Gobierno atendió 87 “cuellos de botella” en trámites, ¿se solucionaron estos atrasos?

Esos 155 trámites se identificaron tras consultas a cámaras y al sector privado, y se establecieron tres plazos para resolverlos: dos, cuatro y seis meses. Hasta el momento se han entregado los primeros dos informes, en noviembre y enero, por lo que este mes de marzo debería presentarse el tercer y último reporte.

EF revisó los primeros dos documentos del proyecto que el Gobierno bautizó como “Le dejamos trabajar”, disponibles en el sitio web del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), para conocer a nivel general las características de estos trámites.

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87 nudos

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El Ejecutivo registra que ha presentado soluciones para 87 “cuellos de botella”, cuyas peticiones de flexibilización surgieron de 92 solicitudes, pues en ocasiones una misma traba fue reclamada por más de un actor del sector privado.

Según la categorización que hace el MEIC, 16 solicitudes han llegado desde el sector privado en general. Entre las que sí se registran con un nombre propio, la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) es la entidad que más gestiones ha presentado con 12.

Le siguen la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), con ocho solicitudes cada una.

No obstante, algunos otros “cuellos” han venido de organizaciones que no son empresariales. Por ejemplo, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) ha puesto sobre la mesa siete trámites, todos en compañía de la CCC. La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) ha iniciado dos solicitudes, y una más tuvo origen en los vecinos de El Coco, Guanacaste, quienes se quejaron de la falta de agua potable en esa comunidad.

Las quejas del sector privado sobre estos procesos giran especialmente en torno a plazos y a requisitos. En algunas ocasiones, se trata de tiempos de espera extensos, atrasos o plazos de resolución que exceden los de la ley respectiva. En otros, el problema señalado es exceso de requisitos o requisitos innecesarios, falta de estandarización o trámite engorroso.

Más de la mitad de estos trámites engorrosos estaban presentes en dos instituciones principalmente: el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Ministerio de Salud, los cuales han dado algún tipo de solución a 25 y 22 “cuellos de botella”, respectivamente.

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En el caso del Minae, la mayoría de gestiones están relacionadas a dos temas: concesiones y perforaciones de pozos de agua y viabilidad ambiental.

En el Ministerio de Salud, las principales trabas presentadas por los entes privados tienen que ver con permisos de funcionamiento, registros sanitarios y vertido de aguas.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) es el tercero que más trabas tramitológicas ha resuelto.

Otras instituciones que están por fuera del Gobierno central o gozan de autonomía también han intervenido. El Cuerpo de Bomberos ha resuelto un reclamo relacionado a los requisitos para la protección contra incendios en edificaciones; mientras que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) facilitó de forma digital los datos de la zona de influencia del poliducto para aquellos que necesitan saber si requieren un alineamiento del mismo, el cual se solicita en algunas construcciones.

Menos tiempo, menos requisitos

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Muchos de los trámites recogidos luego de las consultas que hizo el Gobierno al sector privado tienen que ver con plazos.

Por ejemplo, Fedecámaras adujo que el plazo de resolución del requisito de alineamiento vial era excesivo. Este es un trámite que debe pedirse al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) cuando hay construcciones sobre rutas nacionales que requieran hacer cambios en la vía pública.

La respuesta del ministro de dicha cartera, Luis Amador, fue emitir un oficio para que esa solicitud se resuelva en máximo cinco días.

Otro caso es el del registro de productos veterinarios y cosméticos, cuyo plazo de inscripción y renovación era excesivo, en criterio de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR). La solución dada por el MAG es que se admitirá la declaración jurada en ambos casos y se emitieron resoluciones para acortar el plazo.

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Cacia presentó su inquietud sobre el permiso sanitario en instalaciones con gas, pues para la renovación del mismo se exigían inspecciones anuales. El Ministerio de Salud extendió la vigencia del permiso por dos años.

Otra queja relacionada al permiso sanitario la presentó la Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore), pues la renovación anual para el funcionamiento implica “altos costos” para las pymes. Salud respondió con un decreto que estandariza la declaración jurada, elimina requisitos y habilita permisos de hasta cinco años en algunos casos.

Un último ejemplo tiene que ver con la viabilidad ambiental para piñeras. La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) argumentó que el trámite de solicitud es complejo y extenso. Para remediarlo, el Minae emitió una directriz para ejecutar un trámite expedito en las inspecciones que atienden las solicitudes de viabilidad ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) en fincas de piña, cuyo plazo máximo deberá ser de 10 días.

La otra gran vertiente es la de los requisitos, en ocasiones excesivos. Por ejemplo, varias organizaciones privadas manifestaron que existían restricciones a las concesiones de aprovechamiento de agua en condominios cuando la fuente del recurso hídrico se localizaba fuera de la finca matriz. El Minae flexibilizó este trámite con una directriz que permite que la fuente de abastecimiento pueda ser un manantial, río, cuenca, quebrada, entre otras, y pueda estar dentro o fuera de los límites del área condominal.

