EscucharCambiar de opinión, abandonar una propuesta o incumplir una promesa no es excepcional en política. En cuestión de pocos días, sin embargo, el chavismo acumuló varios episodios de ese tipo y los enfrentó de una manera particular: cambió de posición, pero negando que se tratara de reconsideraciones y hasta culpando a sus opositores de que los virajes se vieran como tales.
El expresidente Rodrigo Chaves dejó atrás sus planes para aumentar el IVA de la canasta básica y terminó atribuyendo la discusión a “cuentos” y “mentiras” de la oposición. La presidenta Laura Fernández pasó de defender las pensiones de expresidentes a promover su eliminación, para evitar que sus adversarios hicieran un “festín” con su nombre. Y el trabajo privado del diputado oficialista José Miguel Villalobos confrontó al chavismo con una práctica que había cuestionado duramente hace pocos meses.
Las contradicciones no son una particularidad de este gobierno, pero sí la forma en que asume e integra esos episodios a su relato. Para el politólogo Rotsay Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica (OPNA-UCR), todo es consistente con la estrategia del chavismo, que combina populismo, posverdad y polarización. “El reconocer errores y rectificarlos no son principios de la lucha radical entre héroes y villanos”, explicó.
Las contradicciones
— Del IVA que se estudiaba a “nadie está trabajando en eso”
El primer viraje ocurrió con una de las propuestas tributarias más sensibles que ha hecho cualquier gobierno en los últimos años: eliminar la tarifa reducida del impuesto al valor agregado (IVA) sobre los bienes que integran la canasta básica tributaria.
El 6 de julio pasado, el expresidente Rodrigo Chaves reconoció que Hacienda estudiaba eliminar el beneficio que permite pagar un 1% en lugar del 13% general por los más de 200 productos en la lista de bienes esenciales. Entre otros argumentos, el nuevo ministro de Hacienda calificó como una “enorme injusticia” que los hogares de mayores ingresos disfruten del mismo tratamiento que los hogares más pobres.
Una semana después volvió a defender la idea con una de sus frases más recordadas. Dijo que el objetivo era cobrar una tarifa mayor a “los emperifollados”, como llamó a las personas de mayores recursos. Además, el 22 de julio aseguró en una entrevista con Telenoticias que Hacienda ya estaba “trabajando” en un mecanismo para proteger al 40% más pobre de la población y explicó que faltaba determinar qué hacer con el 20% de ingresos intermedios.
Dos semanas después, sin embargo, cambió totalmente su discurso.
Consultado en la conferencia de prensa de Casa Presidencial, el 5 de agosto pasado, aseguró que “nadie está trabajando en eso”, que calificó como una “necedad” que los periodistas le siguieran preguntando sobre el tema y atribuyó la discusión a “cuentos” y “mentiras” del “bloque obstruccionista comunista”, como ahora se refiere a la oposición.
El cambio de criterio del Gobierno ocurrió después de múltiples críticas políticas y sociales, incluso de la Iglesia Católica; a pesar de que la idea de aplicar un IVA diferenciados entre hogares ricos y pobres es defendida por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
— Siete días para cambiar de posición sobre pensiones de expresidentes
El segundo episodio ocurrió de forma casi simultánea y afectó una de las banderas históricas del chavismo: su oposición a las llamadas “pensiones de lujo”, aquellas en las que el beneficiario no cotizó lo suficiente para el monto que recibe o en las que el monto recibido supera el máximo establecido para la mayoría de la población.
El 5 de agosto, Fernández fue consultada por la decisión de diputados oficialistas de votar en contra de un proyecto que buscaba eliminar la pensión que reciben los expresidentes, la cual ronda los ¢4 millones y se otorga sin que hayan cotizado por ella. Ante esa pregunta, la mandataria justificó la existencia del beneficio y dijo que, más que una pensión, se trataba de un reconocimiento que permite a quienes ocuparon la Presidencia “continuar con un nivel de vida sostenible” ante las dificultades que enfrentan para reincorporarse laboralmente y por consideraciones de seguridad.
Siete días después sostuvo un argumento totalmente contrario.
En la siguiente conferencia de prensa de la Presidencia se dijo “absolutamente comprometida con la eliminación de las pensiones de los expresidentes” y ordenó presentar un nuevo proyecto para eliminar el beneficio, pese a que sus propios diputados acababan de votar contra otra iniciativa con ese objetivo.
La redacción del proyecto presentado por el Gobierno, sin embargo, podría resultar inconstitucional. En lugar de plantear límites para que los expresidentes que ya reciben el beneficio puedan seguirlo haciendo o de establecer contribuciones obligatorias (que funcionen como rebajos), el texto pretende eliminar las pensiones sin contemplar el artículo 34 de la Constitución, que impide aplicar leyes retroactivas en perjuicio de derechos patrimoniales adquiridos.
Al igual que Chaves con la canasta básica, la mandataria vinculó explícitamente su cambio de criterio con la disputa política.
“No quiero darle cabida a los diputados del bloque obstruccionista comunista para que traten de hacer, según ellos, un festín con mi buen nombre”, dijo, y luego añadió que nunca podrían acusarla de ser incoherente entre lo que dice y lo que hace.
— Dilema de diputados con oficio privado
El tercer caso tiene una diferencia importante: Fernández no cambió de criterio, pero el chavismo terminó enfrentándose a una conducta que había cuestionado cuando la protagonizaban sus adversarios.
En abril de 2024, cuando todavía era presidente, Rodrigo Chaves criticó que los diputados pudieran mantener actividades profesionales privadas mientras ejercían su cargo.
