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Después de una sesión del plenario que se prolongó por más de ocho horas, a las 11:18 p.m., 28 diputados apoyaron la reelección de Paul Esteban Rueda Leal como magistrado de la Sala Constitucional y 23 la adversaron en una votación secreta precedida por todo tipo de argumentos y, a todas luces, teñida de política.
Para no darle continuidad por ocho más al juez de la Sala IV se requería de al menos 38 votos del pleno legislativo, según lo establece la Constitución Política.
La matemática legislativa le confirió votos del Partido Liberación Nacional (PAC), del Partido Acción Ciudadana (PAC), del Frente Amplio (FA), del Partido Integración Nacional (PIN) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) a la continuidad de constitucionalista.
En contra votaron legisladores del PUSC, del Partido Restauración Nacional (PRN), del bloque autodenominado Nueva República, del PLN y el independiente Erick Rodríguez.
Varios diputados revelaron sus argumentos durante sus intervenciones.
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“A un magistrado no se le deja de reelegir porque no coincide con mi forma de analizar o ver un asunto en particular. Si hay una gran ineptitud obvia, un atraso en el tratamiento de los asuntos, son motivos para no reelegir, pero también quiero dejar claro que me parece que el hecho de que yo comparta o no la forma como un magistrado resuelva o no, no me otorga a mi potestad suficiente para destituir”, señaló Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso y congresista verdiblanco.
“Yo no quiero un país en donde los jueces sean juzgados por sus sentencias”, agregó Carolina Hidalgo, del oficialista PAC.
“No puede ser que yo valide mi voto diciendo que no estoy con una sentencia del magistrado Rueda”, zanjó la socialcristiana, María Vita Monge.
Del otro lado, los legisladores Rodolfo Peña y Pablo Heriberto Abarca, también del PUSC, le cobraron a Rueda su voto para ponerle freno a las licencias de pesca de arrastre.
También en las filas del PUSC, Pedro Muñoz y María Inés Solís denunciaron que hubo presiones “increíbles” para torcer brazos de diputados que en principio iban a votar en contra de la reelección del magistrado.
La independiente de Nueva República, Ivonne Acuña, denunció una especie de complot mediático entre La Nación, Amelia Rueda y Telenoticias para ejercer presión en favor de la continuidad de Rueda.
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Antes de votar por la continuidad del supremo juez, los congresistas rechazaron una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa para hacer públicas las votaciones de reelección de los magistrados.
También fracasaron dos mociones presentadas por el PAC y por José María Villalta para levantar el secretismo de la votación.
Débil informe
La discusión en el Congreso sobre la continuidad, o no, de Paul Rueda por ocho años más estuvo teñida de argumentos políticos y facturas por la forma en que votó el magistrado en algunas sentencias de la Sala Constitucional sobre temas controvertidos.
Cinco de los siete diputados de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa decidieron no recomendar al plenario la continuidad del juez supremo pese a que cuenta con un expediente judicial limpio y no tiene ninguna causa penal abierta en la Fiscalía.
Los diputados Carlos Avendaño y Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional; Rodolfo Peña, del PUSC; Luis Fernando Chacón, del PLN y Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), consignaron en el informe de mayoría –aprobado el 12 de junio– que la recomendación de no mantener al constitucionalista en el cargo se debe a que el Poder Judicial “amerita una renovación absoluta”.
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Este grupo de legisladores aseguró en el documento que la no continuidad de Rueda permite “reforzar principios democráticos” y abre una ventana para superar “la crisis de legitimidad que atraviesa el Poder Judicial”, según ellos, “la más grande la historia”.
Los congresistas también mencionaron en el informe “los sonados casos de corrupción conocidos por la opinión pública” aunque no especifican de cuáles se trata y tampoco afirman que el juez esté vinculado con alguno.
Las cuentas de Restauración
Los legisladores de Restauración Nacional quienes se oponían a la reforma fiscal y al matrimonio homosexual –dos casos en los que Rueda votó a favor–, mostraron débiles argumentos para oponerse al segundo periodo de juez. Carlos Avendaño, tres veces diputado gracias a la reelección no consecutiva, promovió una “renovación” en la Sala Constitucional.
El jefe de la bancada del PRN indicó que quieren proponer una discusión de fondo sobre la forma en que se eligen los magistrados en el país para buscar un “cambio en el Poder Judicial”.
La también restauracionista Xiomara Rodríguez, quien sustituyó a Floria Segreda en la Comisión de Nombramientos el 12 de junio, se limitó a decir que votó como lo iba a hacer su compañera de bancada.
Aunque en agosto del 2018, durante una intervención ante el pleno legislativo, Rodríguez arremetió contra la sentencia que allanaba el camino para el matrimonio igualitario en el país y dijo que esa resolución traería consecuencias para los magistrados.
Otros opositores
El socialcristiano Pablo Heriberto Abarca dijo que revisó votos del juez para definir si apoya un segundo período o no. El congresista reconoció haber leído la resolución de la Sala IV sobre la pesca de arrastre, caso en el cual Rueda votó a favor de un recurso de amparo que enterró, en marzo del 2018, el otorgamiento de licencias para esta actividad por parte del Ejecutivo.
Abarca aceptó que su voto se basó en si las decisiones tomadas por el magistrado –en sus sentencias–coinciden con su “oferta electoral” como diputado.
El diputado verdiblanco Luis Fernando Chacón también recomendó al plenario no reelegir a Rueda bajo la justificación de que la continuidad “cuasi vitalicia” de los jueces magistrados “no es sana para una democracia”, a pesar de que este mismo congresista apoyó a Julia Varela en setiembre del 2018 para que continuara en la Sala II de la Corte Suprema de Justicia.
La Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud) y la Asociación de Investigadores en Criminalística (ANIC), dos sindicatos del Poder Judicial, también se opusieron abiertamente a la continuidad del juez constitucional por ocho años más.
Estas agrupaciones le reprochan su apoyo al plan fiscal y al proyecto de reforma del régimen de pensiones de esa institución, el cual se convirtió en ley en abril del 2018, aumentó la edad de jubilación y los aportes de los empleados, e impuso un tope de ¢4 millones.
