EscucharHace cuatro años, el 27 de setiembre del 2018, Costa Rica firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, pues se adoptó en esa localidad el 4 de marzo del 2018.
Sin embargo, el país aún no lo ratifica y el actual Gobierno descarta impulsar el proceso de ratificación en la Asamblea Legislativa. El ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, expresó en entrevista a EF que el Acuerdo “no va a aportar nada” a Costa Rica y que, más bien, podría ser perjudicial.
Usted dijo al diario El País (España) que algunos sectores ven este acuerdo como innecesario o inconveniente, incluido el gobierno, pero otros sectores piensan lo contrario. ¿Qué les dice usted a ellos?
—Lo que he dicho es que el Acuerdo de Escazú en Costa Rica, donde hay muy buena protección a los derechos humanos, muy buena protección al ambiente y todo un proceso de validación del impacto ambiental de los proyectos, sobre todo los grandes, yo no veo que aporte al ambiente en Costa Rica. En eso no va a aportar nada. Por otro lado, el sector privado lo ve como que podría crear un requisito más, una complejidad más, que va a retrasar la inversión. Es una cosa que es llover sobre mojado cuando ya Costa Rica más bien el reclamo es que tenemos demasiadas regulaciones. Entonces, en ese marco, creemos que, uno, no es necesario; y dos, podría ser mucho más perjudicial para la economía y no necesariamente mejorar nada en el tema de derechos humanos.
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¿Ese es el inconveniente que ven ustedes?
—Correcto. Por eso el gobierno pasado no lo pudo pasar en la Asamblea Legislativa.
Algunos sectores lo que dicen es que si el acuerdo incluye aspectos que ya están en la legislación costarricense, ¿cuál sería el inconveniente con aprobarlo? Pero para ustedes el inconveniente es lo que ha dicho el sector privado…
—Creo que tiene razón lo que ha dicho el sector privado. Sí creo que podría entorpecer la legislación vigente y llenarnos de más trámites innecesarios. Por otro lado, entiendo que otros países lo quieren y perfecto, que lo ratifiquen. Hay otros países que están más débiles, que necesitan un acuerdo internacional para que políticamente se les haga viable pasar estos requisitos ambientales y de protección de los derechos humanos; más bien lo ven como una manera de contener la discusión alrededor del permiso social de grandes proyectos de infraestructura. El Acuerdo de Escazú está hecho para eso, para darle certeza a los dos lados, a los grupos ambientales y sociales y a los grupos inversionistas en grandes proyectos de impacto en el ambiente que pueden ser mineros o de infraestructura. Costa Rica no necesita eso. Claro, como se llama el Acuerdo de Escazú se espera que Costa Rica lo ratifique por eso. No, si ese es el argumento, pues el argumento es bastante flojo. No por el nombre lo vamos a ratificar.
¿Existe en el país una norma similar al artículo 9 del acuerdo sobre derechos humanos en asuntos ambientales?
—Creo que sí. No sé cuál es el artículo 9. ¿Qué reza?
El que habla sobre la protección de los derechos humanos en defensores del medio ambiente…
—Sí, creo que no está tutelado específicamente así. No creo que haya miedo en Costa Rica de que no se vayan a respetar los derechos humanos si alguien aboga por el ambiente. Nuestra Constitución es fuerte en eso.
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Posiciones encontradas
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 25 países del continente americano son firmantes del acuerdo, pero solo 14 de ellos lo han ratificado. El más reciente fue Chile, en junio de este año, mientras que en Colombia ya superó tres aprobaciones en la Cámara de Representantes y resta solo un último debate.
Argentina, Ecuador o Panamá están entre los demás Estados que ya son parte. Por el contrario, otros como Estados Unidos o Canadá no lo firmaron.
En Costa Rica, que fue sede para la discusión, el tema ha suscitado posiciones encontradas entre diversos sectores.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) ha mantenido una férrea oposición a que Costa Rica ratifique dicho documento.
La organización empresarial sostiene que el acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica, según manifestaron en un comunicado de prensa emitido en abril del 2021.
Entre las preocupaciones de Uccaep están lo que consideran un “mecanismo inadecuado” de participación del público en los procesos de toma de decisiones o temas administrativos y judiciales ante posibles daños al ambiente.
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Según Nicolás Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), la legislación costarricense carece de una disposición similar al artículo 9 del Acuerdo de Escazú para proteger la vida de quienes defienden el ambiente, y acusó al ministro de desconocer la legislación ambiental y de derechos humanos vigente en el país.
“Persiste una impunidad que delata las falencias y lagunas del Estado para investigar correctamente asesinatos contra ecologistas en Costa Rica”, dijo Boeglin, al recordar casos como los de Jairo Mora, Sergio Rojas y Jerhy Rivera.
No obstante, el académico admitió que varios aspectos del Acuerdo de Escazú ya se contemplan en Costa Rica, como la inversión de la carga de la prueba en materia penal o algunas herramientas de participación ciudadana, pero señaló falencias en el acceso a la información en materia ambiental o la falta de un tribunal del Poder Judicial especializado en temas ambientales.
La Cepal, bancos regionales y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) han llamado a los países firmantes a ratificar el Acuerdo pues lo consideran una herramienta para generar certeza y estabilidad en las inversiones, según manifestaron en marzo de este año en el Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.
El Gobierno del expresidente Carlos Alvarado impulsó la aprobación del acuerdo, sin éxito. El panorama actual indica que existe poca recepción de parte de los diputados. La bancada oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) o la del Partido Liberal Progresista (PLP) ya se han posicionado en contra de la ratificación.
