La quiebra acecha a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). A su favor, la entidad tiene una nueva ley que le da algo de músculo. En su contra tiene el tiempo.
El pasado 23 de julio los diputados aprobaron un presupuesto extraordinario que permitió inyectar ¢5.753 millones de emergencia para el pago de los salarios por un período de tres meses. A estas alturas queda poco de ese salvamento, y la planilla apenas se redujo en 22 trabajadores: la institución ahora cuenta con 1.164 empleados.
Este rubro de gasto, el más pesado de la institución, todavía debe sostenerse más tiempo, pero no hay recursos. En el seno de la junta directiva valoran vender activos, como flotillas de vehículos o edificios, y echar mano de una herramienta recién aprobada por el Congreso para solicitar transferencias de superávits libres de otras entidades públicas.
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Tanque de oxígeno
La situación es crítica. La junta portuaria necesita cerca de ¢3.400 millones cada mes para pagar los salarios de sus empleados. Sin embargo, a marzo de este año sus ingresos –que cayeron 79%– fueron tan solo de ¢795 millones.
La Ley de Modernización de Japdeva y Protección a sus Personas Trabajadoras (21.426), aprobada en segundo debate por el plenario legislativo el pasado 14 de octubre, le confiere ¢17.896 millones para reducir su planilla hasta alcanzar un punto de equilibrio, buscar nuevos negocios y generar ingresos.
Esta normativa también establece un plazo de 30 días para que los empleados definan la forma en la que saldrán de la entidad. Este período empezará a correr una vez que la nueva legislación se publique en el diario oficial La Gaceta.
De los 1.164 trabajadores que quedan, 11 ya iniciaron el proceso para pensionarse, 315 cumplen con los requisitos para acogerse a la prejubilación y 260 tienen el perfil para moverse a otras instituciones públicas mediante traslados horizontales.
En la operadora portuaria ya realizaron ferias con la participación de otros entes estatales que buscan desde técnicos, choferes y misceláneos hasta abogados, ingenieros y profesionales aún más calificados para ocupar otros puestos. Así lo explicó Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva, en entrevista con EF.
En un escenario en el que todos los empleados se acogieran a sus prejubilaciones y traslados horizontales, quedaría un grupo de cerca de 586 personas que tendrán que salir con bonos por despido.
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La ley indica que la entidad debe hacer un estudio técnico para definir el número exacto del recorte a la planilla, con el objetivo de alcanzar el equilibrio financiero, aunque ese porcentaje oscilará entre las dos terceras partes (66,6%) y el 80%, lo que implica una reducción de entre 775 y 931 personas.
La cifra no es bien recibida entre los empleados, quienes todavía se aferran a una medida cautelar impuesta por el Juzgado de Trabajo de Limón que prohíbe la ejecución de los despidos, pese a que la Sala Constitucional no encontró ningún vicio en los artículos de la ley que permiten la reducción de la planilla.
Para tratar de prolongar el tiempo de vida de las plazas que mantiene la junta, los mismos empleados buscan clientes para ofrecerles servicios portuarios y crear necesidades operativas. Así lo relató Antonio Wheels, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).
En la Presidencia Ejecutiva tienen claro que el proceso de transformación no será sencillo, ya que implica tocar fibras sensibles entre los limonenses. Por eso apuestan por la transparencia en la información y el acompañamiento directo para que la salida del personal se desarrolle de la mejor manera posible.
Los bonos por despido reconocerán ocho salarios promedio de los últimos seis meses a quienes ganen menos de ¢1 millón y cuatro salarios promedio de los últimos seis meses a quienes reciben más de esa cifra.
La prejubilación aplicará para quienes tengan más de 55 años de edad y superen los 25 años de cotizar para el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Este formato pagará un 63% de los mejores 12 salarios mensuales de los últimos cinco años. El objetivo es sostener a estas personas hasta que cumplan la edad de retiro (60 años para las mujeres y 62 para los hombres) o las cuotas que les permitan acogerse al sistema de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Plan de subsistencia
Para subsistir en el corto plazo, Japdeva evalúa opciones como la venta de flotillas de vehículos y otros activos que, en total, reportan depreciaciones anuales de entre ¢8.000 y ¢9.000 millones.
También se valora la posibilidad de vender, hipotecar o alquilar edificios que se encuentran subutilizados con el objetivo de producir ingresos para la entidad.
“Sobre los edificios hemos considerado la posibilidad de darles un uso diferente, o de crear convenios para mejorar el espacio al que no le podemos invertir, y que luego regresen a manos de la institución. Todo está en la mesa en este momento”, agregó Centeno.
Una de las opciones es, por ejemplo, hipotecar el edificio ubicado en San José; el terreno tiene un valor de ¢1.000 millones y podría servir como respaldo para acceder a un crédito.
Sin embargo, una de las nuevas herramientas de subsistencia con las que cuenta la junta es la solicitud de recursos directos a otras instituciones del Estado, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y Recope, entre otras.
La normativa recién aprobada le permite pedir dinero a otras entidades públicas no financieras. Esos recursos deben ser parte del superávit libre y se podrán transferir hasta el 31 de diciembre de 2019, con el objetivo de financiar el gasto corriente de Japdeva hasta diciembre de 2023.
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Las instituciones públicas podrán prestar un monto máximo de ¢10.000 millones, dinero que será devuelto mediante sistemas de pagos anuales con períodos de gracia de hasta cinco años y con plazos no mayores de 20 años.
La legislación indica que al menos la mitad del dinero deberá ser cancelado en efectivo, en cuotas escalonadas de cinco años. Asimismo, se considerarán las variaciones de la inflación en el tiempo.
La junta también podrá pagar hasta un 50% de su deuda con sus propios activos; esto con autorización previa del Ministerio de Hacienda.
Mientras se revisan todas las cartas disponibles para mantener a flote una institución que estaba al borde de la quiebra, Japdeva tiene el reto de abrir nuevos negocios, mantener la operación del puerto y transformarla a otras áreas –como el manejo de cargas generales y graneles–, tal y como se lo había advertido en agosto de 2008 el plan maestro elaborado por la firma holandesa Royal Haskoning.
