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Imagine que su hijo se rehúsa a hacer exámenes en el colegio porque alega que le afectan sicológicamente. Imagine que su empleado se opone a una evaluación porque teme que las pruebas no se ajusten a su realidad laboral.
Algo similar sucede en la educación pública. Desde hace más de una década, los intentos por desarrollar evaluaciones periódicas a los educadores enfrentan una extensa lista de tropiezos que evitan el seguimiento de los niveles de la calidad docente en los que los costarricenses invierten.
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A más de un año de la promesa del mandatario Luis Guillermo Solís de “evaluar con igual rigor” a los docentes que a los estudiantes, los procesos de evaluación global muestran cambios lentos.
Al azar
Actualmente el proceso de contratación del Ministerio de Educación Pública (MEP) en el Servicio Civil impide priorizar la elección de profesionales de cualquier universidad. Es decir, el hecho de que una carrera esté o no acreditada, dure tres o seis años, influye de forma mínima en la contratación de un funcionario.
“Tratamos de hacer una reforma al Sinaes en la Asamblea para que se hiciera obligatoria la acreditación al contratar desde el Estado”, recuerda Leonardo Garnier, exministro de Educación.
“El texto original decía ‘el Estado está obligado’, pero pasó a decir ‘el Estado procurará’. Eso es un saludo a la bandera”, califica.
Con título en mano de cualquier universidad, el cuerpo docente del MEP tiene estándares de calidad variados.
Las pocas pruebas de diagnóstico realizadas lo demuestran. En julio de 2008 el Ministerio detectó que un 38% de sus profesores de inglés tenían niveles de dominio del idioma correspondientes a principiantes.
En agosto de 2010, un 48% de los profesores de matemática fallaron al responder preguntas de exámenes de bachillerato.
No se han hecho pruebas en otras materias, salvo la implementación del examen TOEIC como requisito para el ingreso de los profesores de inglés a propiedad. Sin embargo, ¿cómo puede conocer un país la calidad de sus docentes si no se les evalúa?
Gilbert Díaz, presidente del Sindicato de Educadores (SEC), asegura que los problemas no se resuelven con evaluaciones, mucho menos si son punitivas.
“El asunto no es evaluar al docente que es al que menos se puede señalar si hay una falla o baja calificación. (...) Antes de hablar de pruebas, hagamos una evaluación del sistema general”, dice.
El año pasado, ante la propuesta del presidente Solís, los tres principales sindicatos de educadores compartieron su rotunda negativa a la idea.
Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), alegó que las pruebas afectarían la sicología del docente, mientras que los otros representantes dijeron sentirse ofendidos por la propuesta.
Capacitaciones sin castigos
De momento, el plan del MEP dista de una evaluación general a todos los docentes, pero procura dar nuevos pasos sobre el tema.
A finales de 2016 se plantea una evaluación para una de las asignaturas del tercer ciclo, otra para los directores de los centros educativos y un estudio de factores asociados al rendimiento de estudiantes en las pruebas de bachillerato en matemática.
Sin embargo, las evaluaciones continuas a todos los docentes no se vislumbran a corto plazo.
“En Costa Rica tenemos miedo de que nos evalúen porque pensamos que es para castigar. No es para castigar. Es para mejorar”, explica Lilliam Mora, directora de Gestión y evaluación de la calidad del MEP.
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Más títulos, ¿más calidad?
En 1996 , un 23% de los profesores del Ministerio carecía de algún título profesional. Veinte años después, el porcentaje es menor al 5%, y coincide con un crecimiento de los estudios superiores privados.
Según el Informe del Estado de la Educación, en el 2013 un 71,6% de los diplomas otorgados a educadores correspondía a graduados en centros privados.
“La acreditación de las carreras de educación es imperativa”, asegura la ministra Sonia Marta Mora, quien llevó al Congreso un proyecto de reforma del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada. La propuesta se presentó en abril 2015, pero aún no llega al Plenario.
Hay otra opción lejos de la Asamblea Legislativa, aunque igual de esperanzadora.
El Estatuto del Servicio Civil define en su artículo 87 la existencia de un “jurado” que define los concursos de contratación de docentes. Allí, tienen voto la Universidad de Costa Rica (UCR), el MEP, dos sindicatos, el Colegio de Profesionales, el Servicio Civil y la Conferencia Episcopal (para profesores de religión).
“Estos jurados se han unido siempre para no permitir la utilización de pruebas”, explica José Joaquín Arguedas, exdirector del Servicio Civil. “Ese estatuto es una renuncia del Estado a establecer sus propios mecanismos de selección”.
Este año, el MEP invertirá casi ¢1.700 millones para capacitar a 55.000 funcionarios. El país paga por educar a profesionales que contrató sin saber su calidad.
Números rojos
En la última década, el MEP ha priorizado la realización de pruebas docentes para matemática e inglés. Estos son algunos de los resultados:
Julio 2008: El MEP aplica un examen a 3.454 docentes de inglés (95% del total de profesores). 38% se ubicaron en niveles principiantes del idioma. Solo 13,5% tenían un nivel alto.
Agosto 2010: 48% de los profesores de Matemática del MEP fallaron al responder preguntas de exámenes de bachillerato. Solo un 52% de los profesores obtuvieron un nivel avanzado en la aplicación de la prueba.
2015: El Mep aplica un nuevo examen diagnóstico a 3.133 docentes de inglés. La cantidad de principiantes bajó a 20,7% y la cantidad de usuarios competentes de inglés subió a 27,5%.
Fuente MEP, ARCHIVO LN.