En otro tema, Cacia indicó que para tramitar el permiso sanitario de funcionamiento por primera vez se pedía el uso de suelo, por lo que Salud excluyó ese requisito.

El registro de agroquímicos es otro de los trámites que recibió quejas, específicamente por parte de la CICR, entidad que reclamó que la inscripción es lenta y llena de requisitos. En este caso, a través de un decreto, el MAG estableció que se aceptará como válido el registro emitido en otros países Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que Costa Rica es miembro desde mayo del 2021. Además, se prohíben los agroquímicos que estén igualmente vetados en al menos el 80% de esos países.

Un último ejemplo lo presentó Cinde, al aducir que se presentaban atrasos en el ingreso al país de inversionistas por las largas filas de Migración en los aeropuertos. Para solventar este punto, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) dispuso que los “altos cargos” de empresas podrán hacer el trámite migratorio en la fila especial o en la de tripulantes.

Valoración positiva pero con pendientes

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El fin último que persigue el Gobierno con este proyecto es facilitar la inversión y la actividad privada.

“Quien quiera que haya emprendido en Costa Rica sabe que es un verdadero viacrusis lidiar con los permisos. Los vamos a dejar trabajar”, aseveró el presidente Chaves durante la presentación del primer informe el 2 de noviembre del año pasado.

Las cámaras del sector privado que han presentado al Ejecutivo “cuellos de botella” para resolver mantienen hasta ahora una valoración positiva pero apuntan la necesidad de mejoras.

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Carlos Trejos, presidente de la CCC, dijo a EF que la Cámara que representa celebró el lanzamiento de la iniciativa gubernamental pues aboga por la mejora regulatoria y la simplificación de trámite, aunque afirmó que es necesario profundizar en la sensibilización en las instituciones públicas y el fortalecimiento del MEIC como ente rector.

“La mejora regulatoria es un proceso permanente y que se debe trabajar a nivel intrainstitucional e interinstitucional. Hay que hacer interoperables las diversas plataformas informáticas que existen”, comentó Trejos.

Para la CCC, la reforma al reglamento de la Setena es la más relevante, aunque requerirá seguimiento para su aplicación efectiva. La entidad también destacó los cambios en la Dirección de Aguas del Minae en trámites sobre el aprovechamiento del recurso hídrico en procesos productivos.

En Cacia expresaron que los primeros pasos muestran resultados positivos, aunque admitieron que la política de mejora regulatoria ha estado sobre la mesa de diálogo durante las últimas administraciones, según comentó Mario Montero, vicepresidente ejecutivo.

Monteró destacó dos temas que son algunos en los que Cacia ha sido más enfática: los cambios en el trámite de registro sanitario, especialmente el aumento de la cantidad de alimentos que pueden obtener el registro por vía simplificada; así como las flexibilizaciones en en los permisos sanitarios de funcionamiento, como la estandarización de requisitos.

Por su parte, el CFIA se mostró más escéptico del alcance de estos cambios. Aunque el ente aseguró que la tramitación digital genera una verdadera mejora y cambio de paradigma, consideró que se debe verificar si estas soluciones provocan una mejora sustancial en los procesos que sea medible.

Ejemplo de esto último es la respuesta del Minae que permite la disposición de aguas residuales en el alcantarillado sanitario, solución que se dio ante una solicitud planteada en conjunto entre la CCC y el CFIA por limitaciones para verter aguas residuales tratadas en cuerpos de aguas.

“Es pronto para poder asegurar que el objetivo de agilización se cumple a cabalidad, esto debido a que algunos cambios implican creación de formularios, la posibilidad de utilizar correos electrónicos, emisión de directrices, que no necesariamente agilizan el proceso de revisión, y por lo tanto, el cambio fundamental no se haya incorporado”, acotó el Colegio.

Las entidades también señalaron temas pendientes.

La CCC mostró preocupación por el tema de aguas: la poca respuesta del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para la disponibilidad de agua, y el abastecimiento de pozos a condominios por parte del Minae. También esperan mejoras en el trámite de accesos restringidos del MOPT.

Para la cámara que representa a la industria alimentaria hay varios temas que aún son de preocupación. Por ejemplo, aquellos que son de reserva de ley, donde el proceso regulatorio es más lento. También apuntaron la necesidad de capacitar a funcionarios en ventanillas.

El CFIA sugirió hacer cambios en requisitos para catastrar propiedades y enumeró tres normas que requieren modificaciones: la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, el reglamento referente al uso de las tierras agroecológicas de Costa Rica, y el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones.