Orlando Aguirre Gómez, el magistrado de 79 años de edad y presidente de la Sala Segunda (laboral y de familia) durante los últimas tres décadas, es el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Aguirre resultó electo después de 19 rondas de votación y surgió como un candidato con apoyo mayoritario después de cinco sesiones sin que ningún otro de los candidatos alcanzara el mínimo requerido de 12 votos (de entre las 22 magistraturas que componen la Corte Plena).
Tras su elección como presidente de la Corte, Aguirre aseguró que su prioridad será impulsar una “flexibilización” del Poder Judicial. En ese sentido, señaló que se debe revisar las estructuras del Poder de la República y buscar los caminos necesarios para erradicar la mora judicial. También habló sobre la creación de una Auditoría Técnica que proponga los cambios que se consideren pertinentes para una mayor eficiencia.
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En su primer discurso, además, llamó a defender la “integridad” del Poder Judicial y a hacer lo propio con su presupuesto.
Antes de convertirse en magistrado propietario de la Sala Segunda, en 1989, Aguirre ocupó distintas sillas en otros juzgados.
Crisis reputacional
Aguirre señaló que la Corte “debe estar alerta ante cualquier situación que por lo menos se piense como un peligro para la institucionalidad del Poder Judicial”.
En declaraciones recogidas por Radio Monumental, el jerarca afirmó que casos como el del “cemento chino”, a finales de 2017, son cuestiones que quedan el pasado y que ahora se debe trabajar para evitar que surjan situaciones similares.
El caso popularmente conocido como del “cemento chino” generó un terremoto en el Poder de la República.
Por aquel entonces, renunció el fiscal general Jorge Chavarría; el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, se acogió a su jubilación tras ser amonestado; y el magistrado Celso Gamboa resultó destituido por parte de la Asamblea Legislativa.
La desestimación de una primera denuncia sobre el caso y la implicación del exmagistrado Gamboa en un viaje en el que también participó el empresario cementero Juan Carlos Bolaños generaron un cisma en la Corte, del que aún quedan repercusiones reputacionales.
Defensa presupuestaria
Tras su ajustada elección como presidente de la Corte, Aguirre llamó a “pasar la página de lo que ha sucedido en los últimos tiempos”.
Además, llamó la atención sobre la necesidad de “atender esos problemas como los recortes de presupuesto que debemos defender”.
Al respecto, señaló que el Poder Judicial identificó problemas en el plan de gastos enviado por el Gobierno al Congreso, los cuales ya han sido comentados con diputados.
Aguirre manifestó preocupación por las normativas que, desde su punto de vista, “tienden a limitar las actividades del Poder Judicial” y a propiciar la injerencia de otros poderes en su funcionamiento. Según publicó La Nación, dijo que aún no existe claridad sobre cómo funcionará la Ley Marco de Empleo Público en la entidad, pero que actualmente se realiza una revisión interna al respecto.
Aguirre asumirá la presidencia del Poder Judicial por un período de cuatro años.
Su elección apenas llegó tras la renuncia a sus aspiraciones por la presidencia de la Corte del magistrado Luis Fernando Salazar, de la Sala Constitucional, quien encabezó las primeras votaciones, sin éxito.
