Escuchar14 funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) fueron detenidos, la mañana de este martes 9 de noviembre, por agentes judiciales de la Sección de Estupefaciente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por presuntamente ayudar a empresas de una organización -que sospechosa de narcotráfico y lavado de dinero- a ganar concursos de obras públicas.
De acuerdo con el boletín de prensa enviado por el OIJ, se presume que las licitaciones ganadas alcanzaron montos entre los ¢700 millones y ¢800 millones desde el año 2020 hasta la fecha.
“(Los integrantes de la banda) habían contactado a los funcionarios para que les dieran facilitación en las licitaciones. De esa manera el dinero en efectivo sucio, ilegítimo y de origen oscuro, se mezcla con dinero bancarizado del Estado y eso le permite darle una apariencia de legalidad e insertarlo en el sistema financiero”, dijo el director del OIJ, Wálter Espinoza, según el periódico La Nación.
Por su parte, el presidente del AyA, Tomás Martínez, manifestó, a través de un comunicado de prensa emitido por la institución pública, que no tienen detalles “sobre los casos que están siendo investigados, pero confiamos plenamente en las autoridades judiciales y vamos a prestar la ayuda que se nos requiera con el fin de determinar si funcionarios nuestros están relacionados con los hechos irregulares que, se menciona, habrían sucedido con contrataciones realizadas por oficinas regionales del AyA”.
Además, a través de una publicación de Facebook, el OIJ informó que ya detuvieron a 24 personas sospechosas de tráfico de drogas, legitimación de capitales, corrupción y otros delitos; vinculadas con este caso.
El Organismo explicó que 14 empleados del AyA, entre ellos administradores, abogados e ingenieros, y un funcionario de un banco estatal se encuentran entre los detenidos por asesorar a la banda; de acuerdo con La Nación.
Asimismo, como parte de la desarticulación de la banda criminal, el OIJ ha realizado 37 allanamientos en diferentes lugares de Puntarenas, Cartago, Alajuela, San José, San Isidro de El General, Esparza, Orotina, San Mateo y Pérez Zeledón, en los cuales ha pretendido la detención de 27 personas; según expresó la institución en el boletín de prensa.
Durante los allanamientos, el Organismo ha decomisado maquinaria perteneciente a las supuestas empresas constructoras, documentación, archivos de las bases de datos de la institución pública, entre otros.
Una investigación de dos años
La investigación comenzó hace dos años, cuando el OIJ le decomisó 195 kilos de cocaína, en las inmediaciones de Zapote, a un sujeto de nacionalidad mexicana. A esta persona se le relacionó con un individuo de nacionalidad colombiana, este último ya tenía antecedentes por el delito de narcotráfico.
A ambos sujetos se les ligó, también, con personas de nacionalidad colombiana y con costarricenses, quienes también conformaban la aparente organización.
La pesquisa determinó que estas personas, al parecer, creaban empresas dedicadas a la construcción con sociedades bien conformadas. Para ello, aparentemente contaban con la ayuda de una abogada ubicada en Puntarenas, quien presuntamente les colaboraba con el traspaso de propiedades y la consulta de vehículos para establecer si eran vehículos policiales.
“Presuntamente estas empresas participaban en los concursos de obras públicas de una institución del Estado, en los cuales y con la aparente ayuda de los funcionarios antes mencionados, ganaban los concursos con lo cual lograban la aparente legitimación de capitales provenientes del narcotráfico”, indica el boletín de prensa del Organismo..
Adicionalmente, al parecer, el grupo organizado contó con el apoyo de un funcionario de un banco estatal, quien aparentemente les asesoraba en la manera en que podían realizar créditos bancarios para ocultar la forma en que la organización legitimaba el dinero y la obtención de divisas sin generar alerta ante el sistema bancario.
