El impuesto mínimo global para las multinacionales ya es mucho más que una idea. 136 países –incluidas las hasta hace poco reticentes Irlanda, Estonia y Hungría– ya dieron su visto bueno para avanzar con la iniciativa en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El nuevo gravamen supone un replanteamiento histórico para los sistemas tributarios internacionales, los cuales dan un primer paso en firme de cara a la globalización de las cadenas de valor y los gigantes de la tecnología digital.
En el caso costarricense, la aplicación de esta base mínima sobre las rentas empresariales augura efectos mixtos, según especialistas consultados por EF. Por un lado, la recaudación podría aumentar ante el cobro a multinacionales tecnológicas por sus operaciones en el país; pero, por el otro, también podría restringir la posibilidad de ofrecer incentivos fiscales para la atracción de inversiones.
Costa Rica es parte de los países que apoyan los planes impulsados en el seno de la OCDE. Sin embargo, aguarda por los detalles definitivos para su aplicación. Restan detalles para definir cómo la iniciativa internacional podría afectar el modelo de desarrollo local, incluido su régimen especial de zona franca, que ofrece beneficios tributarios temporales para atraer empresas extranjeras.
El impuesto
El impuesto impulsado por 136 países incluye dos pilares, según ha informado la OCDE.
El primero pretende gravar a las empresas digitales con mayor presencia en el mundo, de modo que paguen sus cargas de renta en “los mercados donde realizan actividades comerciales y obtienen beneficios”, y no donde tengan presencia legal (como ocurre en la actualidad).
Las empresas en cuestión serían aquellas con ventas mundiales que superen los 20 millones de euros anuales (unos $23,2 millones) y cuya rentabilidad sea superior al 10%; por lo que únicamente incluiría a los gigantes del mercado.
Con ello, indicó la OCDE, el “histórico acuerdo” permitiría redistribuir más de $125.000 millones en rentas.
La organización prevé que las ganancias por esta medida sean mayores para los países en desarrollo que para las economías más avanzadas, “como proporción de los ingresos existentes”, según indicó en su comunicado oficial sobre los avances del acuerdo, emitido este 8 de octubre.
El otro pilar buscaría establecer una tasa mínima mundial del 15% para las rentas de las empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales ($867 millones), ya sea puesta al cobro en los países donde estas operen o en sus países de origen.
Según la OCDE, con esta medida se generarían $150.000 millones en ingresos fiscales adicionales al año.
El secretario general de la organización, Mathias Cormann, aseguró que se trabajará “rápida y diligentemente” para poner en marcha el acuerdo mundial sobre estos pilares de manera “efectiva”.
El objetivo es firmar una convención en 2022, para la implementación en de ambos gravámenes a partir de 2023. Esta tendría que ser adoptada en los distintos países que se adhieran a ella a nivel interno, como ocurre con cualquier otro acuerdo internacional.
El impacto
Aún es temprano para determinar los efectos que podría tener la iniciativa dentro de la economía costarricense. No obstante, especialistas consultados por EF coinciden en que es posible esperar impactos positivos y negativos al mismo tiempo.
El exministro de Comunicación (2012-2013) y exviceministro de Comercio Exterior (1994-1997), Francisco Chacón, aseguró que la medida puede ser positiva desde un punto de vista fiscal, porque podría aumentar la recaudación de impuestos; pero también es posible que deteriore el uso de incentivos fiscales para atraer inversión.
Estos incentivos, recordó, son mecanismos que hoy cubren otras deficiencias que arrastra el país como el alto costo energético, la oferta deficiente de infraestructura física, la mala conectividad o la falta de capacitación de algunos sectores de su fuerza laboral.
“Esto obligará al país a tomar decisiones que incidan directa y efectivamente en los factores que afectan nuestra competitividad, por ejemplo, la postergada reforma en el sector eléctrico y del sector público en general o la adopción de una agresiva agenda digital”, comentó Chacón, quien además es parte del programa de Maestría en Derecho Corporativo de la Universidad Lead.
Similar opinión externó el economista Luis Rivera, del programa de Bachillerato en Productividad Empresarial de la misma entidad académica. “Se da una oportunidad para mejorar los esquemas impositivos del país, para alcanzar mejor eficiencia y menores distorsiones. Hay que discutir sobre menores impuestos corporativos y eventualmente con un flat tax alineado con ese 15%”, agregó.
Según Chacón, para la implementación de cualquier acuerdo internacional que ocurra en el futuro cercano será indispensable el apoyo técnico que pueda dar OCDE al país, pues “la experiencia que se tiene en materia de fiscalidad internacional es escasa o nula”.
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El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) asegura que la iniciativa actualiza las reglas de la tributación internacional, para que cumpla con sus propósitos en un contexto económico digitalizado.
En una respuesta oficial a EF, la cartera indicó que la imposición del gravamen mínimo mundial implicará el reto para el país de “redoblar sus esfuerzos” en las áreas que le hacen competitivo, más allá de sus beneficios fiscales, que “otros países no pueden replicar en el corto plazo”.
Entre ellos mencionó la estabilidad democrática, la seguridad jurídica, la producción eléctrica renovable y muchas décadas de inversión en salud y educación.
Zonas francas
La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) considera que la nuevas cargas impulsadas por OCDE no deberían representar mayores cambios para el sistema de régimen especial costarricense. El presidente de la entidad, Carlos Wong, recordó que este incluso ha sido revisado y avalado por la OCDE en años recientes.
El régimen de zona franca ofrece exoneraciones de renta a las empresas beneficiarias de entre ocho y 12 años, dependiendo de si se insertan dentro o fuera del Gran Área Metropolitana (GAM). Estas, además, se pueden ampliar siempre y cuando se cumplan estándares mínimos de reinversión.
“Lo que están pidiendo no es específico de zonas francas; es específico de la relación de ciertas multinacionales, de cierto tamaño, en su entorno mundial. Esto no es un proyecto de reforma al sistema de zona franca; hay países que han creado comentarios, observaciones y exclusiones a este tema, y todavía entonces falta por desarrollar mayor detalle”, afirmó Wong.
Aún restan muchos detalles de la iniciativa que seguramente se determinarán en 2022, pero los eventuales efectos sobre Costa Rica y su sistema de incentivos fiscales para atracción de inversiones deberían de reducirse, si se toma en cuenta que el acuerdo busca una implementación global, recordó el economista y estadístico Juan Enrique Muñoz.
Por el momento, Comex subraya que el Gobierno no pretende modificar el régimen de zona franca, que “es consistente con los estándares internacionales”.
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La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), por su parte, indicó que sigue estudiando los eventuales impactos de la propuesta en la estrategia de atracción de inversiones del país.
La posición oficial del Gobierno de la República, hasta el momento, es favorable sobre los cambios que impulsa la OCDE.
“En lo fundamental, el criterio nuestro es de apoyo a la idea, pero debemos ser cautelosos para la implementación. Tenemos que observar lo que sucede en otros países y realizar esfuerzos para que esto vaya caminando de una forma multilateral, en la que todos los países vayamos tomando una porción de las ventajas que tiene la idea en su totalidad”, dijo el ministro de Hacienda, Elian Villegas, en entrevista con EF, 1 de julio pasado.
El plan de dos pilares se discutiría nuevamente en el seno del G20 a finales de octubre, cuando se desarrolle su cumbre de líderes, en Roma. Por ahora, todo marcha según los planes de sus propulsores, con el respaldo decidido de Estados Unidos.
La idea cuenta con el respaldo de todos los países del G20″, todos los de la Unión Europea y todos los de la OCDE.
