Hasta hace apenas un año, el Ministerio de Hacienda hablaba sobre “consolidación fiscal” y proyectaba que la deuda pública se mantendría por debajo del 60% del PIB el resto de la década. La deuda había bajado progresivamente, las calificadoras de riesgo habían mejorado sus evaluaciones soberanas, el Gobierno volvía a registrar superávits primarios y la discusión sobre una eventual crisis fiscal parecía borrarse del mapa.
El gobierno de Rodrigo Chaves incluso terminó adoptando como suyo el concepto de la “economía jaguar” para referirse a sus logros políticos y fiscales, un término que antes había usado el Bank of America para comparar a la economía costarricense con los “tigres asiáticos”, por su agilidad en materia de crecimiento, exportaciones y contención inflacionaria.
Hoy, sin embargo, el mismo Ministerio de Hacienda prevé una caída en la recaudación y una deuda cuya trayectoria es de nuevo ascendente.
En su último Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031, la cartera que ahora dirige Chaves como ministro de Laura Fernández proyecta que la carga tributaria caerá de forma sostenida en los próximos años y que la deuda pública volvería a acercarse al 70% de la producción: una combinación tan desalentadora como exigente de soluciones.
Costa Rica parecía dejar atrás su principal problema económico, pero los problemas fiscales del país siguen siendo crónicos y ahora regresan. El Estado es robusto, el financiamiento es limitado y el peso de la deuda que se acumuló por décadas para mantenerlo sigue siendo elevado.
Entonces surgen dos grandes preguntas sobre la mesa: ¿cómo llegó la “economía jaguar” a este punto y qué sigue a partir de ahora?
Los años de calma
La mejora en las cifras fiscales que se observó en los últimos años fue real. Provino de la reforma tributaria aprobada en 2018, la cual permitió esquivar una crisis por el endeudamiento acumulado históricamente, elevando la recaudación e imponiendo una regla fiscal para contener el gasto público.
Su impacto se vio interrumpido por la pandemia del covid-19; sin embargo, los resultados se observaron luego de esa emergencia, cuando los ingresos tributarios crecieron a ritmos superiores a los dos dígitos.
El resultado fue una economía que creció con más fuerza, donde el empleo se recuperó y el Estado volvió a generar superávits primarios (ingresos suficientes para cubrir todos sus gastos sin contar el pago de intereses).
Esa combinación de factores se tradujo en una menor deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).
A eso se sumó un factor adicional que hizo más grande esa mejora: la apreciación del colón frente al dólar. Como más de una tercera parte de la deuda del país está en moneda extranjera, la caída del tipo de cambio redujo automáticamente el valor de esas obligaciones a la hora de expresarlas en colones.
Eso ayudó a mejorar los indicadores fiscales al mismo tiempo que otros problemas crecían y empezaban a acumularse: la economía fuera de las zonas francas siguió débil, la inflación baja y el propio tipo de cambio alentaron una menor recaudación, la Asamblea Legislativa aprobó rebajas tributarias y los intereses de la deuda siguieron en niveles elevados.
Ahora, Hacienda observa todos esos factores y proyecta un escenario mucho menos optimista que hace un año. Muchos de los factores que construyeron la sensación de estabilidad más reciente ahora parecen menos permanentes, mientras que el tipo de cambio ya se asentó cerca de los ¢500 y los problemas estructurales del país para financiar su gasto público nunca desaparecieron, más allá de los límites de la regla fiscal y su impacto sobre inversion social.
Fernando Rodríguez, economista de la Universidad Nacional (UNA) y exviceministro de Hacienda, resume la situación en pocas palabras: “si usted traza una línea de evolución de la deuda y se olvida del pico en 2020 por la pandemia, pareciera como si nunca hubiéramos resuelto lo de la deuda”, aseguró.
Las proyecciones y las alarmas
Hacienda prevé una caída sostenida de la carga tributaria. Los ingresos tributarios actuales alcanzan un 13,4% del PIB, pero en el mediano plazo Hacienda cree que caerían a solo un 10% de la producción.
Eso redundaría en un crecimiento sostenido de la deuda pública, incluso si la regla fiscal permite sostener los superávits primarios.
El problema de fondo es el mismo de siempre, pero ahora alentado por una caída recaudatoria: ingresos insuficientes para un Estado que se construyó gracias a la deuda en el pasado y que ahora, además, está en proceso de pago.
