EscucharRodrigo Chaves, de Progreso Social Democrático (PPSD), propone fortalecer el uso de cámaras y otros dispositivos electrónicos para controlar la delincuencia; mientras que José María Figueres, de Liberación Nacional (PLN), plantea una reorganización de las instituciones policiales del país, incluida una transformación de la actual Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
Esas son solo dos de las propuestas que realizan los candidatos que se disputarán la Presidencia de la República en segunda ronda, este 3 de abril, para atender los problemas de seguridad ciudadana y de narcotráfico que aquejan al país.
Costa Rica contabilizó 588 homicidios en 2021, 18 más que en el año inmediatamente anterior y la cifra más alta desde 2017, cuando se registraron 604 casos (cifra récord en los registros históricos), según los registros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Las causas incluyeron acciones de crimen organizado, femicidios y ataques a turistas, entre otras.
Asimismo, el Ministerio de Seguridad informó de que desarticularon 155 organizaciones dedicadas al narcotráfico el año pasado, de las cuales 35 realizaban actividades internacionales y dos de ellas traficaban cocaína, a través de contenedores, hasta suelo europeo.
EF revisó los planes de gobierno de Chaves y de Figures para determinar cuáles son sus principales propuestas en materia de seguridad ciudadana.
Las propuestas de Chaves
Rodrigo Chaves plantea en su plan de gobierno que el país debería incrementar su uso de tecnologías para atacar la delincuencia. Entre ellas, su plan de gobierno señala que se podría trabajar en la instalación y operación de cámaras, “en su mayoría operadas por la municipalidad respectiva, en convenio de cooperación con la Fuerza Pública, la Policía de Tránsito y otros cuerpos policiales”.
“Es necesario definir estándares de calidad y de interconexión y protocolos de mantenimiento”, dice el texto, “para que los sistemas de cámaras constituyan no solo en una herramienta efectiva en la prevención del delito, sino también como insumo en la represión de ciertas conductas delictivas”.
En materia directa de narcotráfico, Chaves subraya en su plan de gobierno que se debe poner a operar más escáneres en las fronteras terrestres y aéreas. En declaraciones al programa televisivo 7 Días, de Teletica, el candidato aseguró que “una tapia de escáneres” permitiría cercar al país y “matar el negocio de la exportación” de drogas.
El plan firmado por Chaves también señala la necesidad de estrechar la cooperación entre las mismas fuerzas policiales (estatales y municipales) y con el sector privado. Según dicta, “los equipos y servicios de monitoreo de alarmas, tótems tecnológicos con botones de pánico, cámaras y respuesta armada oficial que han implementado algunos municipios han demostrado ser muy efectivos”.
Todas estas afirmaciones se desprenden de la última versión del plan de gobierno de Rodrigo Chaves, suministrada por su equipo de comunicación, el 14 de marzo pasado. Inicialmente el PPSD entregó un plan de gobierno de 24 páginas al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y luego lo actualizó, para dejarlo en 121.
LEA MÁS: Figueres se enfrenta a un doble techo para crecer en segunda ronda: su imagen y la de su partido
Otro punto que el PPSD menciona en su plan es el impulso de mejoras en los canales de denuncia, aunque no ahonda mucho en ello. Señala que “es preciso garantizar la seguridad y las facilidades para que las personas efectúen las respectivas denuncias sin lidiar con complicados trámites y sin temor a las represalias”.
Mejores mecanismos de denuncia también son un factor que menciona el Partido Progreso para atacar la corrupción. Sobre este punto, indica que en un gobierno suyo se crearía un sistema similar al de Estados Unidos, de protección para denunciantes de irregularidades en el sector público y en el privado, el cual “incluso contempla compensación”.
El PPSD también redactó en su plan que le parece imperativo “contabilizar con datos objetivos la relación pobreza-criminalidad”, y que se debe crear un plan de atención institucional en el que se vinculen las instancias sociales y de salud de gobierno.
