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Tres son las áreas prioritarias en que busca enfocarse el bloque de oposición del Parlamento para cumplir su cometido de recortar el gasto público antes de aceptar la propuesta del Gobierno de aprobar más impuestos.
El control a los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto de la República, a los incentivos salariales e imponer reglas fiscales para ordenar la administración del gasto son las tres zonas donde los 33 diputados desean empezar.
Sus expectativas suman más de un 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en ahorros anuales.
Hacienda coincide con algunas de las propuestas que potencian los diputados.
Sin embargo, sus expectativas de liberar recursos para enfrentar el déficit fiscal (previsto para un 5,7% del PIB para el 2015) son menos optimistas.
Por esto, la cartera insiste en promover el aval a sendas reformas a los tributos de renta y ventas, que le reportarían al erario un 2% del PIB adicional por año.
Antecedentes y causas
Según la memoria anual del 2014 de la Contraloría General de la República (CGR), el crecimiento del gasto durante el año pasado fue remolcado por transferencias corrientes y remuneraciones.
Y, entre ese grupo de partidas, la pensiones y las remuneraciones tuvieron un peso mayor.
Entre las pensiones, fue el régimen del Magisterio Nacional el que más peso tuvo, acaparando un 18% del presupuesto.
Entre todos los regímenes representan el 10% del presupuesto ordinario de la República.
Durante el 2014 ese porcentaje equivalió a ¢149.130 millones, cerca de un 0,4% de la producción.
En remuneraciones, la CGR señaló que en el 2014 se destinó un 7,4/ del PIB.
Las remuneraciones básicas y los incentivos salariales acapararon el 82,4% del dinero destinado a pagar la planilla estatal.
Pero el punto clave en este ámbito es que los incentivos salariales tuvieron un crecimiento más dinámico que las remuneraciones básicas en los presupuestos del 2013 y del 2014.
Una de las causas de ese paso acelerado en el gasto en incentivos salariales es que estos se aplican por igual a todos los empleados públicos automáticamente.
Los gastos en pensiones, en remuneraciones y en pluses salariales, han presionado las finanzas públicas al punto de que en el 2014 el Gobierno tuvo que financiar con endeudamiento gastos corrientes por un ¢1 billón, o un 4% del PIB. Algo que va en contra de la única regla fiscal que existe en la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, para impedir el financiamiento de gasto ordinario.
Las propuestas
Las cifras, afirma el diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), sustentan la tesis de que gran parte de la solución a la crisis fiscal que enfrenta el país pasa por el recorte al gasto.
Datos de su despacho indican que para el 2015 se presupuestaron ¢100.000 millones para el pago de anualidades en el sector público, un 16% más que en el 2014.
En tanto que las anualidades acumuladas suman ¢736.000 millones, un 2,5% del PIB al 2015.
Solís afirma que, si bien sería deseable su existencia, no se requiere de una nueva ley para limitar el pago de esos incentivos, pues está dentro de las competencias de los jerarcas del Poder Ejecutivo y de las entidades autónomas emitir directrices para que el incentivo de las nuevas anualidades se paguen a aquellos funcionarios públicos que realmente las ganen con su buen desempeño.
“Si se quitara el 80% del pago de horas extras, el 60% del incremento en la dedicación exclusiva y si eliminamos el 90% del pago de prohibición, nos ahorraríamos ¢460.000 millones este año, lo cual equivale a un 1,6% del PIB, más de la mitad del déficit primario (3,1% del PIB)”, afirmó.
Otros de sus colegas, como Sandra Piszk, diputada de Liberación Nacional (PLN) y Otto Guevara, del Movimiento Libertario, sí consideran necesaria una ley de reordenamiento salarial del sector público.
Piszk presentó en marzo un proyecto que apunta en esa dirección. El proyecto del Movimiento Libertario también es reciente.
Uno de los puntos fundamentales de la propuesta de Piszk es poner un tope general de un 2,25% a las anualidades y crear una comisión técnica que se encargará de emitir los criterios para evaluar a los empleados públicos y determinar quiénes merecen el pago.
Según Piszk, actualmente ese incentivo se mueve en el rango de entre un 1,9% y un 2,2% en el Gobierno Central, mientras que hay instituciones autónomas en las que la anualidad va de un 5% a un 7%.
La diputada reconoció que el proyecto de ley toca materias sensibles, por lo que adelantó que se tramitará con cuidado, para no afectar derechos adquiridos de los burócratas.
Sandra Piszk también tiene presentados otros cuatro proyectos para limitar el gasto el pensiones.
El Ministerio de Hacienda rescató varias de las propuestas de la legisladora para controlar el crecimiento de las pensiones.
Sin embargo, el viceministro de Egresos de Hacienda, José Francisco Pacheco, afirmó que la expectativa más optimista de ahorro que maneja su cartera es de ¢40.000 millones o el equivalente a 0,15% del PIB durante el primer año de vigencias de las reformas, aunque el panorama más realista que pinta Hacienda es de un ahorro cercano a los ¢25.000 millones, lejano de las necesidades de recursos que enfrenta.
En materia de regla fiscal, Otto Guevara dijo que en un proyecto de su autoría, junto con Mario Redondo (Alianza Demócrata Cristiana), se propone fijar un tope de un 2% del PIB al déficit.
En este apartado, José Francisco Pacheco cree que el aporte más valioso sería plantear un proyecto con reglas fiscales que se acomoden a los ciclos económicos para flexibilizar las actuaciones de Hacienda y ver las experiencias de otras naciones de la región, las cuales les transmite actualmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La contralora Marta Acosta, quien ha emitido constantes alertas sobre la necesidad de tomar medidas para frenar los disparadores del gasto, afirmó que cualquier iniciativa en esa dirección debería ser positiva, principalmente aquellas que se enfoquen en el gasto primario del Gobierno, compuesto por las remuneraciones, pensiones y subvenciones.
Cambio necesario
Pensiones de exdiputados: Busca eliminar el ajuste automático del 30% anual en 200 pensiones de exdiputados y limitar el ajuste a la inflación.
Régimen de Hacienda: Elimina las pensiones vitalicias salvo casos de discapacidad.
Porcentaje de cotización: Aumenta el porcentaje de cotización de un 7 a un 18% para los regímenes especiales de pensiones.
Régimen del Poder Judicial: Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para imponer un tope a las pensiones de los extrabajadores y obliga a una contribución solidaria a los pensionados que irá al fondo del Poder Judicial.
Fuente Entrevista s Sandra Piszk.
