Los empresarios privados pidieron al Ministerio de Hacienda que conceda una prórroga de seis meses para aplicar las multas y sanciones relacionadas con los incumplimientos a la hora de depositar los datos en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF).

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) envió una carta, este miércoles 25 de setiembre, a Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, en la que solicitan postergar las multas por los atrasos que se generen durante el proceso de completar el registro de accionistas.

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El sector privado recordó al Gobierno que varias instituciones públicas involucradas en el manejo del registro y el resguardo de la información requirieron, en marzo del 2019, una prórroga de seis meses para concluir el proceso de certificación que exige la ley para garantizar la seguridad de los datos que entregan las diferentes personas jurídicas.

La misiva señala que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) consiguió la certificación el 21 de agosto, el Ministerio de Hacienda la obtuvo el 22 de agosto y el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 9 de agosto.

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“Esto provocó un ambiente de incertidumbre e inseguridad en las empresas, que en nada promovió obtener la firma digital en tiempo y empezar el proceso de registro. Prueba de lo anterior es que a la fecha hay una gran cantidad de representantes legales de empresas que no han gestionado su firma digital y en este momento, no hay capacidad instalada en los puestos autorizados por el Banco Central para tramitar en tiempo todas las solicitudes pendientes”, agrega el documento enviado a Hacienda.

El atraso de las entidades de Gobierno, justifican los empresarios, abre el espacio para que se le otorguen seis meses más al sector privado con el objetivo de que puedan prepararse bien y entender el paso a paso para completar el registro de accionistas.

“A finales de agosto el ICD y el Ministerio de Hacienda enviaron a la Unión de Cámaras las certificaciones que exige la ley, mientras tanto, muchos presidentes de las empresas no tramitaron su firma digital ante la incertidumbre e inseguridad jurídica. Cualquier persona que tenga una sociedad, por seguridad de la información relevante y sensible que se debía entregar, no estaba dispuesto a remitir dicha información sino existían esas certificaciones”, aclaró Álvaro Sáenz, vicepresidente de Uccaep, en un comunicado.

EF consultó la posición del Ministerio de Hacienda ante esta petición de los empresarios. En la Unidad de Comunicación Institucional indicaron que están tramitando la respuesta.

¿Cuáles son las sanciones y multas?

En caso de incumplimiento, la Dirección General de Tributación (DGT) puede imponer una multa del 2% de los ingresos que la persona o estructura jurídica hayan informado en la declaración del impuesto a las utilidades durante el año anterior a la infracción.

Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, la sanción económica oscilaría entre ¢1.338.600 y ¢44.620.000, de acuerdo a lo que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

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Además, existe una sanción impropia, lo que significa que se le congela la capacidad de actuar a la sociedad, por lo que esta no puede hacer ventas o sacar personerías, según Francisco Villalobos, socio director de ICS abogados.

El Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales es una plataforma digital que esta a cargo del BCCR. Esta institución lo habilitó en el portal web de Central Directo.

La información que suministren las personas jurídicas (sociedades anónimas, con responsabilidad limitada, en nombre colectivo, en comandita, extranjeras o civiles) permitirá crear una gran base de datos que revelará quiénes son los accionistas y beneficiarios finales que tienen participación sustantiva en las diferentes empresas que operan en el país.