Según Rodríguez, quien estuvo en Hacienda durante la administración del expresidente Luis Guillermo Solís, aquel gobierno había planteado una reforma fiscal mucho más agresiva y estructural en 2016; pero finalmente el gobierno de Alvarado tuvo que impulsar un plan más pequeño para darle viabilidad política en el Congreso.
Ese nuevo plan, recordó, nunca pretendió resolver definitivamente el problema fiscal del país sino “darle aire a la siguiente administración” para plantear cambios más profundos que al final no llegaron ni en esa, ni en la siguiente administración de Rodrigo Chaves. Desde la óptica del economista, por ese motivo es que hoy regresa una gran parte de las limitaciones estructurales a la palestra.
El propio gobierno de Carlos Alvarado intentó impulsar otras reformas tributarias adicionales a partir de 2020, en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre otras medidas, planteó mayores impuestos sobre bienes inmuebles, cargas sobre las transacciones bancarias y una subida a las rentas más altas; así como la reestructuración del impuesto sobre la renta (renta global), la transformación del impuesto a las casas de lujo, nuevos tributos a las cooperativas y gravámenes sobre los premios de lotería. Todos esos intentos fracasaron.
Rodrigo Cubero, quien fue presidente del Banco Central entre 2018 y 2022, considera que la reforma fiscal de 2018 no se “agotó”, como sugieren algunos analistas. A fin de cuentas, incluyó nuevos ingresos que hoy siguen vigentes y que calmaron la situación crítica de aquel momento. Sin embargo, sí considera que el país se enfrentó a “otros choques que “han debilitado el desempeño fiscal” en los últimos años, como la apreciación cambiaria, la inflación por debajo de las metas, el menor crecimiento de los sectores económicos que pagan impuestos y las decisiones legislativas que redujeron los ingresos como la rebaja al marchamo.
Para el expresidente del emisor, la reforma fiscal sí fue clave para dar sostenibilidad a las finanzas públicas, pero “siempre se dijo que era un primer paso”.
“Era un primer paso fundamental para restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero que había que complementar”, subrayó.
A eso se suma que la reforma fiscal aprobada en 2018 sufrió múltiples cambios que debilitaron su potencial recaudatorio durante su discusión en el Congreso: un lamento recurrente de la entonces ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.
‘Tormenta perfecta’
Distintos economistas ahora ven que las finanzas públicas de Costa Rica se enfrentan a una especie de “tormenta perfecta”: ese concepto con el que se refieren a la confluencia de múltiples señales negativas o amenazantes.
Rodríguez considera que eso es lo que reflejan las nuevas estimaciones fiscales del gobierno.
La inflación lleva meses en niveles extraordinariamente bajos, lo cual reduce la recaudación; la apreciación cambiaria ha afectado a sectores que pagan impuestos como el turismo o la exportación; la menor capacidad de inversión estatal también impacta a sectores como la construcción; hubo reformas para reducir impuestos como el marchamo o el selectivo de consumo; y Hacienda reconoció errores en los valores fiscales que se usan para el cálculo y el cobro de algunos tributos.
El gobierno, además, tampoco ha logrado encontrar una solución definitiva para garantizar que las transacciones comerciales que pasan por el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) paguen impuestos: un agujero por donde estarían pasando cantidades relevantes de pagos sin declarar, según múltiples especialistas.
A todo eso se suman los conflictos internacionales, que amenazan con deprimir la economía; al igual que los fenómenos ambientales, como el esperado efecto de El Niño para este 2026.
Por separado, esos factores no tendrían por qué alterar radicalmente las proyecciones fiscales; pero juntos, sí.
Además de todo eso, el país también enfrenta presiones de gasto en sectores críticos como educación, salud y seguridad; donde el margen de inversión es cada vez más limitado por el pago de la deuda y la reducción de los ingresos. Asimismo, están las presiones crecientes por el envejecimiento, las cuales recaen mayormente en el sistema sanitario y de pensiones.
Por otra parte, existen amenazas por cuestiones monetarias. Por ejemplo, Hacienda estima que un rebote del tipo de cambio de solo el 10% implicaría que la deuda para el 2031 sea un 2% del PIB más alta.
¿Y ahora?
Las nuevas estimaciones reabren discusiones que parecían haber quedado totalmente en pausa.