En materia penitenciaria, propone vincular al sector privado con el privado de libertad para “alinear sus capacidades” y reasignar personal a revisar el cumplimiento de uso de tobilleras y otras ejecuciones alternativas de la pena, entre otros señalamientos.
Las propuestas de Figueres
Figueres, por otra parte, dice en su programa de gobierno que perseguiría una reestructuración institucional completa.
Menciona que en un segundo gobierno suyo transformaría la DIS en una nueva Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), para dotar a la Fuerza Pública de inteligencia policial efectiva, oportuna y confiable, y elevar sus capacidades.
El expresidente también plantea unificar a las instituciones de seguridad bajo la sombrilla del Poder Ejecutivo en un solo ministerio de Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad (Ministerio del Interior); así como poner en operación un sistema de seguridad nacional (SSN) que también incluya a representantes del Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, municipios y la sociedad civil organizada para planificar mejor los esfuerzos de todos ellos.
Según dicta el plan liberacionista, esto permitiría “acabar con la dispersión, la desarticulación y la ausencia de liderazgos policiales efectivos”.
En el plano legal, la propuesta del exmandatario señala el impulso de una “efectiva Ley de Extinción de Dominio”, la cual aplicaría “exclusivamente para casos agravados de narcotráfico”. “Este instrumento legal”, dice el documento de gobierno, “es absolutamente necesario como un factor represivo, disuasivo y sancionatorio”.
Una afirmación polémica del plan de gobierno liberacionista es la intención de “flexibilizar los trámites para el registro de personas y de armamento”, y la concepción de la portación de armas “como una manera de prevenir la violencia y de proteger legítimamente la vida humana y los bienes personales”.
Esas palabras abrieron un intenso debate a finales de 2021 y Figueres finalmente dijo, a través de un un vídeo publicado a través de sus redes sociales, que su idea no es facilitar o ampliar el derecho de portación de armas, sino velar para una actuación más eficiente con los controles actuales.
El plan de Figueres también señala en su documento la intención de frenar la corrupción entre las policías, a través de medidas como la aplicación de pruebas de polígrafo a oficiales y subalternos.
Al igual que Chaves, Figueres también ha manifestado en múltiples entrevistas la necesidad de implementar tecnología de radares y de escáneres para controlar las entradas y salidas de productos del país, como una forma de frenar el paso de drogas por suelo costarricense.
Asimismo, indicó que impulsaría una reforma constitucional para poder extraditar a costarricenses vinculados con el narcotráfico, lo cual actualmente está prohibido de manera indirecta por el artículo 32 de la carta magna.
¿Recursos?
Tanto Figueres como Chaves coinciden en la necesidad de otorgar más herramientas a las fuerzas policiales del país. Por ejemplo, Figueres menciona que se debe mejorar la escala salarial de los efectivos e inyectar recursos para la mejora de sus condiciones de trabajo; mientras que Chaves señala que se deberían mejorar las condiciones salariales y el estado de las delegaciones policiales.
Quienquiera que ingrese a Casa Presidencial a partir de mayo, sin embargo, no lo tendrá tan fácil.
El nuevo Poder Ejecutivo enfrentará los aprietos fiscales del país y los límites de la regla fiscal, creada para contener la deuda pública en momentos de estrechez financiera. Estos impiden a la administración pública ir mucho más allá de los presupuestos actuales.
Para 2022, el presupuesto aprobado para el Ministerio de Seguridad es de ¢270.000 millones y el de Justicia es de ¢200.000 millones. Estas cifras son casi idénticas a las aprobadas hasta agosto de 2021, y representan en conjunto apenas un 4% del Presupuesto Nacional y un 1,2% del PIB.
Un punto a favor que sí tendrá el nuevo gobierno es la inversión en marcha de $100 millones de un empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción de ocho centros cívicos por la paz, la edificación de 35 nuevas delegaciones policiales, la actualización técnica de oficiales y la implementación de nuevas plataformas tecnológicas, entre otros objetivos, que dejará en curso la actual administración.
Esos recursos ya se incluyeron presupuestariamente en 2021 y serán ejecutados por los ministerios de Justicia y Paz y de Seguridad.
