EscucharUna seguidilla de audios revelados por el periódico La Nación sacudieron a la Presidencia de la República esta segunda semana de diciembre. La exministra de Comunicación, Patricia Navarro, entregó a ese medio de comunicación varias grabaciones que hizo de reuniones que sostuvo con el presidente Rodrigo Chaves y otras autoridades de gobierno, durante los cuatro meses que ejerció como jerarca en Zapote, para “documentar hechos que podían ir contra la ley o la ética”, según dijo.
Los audios se refieren a diversos hechos. Entre ellos, a gestiones aparentemente irregulares que habría comandado el Poder Ejecutivo para encausar un contrato de servicios de comunicación con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); a planteamientos para influir en decisiones de pauta publicitaria —para favorecer a algunos medios de comunicación y perjudicar a otros— a través de instituciones del Gobierno Central y descentralizadas; y hasta a cuestiones que ya desde antes eran investigadas por la Fiscalía General de la República.
Las grabaciones robaron la paz en Casa Presidencial. El mandatario y el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, interpusieron formalmente una denuncia penal ante el Ministerio Público contra Navarro y a La Nación por publicar los audios, grabados sin el consentimiento de las autoridades.
Este miércoles 6 de diciembre, la Fiscalía rechazó la petición del gobernante de ordenar a La Nación detener la publicación de los audios, los cuales catalogó de interés público pues versan sobre dinero estatal y en ellos intervienen el presidente y funcionarios de alto rango.
Precisamente el diario La Nación, que pertenece a Grupo Nación —del cual el periódico El Financiero también es parte— respondió a la denuncia del gobierno asegurando que publicó informaciones que tienen un interés público más que evidente. Según explicó el director del medio, Armando González, “(se) cumplió el deber que tenemos los periodistas de informar a la sociedad de los asuntos de interés público que llegan a nuestro conocimiento”.
En la conferencia de prensa de este 6 de diciembre, el presidente Rodrigo Chaves se refirió al caso por primera vez desde que se hicieron las primeras publicaciones. Según dijo en su conferencia de prensa semanal, “doña Patricia Navarro es una criminal confesa” por grabar las conversaciones y aceptarlo públicamente. Además, opinó que La Nación tiene un “deseo absurdo de perjudicar al Gobierno” y que “hace historias sobre algo que es totalmente transparente, limpio y aséptico”.
La contratación
Los primeros audios publicados por el periódico La Nación hicieron referencia a una contratación, aparentemente irregular, que se realizó con fondos del BCIE para brindar una consultoría de comunicación al Gobierno.
Se trata de un proceso de licitación gestionado por el BCIE que ganó la empresa Nocaut (RMC La Productora S. A.), propiedad del publicista Christian Bulgarelli. Él aceptó públicamente —meses atrás— que participó en la redacción de los términos del contrato que finalmente ganó, por $300.000, para generar contenidos y dar seguimiento a tendencias de opinión, entre otras labores.
Los audios dejaron en evidencia varias conclusiones.
La primera de ellas, que el Gobierno quiso otorgar la contratación directamente a Bulgarelli desde el inicio del mandato gubernamental. Así se desprende de una grabación del 27 de mayo de 2022 (19 días después de que el Gobierno empezó su período constitucional), en la cual el Jorge Rodríguez, quien entonces era jefe de despacho del presidente Chaves, aseguró al propio Bulgarelli que “la idea” era “poder usar algunos de los recursos de lo que el BCIE nos da” para pagar los servicios del publicista.
La segunda revelación fue que el publicista Bulgarelli incluso habría empezado a trabajar para Presidencia desde antes de ganar el contrato en la licitación pública, en competencia. Eso se desprende de una frase de la exministra Navarro, quien afirmó en un audio grabado el 14 de julio de 2022 que, “de todos modos, don Rodrigo, ya Christian está trabajando hace días”.