“En Costa Rica, lamentablemente, los diputados no tienen prohibición”, dijo entonces Chaves, y comparó esa situación con la de ministros y otros altos funcionarios que sí están impedidos de ejercer sus profesiones en el ámbito privado.
Chaves además cuestionó que los diputados trabajaran en labores privadas cuando ya cobran salarios de ¢4 millones mensuales.
El cuestionamiento más fuerte lo dirigió a la exdiputada Gloria Navas, a quien Chaves acusó de tener una “incompatibilidad absoluta de intereses” por su trabajo como abogada defensora y su condición de congresista. Meses después, incluso empezó a insultarla llamándola “narco abuela” y “defensora de los narcos”.
El dilema, sin embargo, terminó repitiéndose dentro del mismo chavismo.
José Miguel Villalobos, diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y abogado personal de Chaves antes de llegar al Congreso, prometió durante la campaña que abandonaría sus labores privadas si resultaba electo porque “es imposible conciliar el tiempo de litigar con el tiempo de estar en la Asamblea”. Pero tras llegar a la Asamblea no lo hizo.
Varios medios de comunicación incluso hicieron eco de que Villalobos no pudo asistir a la presentación de varios proyectos sobre seguridad que la presidenta Fernández lanzó a finales de julio en el Congreso por su trabajo de defensa en favor de un imputado en una causa por narcotráfico.
Ante esa situación, el jefe de fracción del gobierno, Nogui Acosta, justificó que trabajar como abogado es “una libertad que tiene él”, recordando que “es su trabajo y no tienen ninguna limitación para ejercerlo”.
Solo unos días más tarde, sin embargo, la presidenta Fernández tuvo que realizar una nueva corrección de discurso. Contrario a lo dicho por Acosta, respaldó un proyecto para impedir que los diputados ejerzan sus trabajos privados durante los cuatro años en el Congreso y sostuvo que “las personas deben entregarse a tiempo completo al servicio público”.
Finalmente, Villalobos anunció que dejará de ejercer como abogado —el único de los oficialistas que se desliga de otras actividades profesionales hasta ahora.
En este caso también había otro antecedente legislativo contradictorio para el chavismo. La bancada oficialista contribuyó en 2023 a archivar un proyecto del Frente Amplio que pretendía establecer, justamente, la prohibición para que los diputados ejercieran sus oficios privados durante los cuatro años de su período como congresistas.
Populismo, posverdad y polarización
El OPNA-UCR sostiene que el chavismo busca ejercer el poder con los menores controles y contrapesos institucionales posibles. Para eso, asegura, aplica una estrategia política basada en populismo, posverdad y polarización.
Rosales explicó que el populismo busca construir un mito, en el cual existen villanos (“los ticos con corona” o “el bloque obstruccionista populista”), un pueblo convertido en víctima (la población que no obtiene los resultados políticos que espera) y un héroe capaz de salvarlo y reconstruir una historia de injusticia (el chavismo).
La posverdad, por otra parte, le sirve para “enturbiar las aguas” y evitar cuestionamientos políticos complejos; mientras que la polarización completa el esquema, al construir un espacio de confrontación permanente, donde el chavismo pueda presentarse como el actor positivo o bueno.
Dentro de esa estrategia, según Rosales, las contradicciones no pueden presentarse como tales, sino integrarse a ese relato, como se ha visto en las últimas semanas.
El politólogo explicó que una contradicción normalmente debería conducir a una aclaración pública o a una corrección en condiciones normales. En cambio, dentro de una narrativa basada en una confrontación, reconocer un cambio de criterio resulta mucho más difícil.
Por eso, el chavismo sí cambia de criterio, pero lo niega aunque sea evidente.
Chaves no explicó que el Gobierno hubiera estudiado el aumento al IVA y que posteriormente haya decidido descartarlo. Después de hablar públicamente sobre esa idea, atribuyó la discusión a “cuentos” y “mentiras” de la oposición.
En tanto, Fernández tampoco presentó su nueva posición sobre las pensiones de expresidentes como una reconsideración, sino que la vinculó a la necesidad de impedir un “festín” con su nombre.
Para Rosales, las contradicciones pueden incluso contribuir a la estrategia chavista cuando alimentan la confusión ciudadana. “En tanto fortalezcan la posverdad, la duda, y enturbien las aguas para ya no saber qué es verdadero y qué no es cierto, en esa medida se fortalece el mito populista”, subrayó.
EF consultó a la Presidencia de la República sobre estos tres episodios y le preguntó si considera que existen contradicciones entre las posturas inicialmente expresadas y las finalmente adoptadas. Además, le consultó si considera esos virajes como rectificaciones normales propias del ejercicio del poder. No obstante, no se recibió respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.
¿Un problema o estrategia?
Los tres episodios no son idénticos. El Gobierno abandonó una propuesta tributaria después de defenderla durante semanas; Fernández sostuvo dos posiciones incompatibles sobre las pensiones de expresidente en apenas siete días; y el caso de Villalobos enfrentó al oficialismo con un estándar que había aplicado contra sus adversarios.
Todos los gobiernos rectifican políticas, incumplen promesas o enfrentan contradicciones entre el discurso y las necesidades prácticas de ejercer el poder. No obstante, el chavismo no sigue los mismos estándares comunicativos de siempre.
En 2020, por ejemplo, el expresidente Carlos Alvarado echó para atrás con una serie de iniciativas de impuestos, según dijo, después de “haber escuchado, leído y visto el sentimiento en el país”.
El chavismo, en cambio, evita cualquier discurso que implique aceptar un cambio. Modifique o no el respaldo que recibe de la gente —algo que solo se podrán medir posteriores estudios de opinión—, el chavismo sigue el mismo guion incluso cuando cambia de criterio.
Josué Alfaro
Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.
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