producción nacional o importados, cuya tasa sería del 30% sobre el valor de venta del producto al consumidor final.
En el caso del proyecto de la diputada Volio, se establecía un impuesto del 1% a las utilidades netas de las empresas con actividades para el cannabis medicinal.
El proyecto del PAC no entra en detalles en cada uno de los usos, sino que habla, más bien, de los usos autorizados: producción, industrialización, comercio, importación y exportación.
Para ello, se propone crear dos licencias de seis años, renovables por períodos iguales: una de producción, a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y otra de industrialización y comercio, que le correspondería al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
La exportación e importación la podría realizar cualquier persona física o jurídica que cuente con alguna de las dos licencias y que esté inscrita ante la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) o la Dirección General de Aduanas, respectivamente.
Por su parte, el texto de Volio no incluía licencia especial para el cáñamo, pero sí para el cannabis medicinal, otorgada por el MAG para el cultivo y por el Ministerio de Salud para la industrialización tanto para laboratorios como pequeñas industrias.
En ambas propuestas de ley, se determinó que el Poder Ejecutivo sería el encargado de establecer el costo de las licencias.
Los legisladores del PAC limitan la licencia de cultivo a solo los pequeños y medianos productores agropecuarios inscritos ante el MAG, mientras que la licencia para industrialización y comercio estaría habilitada para las micro, pequeñas y medianas empresas inscritas ante el MEIC.
El punto de discordia
Hasta este punto ambas iniciativas evidencian algunas diferencias, pero tal vez la más contundente gira en torno al autoconsumo. El proyecto del PAC propone liberalizarlo, mientras el texto de Volio no lo menciona.
De hecho, la legisladora defendió en su momento que no se contemplaba el uso recreativo como un argumento a favor, con la esperanza de darle más viabilidad política a su propuesta.
En el artículo 9 de la iniciativa del PAC se autoriza, sin necesidad de licencia, la plantación, el cultivo y la cosecha doméstica de cannabis de efecto psicoactivo destinado para consumo personal o del hogar.
El límite sería de seis plantas en total, siempre y cuando la recolección de toda la plantación no supere un máximo de 480 gramos anuales.
Para Sánchez, se trata de una oportunidad que, en su opinión, la propuesta de Volio no aprovechaba.
“Si bien apoyamos el proyecto de la diputada Volio, creemos que hay una parte del mercado que no se está tocando ahí, particularmente el recreativo, que también tiene que entrar en la regulación para que se tengan todos los efectos económicos, de salud y seguridad que se pretenden”, afirmó el legislador oficialista.
Según los últimos datos de Euromonitor International, proveedor de investigación de mercado, el valor de todo el mercado del cannabis en su conjunto (uso medicinal, uso recreativo y productos de solo CBD) se estimó en $27.728 millones al cierre del 2020, siendo el rubro de más peso el del cannabis de uso recreativo con $13.300 millones.
El texto del PAC menciona que Costa Rica podría alcanzar un nivel de ventas de ¢100.000 millones anuales, un 0,32% del PIB, suma que concluyen tras revisar una serie de escenarios de consumo y precio de venta.
La diputada Volio, por su parte, comentó que recibió “con sorpresa” la presentación de este proyecto y añadió que la viabilidad política para una idea así en esta legislatura es “cero”.
“El poder Ejecutivo, el presidente Alvarado, ni siquiera ha querido convocar mi proyecto del cáñamo industrial y del cannabis medicinal. Creo que esto más que todo es una pose política”, manifestó Volio.
Viabilidad política
La legalización del cannabis en Costa Rica ha sido un tema recurrente en los últimos años, pero el Ejecutivo y el Legislativo han fracasado en avanzar la discusión. Por el contrario, la Administración de Carlos Alvarado ha dejado claro en varias ocasiones su oposición a una apertura de la industria en el país.
En una reciente entrevista con el medio Ameliarueda.com, Alvarado dijo “no tener autorización” del pueblo que le dio su voto para legalizar el cannabis, algo que tuvo respuesta en Twitter por parte de la diputada oficialista Paola Vega, quien dejó ver que el Plan de Gobierno prevé un diálogo nacional sobre la regulación de algunas sustancias psicoactivas.
En sentido estricto si tendríamos autorización para dar este debate. El Plan de Gobierno prevé un diálogo nacional sobre la regulación de algunas sustancias psicoactivas y eso es lo que intentamos hacer en la Asamblea Legislativa. https://t.co/CJ8rmPkox9 pic.twitter.com/vB4Hjao6GR
— Paola Vega (@paolavegar) May 7, 2021
EF consultó al Ministerio de Salud su posición sobre el proyecto de la bancada oficialista, pero la institución contestó que darán su criterio cuando la Asamblea Legislativa lo solicite. Misma consulta se le hizo al Ministerio de Seguridad, pero al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.
No obstante, el ministro de Seguridad, Michael Soto, ha resaltado en varias oportunidades los esfuerzos del país por combatir el tráfico ilícito de marihuana, por lo que ha dicho que legalizar el cannabis constituye una serie de riesgos en materia de seguridad.
Por su parte, el diputado Sánchez sostuvo que se reunió con ambos ministerios y que espera construir la viabilidad a partir de “derribar tabúes y prejuicios” que existen sobre el tema.
“En Costa Rica no está prohibido el consumo de marihuana, pero si está penada la distribución y comercialización, lo cual es un incentivo para que una persona tenga que recurrir a vías ilegales para un consumo que es legal”, aseveró.
Asimismo, Sánchez consideró que en temas de salud la discusión está avanzada por la evidencia científica que existe, mientras que destacó medidas que respaldan la seguridad como la prohibición de ventas a menores o los mecanismos de trazabilidad para asegurar el origen lícito.
“Al regular la actividad, los riesgos de que menores de edad la consuman disminuyen”, menciona el texto.
El legislador comentó que se tomaron como referencias los esquemas de regulación de países como Uruguay, Canadá, México y de varios estados de Estados Unidos.
Desde la Coalición Costarricense del Cáñamo (CCC), consideran que la propuesta es mejorable y lamentaron que no se incluyera un apartado dedicado al cáñamo exclusivamente.
En opinión de Silvio Bonomelli, representante de la Coalición, es preferible abrir primero la industria del cáñamo y transitar, paulatinamente, al uso medicinal y al recreativo.
“Es importante tener dos carriles separados. El cáñamo no hay que legalizarlo, hay que desreglamentarlo completamente, como si fuese el maíz o el repollo”, expresó Bonomelli.