Por último, también quedó claro que el presidente Rodrigo Chaves estaba bien enterado del proceso y que incluso llegó a preguntar si la contratación incluiría a un reconocido asesor suyo: Federico Cruz Saravanja, quien además es presidente del Partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM), ligado al oficialismo. En la misma grabación del 14 de julio, se escucha al mandatario preguntar si “¿Va Choreco a ser parte del contrato con Christian?”, a lo cual Navarro responde afirmativamente. El presidente responde con un “Muchísimas gracias, los felicito”.
Dante Mossi, expresidente ejecutivo del BCIE, dijo a La Nación que solicitó una investigación sobre la contratación de Nocaut (RMC La Productora S. A.) al departamento de auditoria de la entidad y que es contrario al código de ética que una misma persona participe en la creación de un cartel de contratación y después oferte en el proceso.
“No puede ser que la misma persona que trabaje en los términos de referencia se someta a un concurso y gane, porque, obviamente, conoce los temas de referencia y el presupuesto. Entonces, yo pedí esa investigación (...). Eso está prohibido por nuestro código de ética”, dijo Mossi, economista de nacionalidad hondureña, quien estuvo frente al BCIE durante cinco años, desde 2018.
Pauta publicitaria
La segunda parte de los audios publicados por el periódico La Nación, por otra parte, se enfocaron en gestiones de Presidencia que buscaron influir en la repartición de recursos de pauta publicitaria para medios de comunicación a través de la creación de narrativas públicas y la presiones sobre jerarcas institucionales.
En estas grabaciones, se escucha al presidente Chaves pedir información sobre gastos en medios de instituciones autónomas, asegurar que se puede presionar a jerarcas para que “no jueguen juegos” y señalar que se pueden romper contratos ya firmados con medios de comunicación porque los procesos legales que podrían entablar las empresas afectadas tardarían muchos años en resolverse.
En una de las grabaciones, con fecha del 4 de junio de 2022, el mandatario afirma que “quiere ver la pauta de las instituciones autónomas”, pues ya había revisado los montos del Gobierno Central. El mandatario dejó patente su interés en los datos de pauta publicitaria de las entidades autónomas, a pesar de que ellas cuentan con ese ámbito de independencia para que evitar injerencias de corte político no afecten sus gestiones regulares.
En otro audio del 3 de agosto de 2022, Chaves indicó “otro uso importante de esto es decirle a los jerarcas: ‘Los estamos vigilando, vea que interesante, yo tengo este chanchito o este perrito que va y huele, y dice: ‘Aquí hay droga, aquí hay desviación, entonces no me jueguen juegos porque con esto los decapito. Yo creo que es muy útil”.
Ese mismo 3 de agosto, el presidente indicó que, en caso de que instituciones públicas tuvieran que romper contratos con medios para dejar de pautar en ellos, los procesos legales que se podrían desencadenar tardarían años en resolverse. “No, no, no... que nos lleven a un contencioso. Cuando mi nieto se gradúe, Dios quiera de Harvard o de una buena universidad, ese contencioso se va a resolver”, comentó.
Funcionarios y exfuncionarios de empresas como el ICE o la JPS han asegurado en las últimas semanas que recibieron presiones para recortar pauta publicitaria en medios como Televisora de Costa Rica. Además, Navarro aceptó públicamente, meses atrás, que durante su gestión se giró una orden a los jerarcas de gobierno para suspender contratos de publicidad con medios tradicionales como La Nación, CRHoy.com, Canal 7 y otros más.
“Insinuaciones” y “frases a medias”
En su primera reacción sobre las publicaciones, el ministro Rodríguez afirmó que las publicaciones se tratan de “insinuaciones” y “frases a medias”. Luego, este 6 de diciembre pasado, Chaves arremetió contra Patricia Navarro, diciendo que “la denuncia penal había que hacerla porque es un acto confeso, un crimen confeso, por parte de ella” y contra el periódico La Nación indicó que no sabe “si hubo una incitación” o “algún otro tipo de incentivos” para que la exministra accediera a publicar las grabaciones. En todo caso, defendió sus acciones.
