El proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se discute en la Asamblea Legislativa sufrió tres cambios drásticos el martes 3 de abril. Los diputados de la Comisión de Reforma Fiscal aprobaron una serie de mociones para modificar el impuesto de renta y limitar el pago de anualidades.
El expediente 20.580 está en fase de mociones en la comisión especial del Congreso, en este proceso se le harán cambios al texto para agregar o quitar propuestas. Esta iniciativa de ley se aprobará por vía rápida -procedimiento especial- en el plenario legislativo una vez que reciba el aval de la comisión.
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Este martes, Ottón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), logró convencer a la mayoría de los legisladores de la comisión, para aprobar una serie de cambios que finalmente se incluyeron en el texto.
Mientras esto ocurría en Cuesta de Moras; Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), publicó en su página de Facebook, un video para convocar a los grupos sindicales del país a un movimiento de protesta contra las acciones aprobadas en primera instancia por los congresistas.
Estos son los tres principales cambios que aprobaron los diputados de la Comisión de Reforma Fiscal.
Renta para salarios altos
Una de las mociones aprobadas creó dos nuevos tramos de renta para gravar con este impuesto a los salarios más altos que se pagan en el país.
La propuesta introduce un tramo del 20% que se cobraría a quienes ganen entre ¢2,1 millones y ¢4,2 millones, también se gravaran con un 25% las remuneraciones que superen el tope de los ¢4,2 millones.
Actualmente solo existen tres tramos de renta. Los salarios hasta ¢799.000 mensuales están exentos; los que oscilan entre ¢799.000 y ¢1,9 millones, pagan el 10% y los que superan el tope de ¢1,2 millones pagan el 15%.
Con el cambio aprobado en la comisión legislativa, esa tasa del 15% se mantendría para los sueldos que van de ¢1,2 millones a ¢2,1 millones.
El Gobierno había propuesto crear dos nuevos tramos de renta en la primera versión del plan fiscal que envió a la Asamblea Legislativa en 2014, pero luego las excluyó del actual proyecto en trámite.
El Ministerio de Hacienda estima que solo 58.800 personas reciben salarios superiores a los ¢2,1 millones cada mes, lo que representa el 3% de la población.
Limite a las anualidades
Otra de las mociones que recibió el respaldo de los diputados de la comisión es la que busca limitar el pago de anualidades para los trabajadores del sector público.
La propuesta permitiría que el pago adicional que reciben los trabajadores públicos por cada año laborado crezca solo un 1,94% del salario base. En la actualidad hay instituciones públicas que pagan a sus empleados hasta un 5% o más del salario base por cada año de labor.
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La iniciativa fue propuesta por Ottón Solís, quien además planteó que se aplique para los empleados públicos que ya trabajan en las entidades estatales y para quienes ingresen en el futuro.
Este tope al pago de las anualidades no se aplicaría para las instituciones que fijaron montos mayores del incentivo en sus convenciones colectivas.
Gravamen a cesantías
Otro de los cambios que introdujeron los diputados es un gravamen del 15% a las cesantías que sobrepasen los ocho años.
Esta es una propuesta vieja que había aparecido en la primera versión del plan fiscal que envió el Gobierno en 2014 al Congreso, pero luego fue eliminada por el Ejecutivo y no se incluyó en el texto que ingresó a la Asamblea Legislativa el 9 de noviembre del 2017.
De aprobarse la reforma fiscal con esta moción, se aplicará un cobro del 15% a las cesantías después de los ocho años.
Es decir, si un trabajador recibe una cesantía que le reconoce 20 años de servicio a una institución pública, el monto correspondiente a los primeros ocho años estará exento, pero se le descontarán el 15% por los restantes 12 años de trabajo.
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Los cambios recibieron el voto positivo de cinco de los ocho diputados que integran la Comisión de Reforma Fiscal.
El expediente que se tramita en la Asamblea Legislativa está conformado por cuatro componentes, dos orientados a aumentar los ingresos, y dos enfocados en generar disciplina fiscal y eficiencia en el gasto público.
El escenario fiscal se torna cada vez más complejo. El déficit financiero (ingresos menos gastos más intereses) llegará al 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB) este año y aumentará al 7,9% de la producción nacional al cierre del 2019, según estimaciones del Ministerio de Hacienda.
La reforma fiscal que se dirime en la Asamblea Legislativa generará apenas un 1,8% del PIB, una cifra bastante baja para lograr el equilibrio fiscal por la vía de los ingresos, por eso requiere de acciones para recortar y contener el gasto público.
