EscucharLas concesiones para taxis estarían en peligro de extinción si se aprueba el proyecto de ley presentado por el gobierno para igualar las reglas de competencia entre taxistas y plataformas digitales de movilidad, como Uber y Didi.
Uno de los principales cambios que plantea el proyecto 23.756 es que, para el gobierno, este servicio pasaría a ser una actividad privada, por lo tanto, en el caso puntual de los taxis, el servicio no estaría regido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
EF analizó el proyecto para conocer los principales cambios que traería para los taxistas.
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Los taxistas consideran que el gran ganador con esta regulación será el usuario y celebran que los socios conductores de las plataformas deban cumplir condiciones similares a ellos para poder funcionar. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)
Posible final de concesiones
La propuesta indica que quienes quieran trabajar como taxistas deben acudir al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para solicitar un título habilitante que les faculte para brindar este servicio.
Dicho título tiene una vigencia de catorce años prorrogables, siempre y cuando los choferes cumplan con los requisitos mínimos para laborar como taxistas. El título es personal y único, es decir, no se permite que un mismo conductor tenga más de uno.
Quienes cuenten con una concesión activa de taxi podrán tramitar el traslado al nuevo modelo de servicio si renuncian a la concesión o permiso; se les eximirá del pago anual en caso de que ya hayan cancelado el canon de concesión o permiso.
Para estos casos, el proyecto reafirma que quienes que se trasladen al nuevo esquema conservarán los incentivos, beneficios y prerrogativas fiscales para la adquisición e importación de los vehículos, pero no serán regulados por la Aresep.
Sin embargo, la entidad reguladora señala que no fue consultada para la elaboración de este proyecto.
“Esta es una redacción que el MOPT toma como iniciativa propia pero no ha sido un proceso donde la Aresep haya participado. Haremos las observaciones que corresponden cuando la Asamblea Legislativa nos consulte. Esta regulación del servicio no puede ser en detrimento de ninguna de las partes. Todos queremos que los costarricenses tengan empleo, pero este deseo no debe ir en detrimento de los usuarios”, indicó Eric Bogantes, regulador general.
El funcionario considera que el pago del título habilitante es similar a un canon, pero con otro nombre y que simplemente se está trasladando la responsabilidad de regulación a un ministerio.
Si la iniciativa ve la luz tal y como está planteada, el valor del título habilitante para los conductores de taxi asciende a ¢50.000 durante el primer año de aplicación de la ley. Posteriormente, el precio se actualizará el 30 de marzo de cada año.
Estos recursos, sumados a los que tendrán que pagar también tanto las plataformas de transporte como sus conductores, se destinarán a la creación de un Fondo de Movilidad, el cual financiará proyectos de infraestructura vial, movilidad y modernización del transporte.
¿Qué pasa con las concesiones vigentes?
De acuerdo con el proyecto, las personas que cuenten con una concesión activa de taxi o un permiso de servicio especial podrán seguir otorgando el servicio de conformidad, hasta que finalicen o se extingan dichos permisos. La Aresep continuará fijando las tarifas hasta que finalice o se extinga la última.
Eso sí, el MOPT no renovará estos permisos, con excepción de los taxis para servicios especiales en puertos y aeropuertos.
Actualmente en el país existen aproximadamente 11.000 concesiones de taxis.
En los últimos años la cantidad de concesiones ha venido cayendo. La llegada de Uber en 2015 fue uno de los principales factores que ocasionó la devolución o cancelación de estos permisos, así como la pandemia en los últimos años.
Por otro lado, la edad de los conductores y la vida útil de los automotores son parte de las causas que explican por qué la cantidad de concesiones se ha reducido en los últimos años.
La fijación tarifaria sería otra de las razones por la que los taxistas saldría ganancioso con el nuevo modelo que plantea el proyecto, ya que con el modelo que plantea Aresep no se han presentado cambios significativos en actualizaciones de precios.
El objetivo es generar un ambiente de mayor competencia en el sector transporte, y al darse esta situación, el papel regulatorio del Estado iría disminuyendo, pues es el mismo mercado que irá dictando las condiciones.
¿Se integrarán los taxis a las plataformas digitales?
Tras seis meses de negociación entre representantes del gobierno, taxistas y aplicaciones de transporte, se deja la puerta abierta para que los taxis puedan ingresar a las plataformas de transporte para que sea el usuario el que elija en qué tipo de vehículo viajar.
“Cuando las condiciones estén dadas, estaremos más que abiertos para conversar con ellos. En otros países cuando esto ocurre, los taxistas no solo amplían su base de clientes, si no que pueden tener estándares de calidad y seguridad que son ampliamente reconocidos por los usuarios”, expresó Sylvia Alvarado, gerente de política pública regional de Uber.
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Igualdad de condiciones
“El proyecto resuelve la discusión eterna de condiciones diferentes. Si vemos las reglas para taxistas y para conductores de plataformas son homogéneas para los dos. Hay un “fair play” y esto es muy importante porque no se generan las diferencias que evitaran que los proyectos de ley presentados anteriormente avanzaran”, indicó William Villalobos, CEO de Core Regulatorio.
Uno de los beneficios que recibirán los taxistas es que ya no tendrán que ir dos veces al año a revisión técnica; ese requisito ahora será anual, al igual que los vehículos que se inscriban en las aplicaciones de transporte.
Parte de los requisitos que el proyecto de ley exige a los conductores de taxi son contar con licencia C al día, estar inscrito como trabajador independiente, declarar los respectivos impuestos y contar con seguro para vehículos y terceros. En el caso de los choferes de Uber o Didi deben cumplir con prácticamente lo mismo.
Además, ningún conductor podrá laborar si tiene antecedentes en delitos sexuales, tráfico y distribución de drogas, conducción temeraria, asociación ilícita o delitos contra la vida. Y los vehículos no podrán exceder los 15 años de antigüedad.
En el caso de las tarifas, se establecerá una rentabilidad mínima por viaje y no un monto prestablecido por kilómetro, de manera que tanto los taxistas y choferes de las apps aseguren sus ganancias. La premisa es que el precio de cada viaje sea regulado por el mercado.
“Si nos sacan del mercado es porque no servimos”, dijo Gilberth Ureña, representante de taxistas ante el Consejo de Transporte Público.
