Exdiputados que votaron para impedir el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, empresarios que ayudaron a financiar la campaña de Laura Fernández, familiares de ministros y legisladores, y antiguos funcionarios del gobierno anterior han recibido nombramientos en instituciones públicas durante los primeros meses de la nueva administración.
Esos puestos abarcan ministerios, presidencias ejecutivas, asesorías, juntas directivas, instituciones autónomas y representaciones diplomáticas; algunas de ellas, con remuneraciones de varios millones de colones mensuales.
Las designaciones han generado todo tipo de cuestionamientos. En algunos casos, se han reprochado los vínculos políticos o familiares de las personas seleccionadas; en otros, incluso han existido dudas sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos para ocupar los cargos, los procedimientos de selección o los antecedentes de los funcionarios.
EF elaboró un recuento de los nombramientos que han generado controversia en los primeros meses del gobierno de Laura Fernández, a partir de las publicaciones oficiales y los reportes de prensa publicados desde el 8 de mayo pasado. Estos fueron los resultados.
De la Asamblea a lo público
Varios diputados de oposición que coincidieron con el oficialismo durante el gobierno de Rodrigo Chaves han pasado a ocupar cargos públicos en la nueva administración. El recuento incluye ocho que incluso votaron en contra de levantar la inmunidad del expresidente, cuando así lo solicitaron la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por presuntas irregularidades en una contratación con recursos del BCIE y por denuncias de beligerancia electoral.
Los ocho exdiputados en cuestión han sido Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN); Yonder Salas, Olga Morera y David Segura, del Partido Nueva República (PNR); y Carlos Andrés Robles, María Marta Carballo, Melina Ajoy y Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Dos de los exdiputados incluso fueron nombrados en el gabinete del gobierno de Fernández. Carolina Delgado, que además fue precandidata presidencial liberacionista, pasó a ser la nueva presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu); mientras que Robles fue seleccionado como ministro de Costas, Mares y Pesca.
Carballo asumió como directora nacional de los Centros de Educación y Nutrición y de los Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinai); Ajoy pasó a ser la directora de Gestión Sociocultural del Ministerio de Cultura; y Alvarado fue designado como nuevo embajador de Costa Rica en Guatemala.
Salas también asumió como director regional del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), mientras que Morera fue contratada como asesora del presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Segura fue nombrado como asesor del Banco Popular, para seguimiento de proyectos legislativos, con un contrato por 11 meses.
A esos casos se suma el de Sonia Rojas, exdiputada del PLN, que también fue contratada como asesora del ministro de Educación, Leonardo Sánchez. Ella no votó en contra del desafuero de Chaves, pero sí se ausentó en la segunda de las votaciones.
Las actuaciones de estos exdiputados fueron reprochadas dentro de sus propios partidos y algunos de los socialcristianos y los liberacionistas incluso terminaron siendo expulsados de sus fracciones o de sus partidos. En todos los casos, sin embargo, los antiguos diputados han rechazado que sus designaciones constituyan una recompensa por sus decisiones legislativas y han defendido que sus trayectorias profesionales y su experiencia explican los nombramientos.
Hasta ahora, solo hay cinco exdiputados de oposición que votaron en contra de levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves que no ocupan puestos conocidos en instituciones relacionadas con el Ejecutivo. Se trata de Fabricio Alvarado, José Pablo Sibaja y Rosalía Brown, del PNR; Leslye Bojorges, del PUSC; y Gilberth Jiménez, del PLN. Jiménez sí fue postulado por el Gobierno para la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (Sica), pero la elección terminó favoreciendo a Lina Ajoy, diplomática de carrera y hermana de Melina Ajoy.
El exalcalde del PLN en Río Cuarto, que apoyó a Fernández en campaña, y el antiguo jefe de prensa de la fracción del PNR también protagonizaron otros nombramientos. José Miguel Jiménez pasó a ser presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (Ifam) y Juan Diego López pasó a ser presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) en los últimos meses.
Financistas a altos cargos
Empresarios que aportaron recursos a la campaña de Laura Fernández y del Partido Pueblo Soberano (PPSO) también han sido designados en cargos públicos.
Boris Marchegiani Carrero, empresario hotelero, ahora es representante del país ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York; mientras que Marcos Vargas Borges ahora se desempeña como presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Marchegiani había financiado vallas publicitarias que pedían la renuncia de jerarcas de instituciones públicas adversados por Rodrigo Chaves, adquirió certificados de cesión de deuda política y realizó donaciones durante la campaña; mientras que Vargas también adquirió certificados y dio dinero sin opciones de recuperación.
No obstante, el Gobierno rechazó en ambos casos que hubiese una conexión entre el financiamiento y las designaciones. En el caso específico de Marchegiani, la presidenta Fernández aseguró que la decisión correspondió a la oportunidad de nombrar a una persona de confianza en el cargo.
Familiares a otros cargos
Familiares de integrantes del Gobierno, legisladores y empresarios cercanos al oficialismo también han pasado a ocupar cargos en instituciones públicas.
