EscucharEl clima de ataques y contrataques que ha caracterizado al sistema político nacional desde el inicio del gobierno del presidente Rodrigo Chaves ha reducido la capacidad del Estado de enfrentar los principales problemas del país. Mientras que el número de ataques por parte del mandatario a otras instituciones se contabiliza por decenas, la producción de leyes y reformas de peso en la Asamblea Legislativa se ha reducido sensiblemente en la comparación con el período anterior.
La situación quedó en evidencia en el último informe del Estado de la Nación, publicado este 14 de noviembre.
El diseño institucional del Estado costarricense es presidencialista; sin embargo, con una gran cantidad de controles, que hacen imprescindible una buena relación entre el Ejecutivo y los demás Poderes de la República para su adecuado funcionamiento. Esta es una carencia que el país parece estar resintiendo, al mismo tiempo que vive situaciones de crisis en campos cruciales como la inversión social, la educación, la seguridad ciudadana y los sistema de pensiones.
La situación, además, parece venir empeorando, según explicó el coordinador de la investigación en el ámbito político, el politólogo Ronald Alfaro. “Al inicio del gobierno eran ataques menos frecuentes, más distanciados en el tiempo, pero conforme hemos avanzado esos ataques se han intensificado", señaló.
Renuncia explícita
Los números dejan en evidencia que el clima de elevada confrontación impulsado por el Poder Ejecutivo ha entrabado la dinámica política.
Mientras que los ataques a otras instituciones y figuras políticas han sido frecuentes desde junio de 2022, la caída en la producción de leyes y reformas “sustantivas” —como el Programa Estado de la Nación (PEN) define a aquellas que producen algún impacto sobre el desarrollo humano de la población nacional— es perceptible.
En el período 2018-2022, el promedio de nuevas leyes y reformas “sustantivas” aprobadas por el Congreso fue de 84,75 por año; mientras que el número no pasó a 36 en el primer año de la administración Chaves Robles y apenas creció a 59 en el segundo.
Esta situación contrasta con el discurso del propio gobierno y de sus integrantes, quienes reconocen la urgencia de promover reformas estructurales en múltiples campos, con el fin de mejorar la situación del país y el funcionamiento de las instituciones.
A pesar de esa aparente contradicción, la caída en la producción de reformas de peso en realidad se coincide con otra línea discursiva del Gobierno: la de que, ante la complejidad para llegar a acuerdos con las actuales fuerzas políticas del Congreso, requiere esperar hasta las elecciones de 2026 para conseguir una nueva configuración parlamentaria, más favorable.
Tanto Chaves como otras figuras del Ejecutivo han insistido en la necesidad de que su proyecto político alcance 38 o más diputados en 2026, en un discurso que analistas políticos definen al mismo tiempo como una pretensión electoral real y como una justificación para el lento avance de sus ideas y sus proyectos —hasta ahora con niveles de éxito incipientes.
Un recuento elaborado por EF, al cierre de los primeros dos años del mandato de Chaves, determinó que el Ejecutivo solo ha logrado concretar seis de 30 de sus principales promesas y prioridades, mientras que las restantes 24 caminaban muy despacio o ni siquiera empezaban a andar.
El discurso de esperar por una “mejor” Asamblea fue señalado explícitamente por Chaves el 4 de noviembre pasado, cuando un periodista le preguntó sobre qué piensa hacer el Gobierno en relación con el Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM): el principal sistema de pensiones del país, cuyas proyecciones actuariales alertan sobre una inevitable situación de insolvencia a partir de 2047 si no se toman decisiones prontamente.
Chaves señaló que le parece inútil cualquier intento por atender esa situación actualmente, a pesar de reconocer que es apremiante.
“Nosotros no hemos hecho todavía una propuesta específica porque eso tendría que ir al Congreso y, con la colaboración que tiene este Congreso, diay, yo no sé si llevarle serenatas a una persona sorda", respondió. Y luego subrayó: “hay que esperarse, desde mi punto de vista de la realidad de la división de Poderes, a que haya una mejor Asamblea Legislativa en 2026”.
En su recuento, con base en publicaciones de la prensa, el PEN identificó 56 ataques del presidente Chaves en contra de sus principales contrapesos en la función pública (el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República) desde junio de 2022 hasta agosto de 2024.
De ese gran total, el parlamento fue el blanco de casi la mitad.
Años perdidos
Según el PEN, la falta de diálogo y de cooperación política se ha traducido en el regreso del “entrabamiento” político de las primeras dos décadas de este siglo.
La situación parecía haberse superado en el cuatrienio 2018-2022, cuando las fuerzas políticas lograron tramitar una agenda pesada y que se conectó fuertemente con las prioridades de ese momento, como la crisis de financiamiento estatal o la pandemia de la covid-19.
No obstante, el think tank académico advirtió de que existe una gran diferencia en la comparación con el pasado: hay una convulsión política exacerbada.
La situación es de “permanente crispación política”, según el informe, en el cual además se hace énfasis sobre la barrera que ello implica para resolver los problemas sociales más complejos que enfrenta el país.
Según el análisis, el gobierno ha tenido éxito a la hora de impulsar proyectos en el Congreso sobre cuestiones económicas o tributarias en las que tiene cierta coincidencia con la mayoría de otras fracciones. Pero, como no existe un clima adecuado para llegar a grandes acuerdos nacionales, también se han desatendido múltiples temas que deberían ser prioritarios.
Al mismo tiempo, el Congreso tampoco ha logrado impulsar grandes reformas por su cuenta, en parte porque concentra parte de sus esfuerzos en contener al Poder Ejecutivo y defenderse de sus ataques.
Ante ese escenario, concluye el informe, “la legislación aprobada no solo está concentrada en pocas áreas específicas", sino que, “no destacan grandes reformas que procuren cambios en temas estratégicos de la política pública, de la organización del Estado o de ampliación del portafolio de derechos y libertades ciudadanas”.
Entre más agresiones, menos soluciones.
