Un 63% de la población —aproximadamente dos de cada tres costarricenses— percibe que la situación actual de la economía es “regular”, “mala” o “muy mala”.
Así se desprende de la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), publicada este 9 de septiembre.
La percepción de la ciudadanía choca con el discurso del expresidente Rodrigo Chaves y la nueva mandataria Laura Fernández, quienes sostienen que el chavismo ha consolidado una economía pujante o “jaguar”: el término que usó una división de Bank of America a inicios de 2024 para describir el dinamismo de algunas cifras macroeconómicas del país en aquel momento.
Un 35% de las personas encuestadas por el CIEP dicen ver esa economía “buena o muy buena”; sin embargo, los que ven un escenario “malo o muy malo” son más (43%) y en el intermedio queda una quinta parte de la población (20%) que califica el panorama como “regular”.
Además de la tensión por la situación económica, la encuesta del CIEP-UCR encontró visiones negativas por parte de la población sobre la seguridad y la educación. Un 66% de los costarricenses dice que la situación actual de seguridad es igual o peor que hace 12 meses (46%, peor); mientras que un 65% dice lo mismo de la educación (36%, peor).
Además, hasta un 54,7% de la población dice tener “poca” o “ninguna” confianza en que el gobierno solucione el principal problema del país.
El CIEP entrevistó a 994 personas mayores de 18 años, entre el 25 de agosto y el 1.° de septiembre, para realizar su último estudio. Dicha muestra implica un nivel de confianza del 95% y un margen de error de solo ±3,1 puntos porcentuales.
A pesar de la narrativa oficial sobre la pujanza económica, los datos macroeconómicos muestran una marcada dualidad que explica el desencuentro con la ciudadanía. Si bien la producción nacional mantiene una dinámica de crecimiento sostenido y la tasa de desempleo se ubica en el 7,0% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), este impulso se ha concentrado en los últimos años mayoritariamente en el régimen de zonas francas.
En contraposición, el régimen definitivo —del que depende la gran mayoría del mercado laboral costarricense— avanza a un ritmo sensiblemente más lento, lo que impide que la reactivación se traduzca en aumentos significativos del salario real o en una mejora tangible frente a un costo de la vida que continúa presionando el bolsillo de las familias.