Esteban Aguilar Vargas, hermano del ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, fue contratado como asesor de la Gerencia General del ICE.
Aguilar había trabajado en el Ministerio Público como fiscal de delitos informáticos y, durante la administración Chaves, protagonizó enfrentamientos con el fiscal general Carlo Díaz, a quien acusó de hostigamiento laboral. Antes de incorporarse al ICE, también había pasado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
Francisco Martínez Bertozzi y Luis Carlos Bogantes Zamora también fueron nombrados en puestos de confianza del Ministerio de Educación Pública (MEP). El primero es hermano del jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Pablo Martínez, y había ingresado al despacho ministerial desde marzo de 2026, pero recibió un nuevo nombramiento a partir de mayo; mientras que el segundo es hermano de la ministra del Micitt, Paula Bogantes, y fue contratado desde mayo pasado en la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas.
El MEP defendió ambas contrataciones y señaló que los funcionarios cumplen los requisitos establecidos para sus cargos.
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) también contrató como asesora a Keren Melissa Rodríguez Esquivel, hija de la diputada oficialista Ana Ruth Esquivel. La institución, sin embargo, defendió la designación y sus formas.
El Consejo de Gobierno también nombró como integrante de la junta directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) a Jean Franco Vásquez Guzmán, quien es hijo de del empresario Giovanni Vásquez, propietario de la empresa Publiex, que suministró vallas publicitarias durante la campaña electoral de Rodrigo Chaves y posteriormente estuvo vinculada con la instalación de los anuncios financiados por Marchegiani en contra de jerarcas adversados por el expresidente. El directivo sostuvo que participó en una convocatoria pública y negó cualquier intervención de su padre en el proceso, que incluyó el envío de sus atestados y una entrevista.
De ministros a embajadores
Varios antiguos integrantes del gobierno de Rodrigo Chaves también han sido nombrados en el servicio exterior.
Mario Zamora, quien dirigió el Ministerio de Seguridad Pública, fue nombrado como representante ante la ONU en Ginebra, Suiza; mientras que el excanciller Arnoldo André fue designado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.
La exvicepresidenta y exministra de Salud, Mary Munive, fue destacada como embajadora en Italia, y la exministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, fue designada en Perú.
El exdiputado oficialista Jorge Rojas también asumió una embajada, en Honduras.
Todos estos casos se suman a otros ya señalados en puestos diplomáticos como los del exdiputado opositor Horacio Alvarado o el financista Boris Marchegiani; así como el vicepresidente Douglas Soto, que ahora está en Estados Unidos.
La Cancillería ha defendido públicamente las designaciones y ha argumentado que se han tomado en cuenta criterios de experiencia, trayectoria e idoneidad. La presidenta Laura Fernández, además, ha subrayado que es su potestad nombrar “tanto a personas diplomáticas de carrera como a personas que sean de su confianza”.
Esa respuesta la dio precisamente luego de que un periodista de La Nación le consultó si estaba considerando nombrar a Manuel González Mata, hijo del secretario general del partido de gobierno, Freddy González, para un puesto diplomático en España.
Salarios variados
Las remuneraciones de las personas mencionadas en este recuento son muy variadas. Mientras algunos de los nuevos funcionarios reciben salarios que no superan el millón de colones mensuales, otros ocupan cargos con sueldos de varios millones, especialmente en instituciones autónomas y embajadas.
Uno de los salarios más bajos documentados por la prensa es el de Luis Carlos Bogantes, hermano de la ministra del Micitt, que apenas recibe unos ¢560.000 mensuales. En esa misma institución, Sergio Martínez recibe ¢1,3 millones como asesor del ministro.
En instituciones autónomas, el exdiputado David Segura fue contratado por ¢2,2 millones mensuales en el Banco Popular; mientras que otros como Olga Morera y Esteban Aguilar reciben más de ¢4 millones en el ICE. Todos estos datos constan en reportajes de medios como La Nación y CRHoy.
Los embajadores, por otra parte, reciben un mínimo de $8.500 mensuales (¢3,9 millones), pero los montos pueden aumentar significativamente mediante complementos asociados al costo de vida del país de destino. Embajadas como las de la ONU en Ginebra y en Nueva York, la de Italia o la de España, por ejemplo, son remuneradas con montos de entre ¢4,5 y ¢6,3 millones mensuales.
EF remitió varias consultas a Casa Presidencial relacionadas con los nombramientos este 26 de octubre.
Entre otras cuestiones, se le consultó qué criterios utiliza la administración Fernández para seleccionar a las personas que ocupan puestos de confianza, presidencias ejecutivas, juntas directivas y representaciones diplomáticas. Además, se le consultó cómo responde a los cuestionamientos sobre las designaciones de antiguos diputados de oposición que respaldaron a Rodrigo Chaves en votaciones decisivas, financistas de campaña y familiares de jerarcas en entidades públicas. No obstante, no se recibió una respuesta hasta el cierre de esta edición.
