Los integrantes de la supuesta banda criminal habían contactado a los funcionarios para que les dieran facilitación en las licitaciones de obras pública, según Wálter Espinoza del OIJ.

El OIJ estimó una 'laguna financiera' de al menos ¢78.000 millones, solo entre 2018 e inicios de 2020 por supuestas malversaciones de recursos.