EscucharA casi 9.000 kilómetros de distancia, las miradas de cientos de exbananeros estarán puestas el miércoles 11 de mayo en París, donde un tribunal debe decidir si ejecuta una sentencia nicaragüense que obliga a multinacionales estadounidenses a indemnizarlos por los efectos de un pesticida.
"Estamos esperando que ya se gane la sentencia. Aquí en Nicaragua ya la tenemos ganada, solo falta lo que digan allá", aseguró a la AFP en Nicaragua Edgard López, de 62 años, que trabajó seis años en plantaciones de banano en Villanueva (noroeste).
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/YOR67EZHXVGPRIYHLEBPM2ASEM.JPG)
Bananeros afectados esperan la resolución del tribunal francés. (alonso tenorio)
La justicia nicaragüense condenó en 2006 a las empresas de agroquímicos Shell, Dow Chemical y Occidental Chemical a pagar $805 millones a unos 1.200 extrabajadores de fincas bananeras, quienes nunca percibieron la indemnización, por el impacto en la salud del uso del pesticida DBCP.
LEA MÁS: Guerra en Ucrania pone en jaque el rendimiento de cultivos agrícolas por escasez de fertilizantes
Pese a haber sido confirmada en casación en Nicaragua años después, los demandantes llevaron en 2018 el caso a Francia en virtud del procedimiento llamado exequátur, que permite aplicar en este país un fallo de un tribunal extranjero y, según sus abogados, también en la Unión Europea (UE).
Si el tribunal de primera instancia francés acepta la ejecución de la sentencia, podrían incautarse activos de estos tres grupos agroquímicos para abonar la indemnización. La decisión, prevista en París a partir de las 1:30 p. m. (5:30 p. m., hora de Costa Rica), puede recurrirse en apelación.
"Pero también existe la posibilidad que nosotros podamos ejecutar el fallo provisionalmente aún cuando esté sea apelado", dijo a la AFP el abogado nicaragüense Barnad Antonio Zavala Mojica, quien expresó su confianza en la justicia francesa.
Sin embargo, durante la audiencia celebrada el 24 de enero, los letrados de las empresas argumentaron, por su parte, que la justicia no puede pronunciarse y denunciaron que se violó el derecho de la defensa durante el proceso en Nicaragua que, en su opinión, se trató de un "fraude".
"Tal alcance de violaciones de derechos de la defensa es poco habitual", dijo entonces el letrado de Dow Chemical, Jacques-Alexandre Genet, quien calificó de "discriminatoria" una ley de 2001 que busca "facilitar" el trámite de los juicios sobre DBCP en Nicaragua.
La defensa, que aseguró que las tres empresas condenadas "nunca estuvieron presentes en Nicaragua" físicamente, señaló además que en 2009 una jueza de California destapó un "fraude" fabricado por abogados con la "implicación" del sistema judicial nicaragüense en este escándalo.
"Las compañías demandadas estaban registradas en Nicaragua como importadoras del pesticida DBCP y todas las importaciones (...) las hicieron incurrir en responsabilidad como fabricantes, según la ley nicaragüense", dijo a la AFP el letrado de los demandantes Gustavo Antonio López Argüello.
El DBCP, un pesticida prohibido en 1977 en Estados Unidos y comercializado hasta 1983 en Nicaragua como Nemagón o Fumazone, ha sido objeto de numerosas demandas judiciales en América Latina.
Este producto está acusado de provocar cáncer e infertilidad. Los riesgos para el hombre fueron reconocidos en 1977, tras detectar numerosos casos de esterilidad entre los trabajadores de una fábrica de California.
"Aquí ya se han muerto montones [de extrabajadores]. A mí los riñones se me están secando, tengo problemas de corazón y alergia. Solo con medicamentos vivo", aseguró López, que, según explicó, también padeció problemas de fertilidad.
Félix Ponce, de 67 años y quien comenzó a trabajar con 40 años en las bananeras, presenta un cuadro similar. "Pero lo que más me duele es no tener hijos, llegar a esta edad sin que nadie cuide de mí", explicó.
“Confiamos en que vamos a tener esta indemnización. Esa es toda nuestra esperanza, para que podamos suplir las necesidades que tenemos para atender nuestras enfermedades, comprar una vivienda y los medicamentos”, agregó.
