EscucharTras un largo, denso y convulso camino en la Asamblea Legislativa, finalmente los diputados aprobaron la tarde de este lunes la controvertida reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial, con una serie de ajustes importantes en las cuotas de aportes de los trabajadores y en el monto que recibirá cada jubilado.
Con 31 votos a favor, principalmente de legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Acción Ciudadana (PAC), y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el proyecto logró su aprobación en primer debate. En contra se pronunciaron siete congresistas del Frente Amplio, y la independiente, Carmen Quesada.
"Ha sido un largo camino para lograr una mayor sostenibilidad del régimen, que como todos sabíamos, tenía una deuda actuarial de más de ¢5 billones; y en segundo lugar, por haber logrado una mayor equidad en este régimen al haber eliminado las pensiones de lujo. Se le pone un tope de ¢4 millones a las pensiones, lo cual se va a lograr a través de una contribución solidaria que tendrán que hacer las personas que tienen una pensión mayor a ese monto", apuntó Sandra Piszk, diputada del PLN, quien es además la principal impulsora de la recién aprobada ley.
¿Qué cambia?
La nueva ley que todavía debe ser aprobada en segundo debate por el Congreso, establece un incremento en el aporte de los trabajadores al régimen de pensiones. Actualmente cada empleado judicial destina el 11% de su salario para el fondo, pero ese monto crecerá al 13%.
Otro de los cambios se dará en el monto de la pensión para los trabajadores del Poder Judicial. Actualmente reciben el 100% del promedio de su salario devengado en los últimos 24 meses de trabajo, pero con la ley se reduce al 82% del salario promedio recibido en los últimos 240 meses previos a la fecha de jubilación.
La normativa crea un tope para las pensiones altas –llamadas de lujo–, es decir, ninguna pensión podrá superar los ¢4 millones, y las que ya fueron aprobadas y superan ese monto, tendrán que pagar una contribución solidaria de forma escalonada que puede llegar hasta el 37% para las más onerosas.
La ley también aumenta la edad de pensión de 60 a 65 años para los funcionarios judiciales.
Los cambios buscan darle sostenibilidad al régimen de pensiones del Poder Judicial, ya que un estudio actuarial realizado este año por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica, reveló problemas de solvencia para las próximas décadas.
De hecho, el informe evidenció una deuda actuarial de ¢5,3 billones que se presentaría en su punto más crítico para el año 2051.
Mayor equidad
La reforma a las pensiones judiciales también buscan darle mayor equidad al sistema, ya que un quinto de los trabajadores del régimenconsume casi la mitad del gasto, según estimaciones a partir de datos dela Superintendencia de Pensiones.
Al 30 de junio deeste año, 27 de los 3.758 pensionados (0,72%) recibían pensiones mayoresa los ¢6,5 millones de colones por mes (4,03% del gasto).
La Superintendencia de Pensiones (Supen) señaló queexisten otros elementos que permiten dudar de qué tan equitativo es elsistema. Por ejemplo, a nivel internacional los fondos de pensiones nose basan en los años de servicio, sino a una edad de jubilaciónverdadera, pues conllevan costos muy altos.
De acuerdo con Supen, el problema radica en que casi ninguno de los afiliadoscapitaliza de forma individual lo necesario para el beneficio que lecorresponde, lo que deja una carga económica para las próximasgeneraciones.
La sombra de la huelga
Los gremios del Poder Judicial sostuvieron una histórica huelga de 13 días que culminó el pasado 31 de julio, en medio de un pulso político con los diputados que dictaminaron el proyecto de ley de reforma a las pensiones de esta institución.
Los trabajadores judiciales se oponían al texto aprobado por la Comisión Especial de Pensiones el 27 de julio, porque lo consideraban abusivo.
El proyecto, aprobado por mayoría entre los diputados en esa comisión, ajusta el sistemapara que los trabajadores tengan una pensión equivalente al 85% delsalario recibido en los últimos 20 años (en lugar de un 100% de dosaños).
También aumenta gradualmente el aporte obrero hasta un 15%, ysube la edad de retiro a 65 años (en lugar de 60 años). Dichos cambios finalmente quedaron plasmados en la ley aprobada este lunes.
La ley recién aprobada llega cuando la sombra de la huelga del Poder Judicial apenas se disipa.
