EscucharLa regla fiscal es la principal herramienta de contención del gasto público en Costa Rica hasta la fecha. Sin embargo, el Gobierno realizó cambios a su reglamento de control en 2022 y anunció su intención de soltarle algunas amarras a la norma, lo cual le quitaría parte de su efecto.
El asunto fue analizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su más reciente informe de Estudios Económicos sobre el país, publicado este mes de febrero.
En él, la entidad internacional definió a la regla fiscal como “la única herramienta de anclaje de las políticas fiscales en Costa Rica” y aseguró que los cambios que propone el Ejecutivo “implicarían una reducción más lenta del déficit global” para el Gobierno Central.
La Organización sugiere dejar eventuales revisiones y reformas a la regla fiscal para un “mediano plazo”, una vez que se pueda hacer “un balance de la experiencia adquirida durante su implementación en los últimos años”.
Por ahora, sostiene que una implementación rigurosa es “fundamental para mantener la estabilidad macroeconómica” del país.
La OCDE estimó que, si el gasto público creciera solo en un 1% del PIB por encima de lo permitido por la regla fiscal y de los planes del Poder Ejecutivo para los próximos años, el endeudamiento público seguiría en franco crecimiento y revertiría su tendencia que por fin es ahora decreciente.
Los cambios, los pros y los contras
El Gobierno modificó el reglamento de aplicación de la regla fiscal, en junio de 2022, para que su cálculo y su revisión de cumplimiento se base sobre los montos presupuestados institucionalmente y no sobre los montos realmente ejecutados, como ocurría hasta entonces.
Con ese cambio, indicó la OCDE en su informe, hay efectos mixtos.
Por un lado, se aumenta el margen de gasto, “ya que el gasto presupuestado tiende a ser superior al gasto ejecutado”; pero, por otro, también se evita desincentivar los ahorros extraordinarios de instituciones, que podían evitar ejecuciones menores para contar con más recursos en años siguientes.
Además, el Gobierno presentó un proyecto de ley que busca modificar la forma en que se aplica la regla fiscal, en septiembre pasado.
Dicho cambio busca dejar por fuera de la restricción de gasto las inversiones de capital (como la construcción de infraestructura), los intereses de la deuda pública y a las empresas públicas o instituciones autónomas con actividades comerciales que no están en competencia, entre otras cuestiones.
La OCDE señaló que los efectos de esta posible reforma son “inciertos”, pero que sí implicaría una desaceleración sobre el proceso de ajuste entre ingresos y gastos del Gobierno Central.
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Gobierno defiende cambios
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ya defendió el proyecto con las nuevas propuestas de reforma a la regla fiscal ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde se analiza el futuro de la iniciativa.
En ese foro, el 24 de enero pasado, Acosta señaló que “la regla fiscal no es un instrumento perfecto” y que por eso se requieren los nuevos cambios.
El jerarca señaló que se busca excluir a grupos que no son claves en el tema fiscal. Además, indicó que continuar restringiendo los gastos de capital puede limitar de más la capacidad del Estado para cumplir con sus tareas, y que hacerlo con el pago de intereses de la deuda pública podría tener poco sentido, al tratarse de una variable que se guía por tasas de interés difíciles de controlar.
“Si hay un claro ejemplo de la imposibilidad de controlar el pago de intereses ha sido este año”, afirmó el jerarca, en alusión a la subida de tasas que han aplicado las autoridades monetarias del mundo en los últimos meses para frenar la inflación. “Esa imposibilidad de tener certeza de cuál va a ser el gasto limita la posibilidad de contemplar otros gastos igualmente necesarios”.
Junto con el pago de intereses, Hacienda también aboga por dejar por fuera de la regla fiscal el pago de imprevistos como erogaciones por resoluciones judiciales o imprevistos contractuales.
Otro factor que se busca excluir son los recursos de donaciones recibidos por las instituciones. Estas donaciones, indicó Acosta, “no son continuadas” y, por ende, no implican gastos que se vayan a mantener en el tiempo.
“En esto un ejemplo son las universidades”, anotó. “Muchas no podía aplicar donaciones para investigación pues excedían la regla y, en este sentido, hay que entender que son donaciones que no son permanentes, ni generan gastos constantes que vayan a perdurar”.
Sobre los cambios ya aplicados, para revisar la aplicación de la norma con base en montos presupuestados y no ejecutados, Acosta señaló que se buscó corregir el “incentivo perverso” para ejecutar el máximo de los recursos disponibles en las instituciones.
“¿Qué es lo que teníamos?, situaciones tan particulares como que una entidad no dejó un edifico que tenía desocupado porque luego podía implicarle una reducción para los gastos del siguiente período”, ejemplificó.
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A “mediano plazo”
Sobre eventuales cambios a la regla fiscal, sin embargo, la OCDE dice verlos más adecuados “en el mediano plazo”.
“En el mediano plazo, realizar una revisión cuidadosa de la regla fiscal, haciendo un balance de la experiencia adquirida durante su implementación en los últimos años, podría ayudar a mejorar su diseño y asegurar que continúe garantizando una postura fiscal prudente y una dinámica sostenible de la deuda”, anotó el organismo internacional.
Según la organización, existen otras cuestiones que también podrían aumentar el margen de gasto de las instituciones, más allá de eventuales reformas a la regla.
Por ejemplo, la contención del gasto en la masa salarial del sector público, cuya escala salarial pronto será reformada con la Ley Marco de Empleo Público (10.159).
La regla fiscal es un mecanismo clave para el control del gasto público y también ha sido definido como fundamental por parte de entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que actualmente mantiene en marcha un programa de financiamiento con el país ligado a metas de estabilidad financiera de corto y mediano plazo.
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El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y demás miembros del gabinete de gobierno asistieron a la presentación del último informe de Estudios Económicos de la OCDE para Costa Rica, este 6 de febrero. (Rafael Pacheco Granados)
