La presidenta Laura Fernández cerró los primeros 100 días de su gobierno con una valoración positiva de un 64% de la población, según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), publicada el 9 de septiembre.
El porcentaje —aunque corresponde a dos terceras partes de la población— es 15 puntos porcentuales menor que el de Rodrigo Chaves, su predecesor y actual ministro de Hacienda y la Presidencia.
El CIEP dice ver “continuidad respecto al cierre de la administración anterior”. De hecho, Chaves cerró su cuatrienio con el mismo nivel de apoyo (64%) y un rechazo del 21% que, en el caso de Fernández, subió al 25%.
Para llegar a estos resultados, el CIEP entrevistó a 994 personas mayores de 18 años entre el 25 de agosto y el 1.° de septiembre. Dicha muestra implica un nivel de confianza del 95% para el estudio, así como un margen de error de ±3,1 puntos porcentuales.
Fernández deberá maniobrar con una población que, en su mayoría, tiene una percepción negativa con la situación educativa, económica y de seguridad ciudadana.
Un 36% dice que la educación ha empeorado en los últimos 12 meses y un 29% no ve mayor cambio. En el caso de la seguridad, un 46% asegura ver un retroceso, mientras que un 20% dice ver un estancamiento.
El respaldo inicial a Fernández es amplio, pero la paciencia para atender estas cuestiones parece ser menor. Hasta un 39% de quienes se definen como seguidores del gobierno indicaron al CIEP que su opinión sobre el Ejecutivo “empeoraría” en caso de que las condiciones de vida de la población en general se mantengan igual y un 37% indicaron que “mejoraría”.
¿Economía ‘jaguar’?
Según el mismo estudio, un 63% de la población —aproximadamente dos de cada tres costarricenses— percibe que la situación actual de la economía es “regular”, “mala” o “muy mala”.
La percepción de la ciudadanía choca con el discurso del expresidente Rodrigo Chaves y la nueva mandataria Laura Fernández, quienes sostienen que el chavismo ha consolidado una economía pujante o “jaguar”: el término que usó una división de Bank of America a inicios de 2024 para describir el dinamismo de algunas cifras macroeconómicas del país en aquel momento.
Un 35% de las personas encuestadas por el CIEP dicen ver esa economía “buena o muy buena”; sin embargo, los que ven un escenario “malo o muy malo” son más (43%) y en el intermedio queda una quinta parte de la población (20%) que califica el panorama como “regular”.
A pesar de la narrativa oficial sobre la pujanza económica, los datos macroeconómicos muestran una marcada dualidad que explica el desencuentro con la ciudadanía. Si bien la producción nacional mantiene una dinámica de crecimiento sostenido y la tasa de desempleo se ubica en el 7,0% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), este impulso se ha concentrado en los últimos años mayoritariamente en el régimen de zonas francas.
En contraposición, el régimen definitivo —del que depende la gran mayoría del mercado laboral costarricense— avanza a un ritmo sensiblemente más lento, lo que impide que la reactivación se traduzca en aumentos significativos del salario real o en una mejora tangible frente a un costo de la vida que continúa presionando el bolsillo de las familias.
No a los impuestos
Una eventual imposición de más IVA a productos de la canasta básica tendría un costo político elevado para el gobierno de Laura Fernández, según el estudio.
La reacción negativa trasciende las divisiones políticas: incluso entre la población favorable al Ejecutivo, dos de cada tres personas advierten que verían peor al Gobierno si este estableciera impuestos sobre los productos esenciales.
La investigación consultó a la población sobre el posible efecto que tendría en su percepción del Gobierno que se establezcan impuestos a productos de la canasta básica. La respuesta predominante en ambos grupos fue que la opinión sobre el Ejecutivo empeoraría.
Entre quienes sí respaldan al Gobierno, solo uno de cada cinco —20%— considera que su opinión mejoraría si se aplicaran esos impuestos. Otro 12% señala que su percepción se mantendría sin cambios.
La respuesta es todavía más contundente entre quienes no respaldan al Ejecutivo: 92% afirma que su opinión empeoraría, frente a apenas 4% que cree que mejoraría y otro 4% que no anticipa cambios.
La medición muestra que una modificación tributaria sobre alimentos y otros bienes esenciales podría erosionar apoyo dentro de la propia base gubernamental, además de reforzar la posición crítica de quienes ya están alejados del Poder Ejecutivo.
