Por: María Luisa Madrigal, Laura Ávila.   30 noviembre
26/09/2018 Los empleados públicos hoy realizaron una gran marcha en contra del plan fiscal que salió de La Sabana y llegó hasta la Asamblea Legislativa. Foto: Alonso Tenorio.
26/09/2018 Los empleados públicos hoy realizaron una gran marcha en contra del plan fiscal que salió de La Sabana y llegó hasta la Asamblea Legislativa. Foto: Alonso Tenorio.

El próximo paso para asegurar el saneamiento de las finanzas públicas será una reforma sustancial al empleo público.

Políticos y especialistas consultados por EF consideran que es urgente un ordenamiento que podría pasar por la implementación de un salario único y la transformación del Servicio Civil, a fin de eliminar las disparidades entre instituciones.

En este momento el Ejecutivo confecciona un texto base con el que pretende estabilizar las finanzas públicas y modernizar el Estado.

El intento de transformación no es nuevo, y al igual que el plan fiscal, en el pasado se intentó reordenar el marco legal de los funcionarios públicos sin obtener resultados positivos.

Salario único
La actual ministra de Hacienda fue la promotora del salario único cuando estuvo al frente de la Contraloría General de la República. Foto: Albert Marín.
La actual ministra de Hacienda fue la promotora del salario único cuando estuvo al frente de la Contraloría General de la República. Foto: Albert Marín.

La idea del salario único, por revolucionaria que parezca, en realidad se limita a plantear que cualquier persona encargada de una función en una oficina debería ganar el mismo monto que cualquier otra que haga lo mismo en otra dependencia.

Este es uno de los puntos que distintos actores dicen que el Gobierno debería incluir en su proyecto de ley sobre empleo público. Tanto diputados de Liberación Nacional como de la Unidad Social Cristiana –las dos fracciones más grandes del plenario– lo consideran prioritario.

El régimen de salario único fue implementado por la Contraloría General de la República (CGR) desde finales del 2007. Detrás de la medida estuvo la entonces contralora general, Rocío Aguilar, hoy ministra de Hacienda.

A los años se sumaron el Banco Nacional (2011), el ICE (2015) y el Banco de Costa Rica (2016).

A corto plazo es un proceso costoso porque suele suponer un aumento de los salarios base. Pero a mediano y largo plazo genera frutos importantes.

Como cualquier otro ajuste por ley, el salario único no se puede aplicar a los trabajadores ya activos al momento de publicada la ley, sino que solo aplica para empleados nuevos.

Así fue como se implementó en la CGR, hace más de una década. Para el 2017, más de la mitad de los empleados del ente contralor ya estaban dentro del régimen de salario único.

En el primer año de la implementación el ahorro fue tan solo de ¢2 millones, sin contar cargas sociales, pero el crecimiento fue rápido. Un año después la institución ya había ahorrado ¢94 millones y al 2016 lo economizado sumaba más de ¢6.650 millones, según una investigación realizada por el diario La Nación.

Otro beneficio importante es que el salario único disminuye la presión que suman los pluses salariales al presupuesto de las entidades. En el 2006, estos representaron el 41% del presupuesto de la CGR. Al 2016 pasaron a pesar un 29%.

Un Servicio Civil por encima de todos

Mientras el tema de las remuneraciones y pluses –sin contar salario único– fue incluido en el proyecto de reforma fiscal, al Gobierno aún le falta hablar de unificación del Estado como patrono. En esto insiste la exdiputada liberacionista Sandra Piszk, quien impulsó dos proyectos de ley de empleo público y el exministro de Planificación Roberto Gallardo.

En esta segunda reforma deberían entrar en juego los reglamentos y leyes que separan a las instituciones públicas, en ocasiones de forma abismal.

Una de las opciones que sale a la luz es la de un Servicio Civil que no sea parcial sino que englobe a todo el aparato estatal. Es decir, un ente que cobije a todos los trabajadores públicos. Este tipo de propuesta solo se podría cosechar mediante una ley como la que busca el Gobierno.

De esta manera, existiría un marco legal que esté por encima de todas las instituciones en materia laboral. Actualmente hay diferencias abismales en las anualidades que se pagan de una institución a otra. Son diferencias sin sentido porque son trabajadores con prácticamente las mismas funciones, según Gallardo.

Las vacaciones son otro punto con brechas importantes. Hay instituciones, como por ejemplo la Universidad de Costa Rica, donde los empleados empiezan con 16 días libres al año. Una vez que cumplen diez años de labores, las vacaciones aumentan a 22 días y a los 15 años se otorgan 30 días hábiles. En Recope también se relacionan las vacaciones con los años trabajados.

Mientras tanto otras se limitan a los 12 días anuales que dicta el Código de Trabajo.

A estos elementos se unen aspectos de manejo de personal, horarios, permisos, requisitos y otros con diferencias marcadas entre las instituciones públicas.

Otro aspecto importante que permite un ente rector estatal es eliminar el concepto de inamovilidad de la función pública y más bien reemplazarlo por el principio del patrono único.

En la teoría, los empleados públicos trabajan para un mismo patrono: el Estado. Pero en la práctica, pasan a depender de distintas jefaturas y mandos medios dentro de cada institución.

La idea de que los empleados públicos pudieran moverse con funciones entre distintas instituciones –en lugares y momentos específicos– permitiría un mejor aprovechamiento de los recursos del Estado.

Perspectiva del Gobierno
Pilar Garrido, ministra de Planificación, es la que estará liderando el proyecto que presentará el Gobierno. Foto: Jeffrey Zamora.
Pilar Garrido, ministra de Planificación, es la que estará liderando el proyecto que presentará el Gobierno. Foto: Jeffrey Zamora.

El Gobierno afina los detalles de un texto inicial que presentará en el primer trimestre del 2019.

La iniciativa pretende apegarse al principio de equidad para disminuir las brechas, según Pilar Garrido, ministra de Planificación.

El texto propone un ordenamiento de las bases salariales a fin de que sean más altas y competitivas, ya que las principales disparidades están en los incentivos.

Además, incluirá un esquema de incentivos no monetarios (capacitaciones, pasantías, teletrabajo o licencias de cuido) para los trabajadores que se incorporen a futuro.

“Dentro de los regímenes hay muchas inequidades en incentivos salariales, con un nuevo ordenamiento habría bases salariales más altas para que sean competitivas”, Pilar Garrido, ministra de Planificación.

Los beneficios se otorgarían solo cuando los funcionarios cumplan con las metas trazadas. Este condicionamiento también aplicaría para los trabajadores antiguos.

También contemplan una transformación al Servicio Civil, según Garrido “hay voluntad para transitar por esa ruta”.

Intentos del pasado

Los intentos de transformación no son pocos. En el 2009 la CGR determinó que las acciones del Estado eran insuficientes para garantizar una función pública efectiva.

El ente contralor detectó inmensas disparidades salariales que oscilaban entre el 225% y el 614% del salario total de algunos funcionarios públicos, aunque las funciones asignadas eran las mismas.

La alerta que emitió la institución generó un primer planteamiento de reforma durante la administración Arias Sánchez, liderada por Roberto Gallardo. Pero se diluyó con la discusión de otro proyecto de ley que presentó la bancada del PLN.

El segundo intento se dio en la administración Chinchilla Miranda. Sin embargo, la propuesta tampoco prosperó.

Al igual que la reforma fiscal –precedida de múltiples fracasos– la reforma al empleo público parece ser el tema que se convertirá en la próxima lucha de la administración Alvarado Quesada.