Por ejemplo, el FMI recomendó en un informe publicado este 2 de junio, en el marco de una línea de crédito internacional, que Costa Rica aplique un nuevo paquete fiscal en el que revise exoneraciones, fortalezca la administración tributaria y aumente sus ingresos.
Entre otras posibles soluciones, señaló que se podría introducir una tarifa única de renta para sociedades con un régimen simplificado para pequeños contribuyentes; eliminar exoneraciones sobre cuestiones como boletos aéreos, equipo médico, productos de madera, vehículos para alquiler turístico, premios de lotería, aguinaldo y salario escolar; y quitar la tarifa diferenciada de la que hoy gozan los productos de la canasta básica (con mecanismos para ayudar a las familias más pobres).
Todo eso lo plantea porque, según el organismo internacional, Costa Rica debe aplicar acciones adicionales para continuar estable.
Hasta ahora, el gobierno de Laura Fernández rechaza la idea de aplicar una nueva reforma fiscal integral, pero reconoce que es necesario tomar medidas. Hacienda aseguró ante una consulta de La Nación que prepara varios proyectos de ley para fortalecer la recaudación, combatir la evasión y mejorar las capacidades cobratorias del Ministerio.
El expresidente Rodrigo Chaves también adelantó este 3 de junio en conferencia de prensa que trabaja en un “plan fiscal de corto, mediano y largo plazo”, que primero presentará al gabinete y que luego comunicará a la población.
Según dijo el exmandatario, que ahora es ministro de la Presidencia y de Hacienda de la nueva administración, el objetivo es que “el gobierno Fernández Delgado no sea un gobierno que aumente la deuda, a menos de que haya condiciones extraordinarias y de crisis”.
En la administración Chaves, el exministro de Hacienda, Nogui Acosta, propuso varios proyectos fiscales que tampoco se aprobaron.
Entre ellos, otra reforma de renta global, enmiendas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios y la eliminación de algunas exoneraciones menores. Ahora, el gobierno podría retomar algunas de esas iniciativas con Acosta como principal líder en el Congreso y una fracción oficialista mayoritaria, suficiente para aprobar proyectos que no afecten el funcionamiento de otros Poderes de la República.
Fernández prometió en campaña que no impulsaría “más impuestos”, aludiendo a la fortaleza de la “economía jaguar” en la que insiste el chavismo; sin embargo, la anterior administración mantuvo un discurso más favorable frente a la eliminación de exoneraciones, a pesar de que su efecto es el mismo (la aplicación de impuestos que antes no se cobraban).
Ante las múltiples informaciones que surgieron por las recomendaciones del FMI, el viceministro de Hacienda, Víctor Julio Carvajal, aseguró que “las finanzas públicas están estables”, pero se necesita “mejorar” sin nuevos impuestos. “Tomaremos en cuenta algunas de las propuestas que el FMI nos hizo, pero es el Gobierno de la República el que toma las decisiones”, puntualizó.
La discusión regresa
Más allá de ese plan, Nogui Acosta considera que “los impuestos son el menor de los problemas”. Desde su perspectiva, la verdadera discusión que queda por delante es cuál es el tipo de Estado que el ciudadano costarricense realmente quiere financiar.
“La gente llega y habla de ‘no más impuestos’, pero ‘no más impuestos’ significa no más carreteras, no más seguridad... todo lo que demandamos”.
“Yo no estoy diciendo con esto que haya que aprobar más impuestos, pero sí tenemos que pensar qué es lo que queremos”.
“Es como cuando vos vas a comprar un carro”, ejemplificó. “Si querés un carro lindo, tenés que pagar un precio. Si querés un carro utilitario, tenés que pagar otro”.
Sobre las propuestas del FMI, dijo considerar que algunas ya se han venido discutiendo en los últimos años y son razonables, pero que las decisiones finales serán del Ejecutivo y de la sociedad costarricense.
Según Fernando Rodríguez, Costa Rica requiere una reforma profunda y una gran cuota de responsabilidad sobre el futuro fiscal del país recaerá sobre esta administración, que tiene a su favor una mayoría parlamentaria que no se veía desde los años 1990. No obstante, la vena populista del chavismo podría dificultarle impulsar grandes reformas tributarias.
Costa Rica regresa a un viejo punto conocido: uno en el que puede resolver las asfixias del corto plazo o solucionar sus dilemas de fondo. El país de la “economía jaguar” vuelve a tener discusiones que creía superadas.
