Por: Krisia Chacón Jiménez.   14 mayo
De momento el principal reto que tiene el país es analizar la afectación de la capacidad adquisitiva de alimentos en la población con riesgo social. Foto: John Durán.
De momento el principal reto que tiene el país es analizar la afectación de la capacidad adquisitiva de alimentos en la población con riesgo social. Foto: John Durán.

Con la propagación del nuevo coronavirus, los procesos de las cadenas productivas de alimentos se han visto afectados a nivel global, y actualmente existe la incertidumbre de si se podrá desarrollar una crisis por hambruna.

En Estados Unidos por ejemplo, la oferta de cerdo, res y pollo son escasas y caras.

Grandes cadenas de supermercados como Walmart, Kroger, Wegmans y Food Lion, establecieron límites en la compra de productos cárnicos a lo largo de todo el país.

¿Podría suceder algo similar en Costa Rica?

“A nivel global, hay suficientes alimentos para todos”, asegura la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La principal preocupación es el desempleo y los problemas que pueden encontrar las personas para adquirir alimentos de calidad.

Por ahora, las interrupciones son a pequeña escala, ya que el suministro de alimentos sigue avante en los mercados, sin embargo, la organización sí ha visto desafíos en términos de cuellos de botella logísticos, es decir, no poder mover los productos del punto A al punto B.

Actualmente el golpe que recibe la industria alimentaria en Costa Rica está ligado al cierre de restaurantes y de hoteles que ha provocado una caída en las ventas de productores y proveedores.

“Hasta hoy no se han detectado indicadores que señalen riesgos inminentes en la cadena de abastecimiento de alimentos para nuestro país. Hasta la fecha, el proceso de abastecimiento de materias primas ha sido estable y no se vislumbran crisis de producción en los países originarios de esas materias primas”. Mario Montero, vicepresidente ejecutivo de Cacia.
Crisis alimentaria

En el caso específico de Estados Unidos, la crisis por el desabastecimiento de productos cárnicos se debió a que desde inicios de la pandemia, varias organizaciones civiles señalaron que los empleados podrían estar expuestos al virus debido a la falta de medidas sanitarias.

Por esta razón grandes empresas como Smithfield Foods y Tyson Foods, tuvieron que cerrar algunas de sus plantas.

Este fue el inicio de la crisis. Especialistas estadounidenses indican que la demanda de carne aumentó en días de cuarentena, pero la oferta cayó por los cierres temporales.

Para evitar que la escasez se convirtiera en desabasto, el mandatario Donald Trump, firmó la Ley de Producción de Defensa para mantener las plantas abiertas a pesar de los brotes.

Esta es una ley diseñada para usar en tiempos de guerra, para mantener funcionando negocios privados por razones de defensa y seguridad.

Al menos 18 plantas en Estados Unidos cerraron temporalmente en dos meses, lo cual disminuyó en un 20% la capacidad de procesar cerdo y en un 10% de procesar carne, según el grupo industrial Farm Bureau.

“Los responsables políticos de todo el mundo deben tener cuidado de no repetir los errores cometidos durante la crisis alimentaria de 2007-2008, y hacer que esta crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria totalmente evitable.” FAO.

De momento, en el resto del mundo, las autoridades todavía no plantean la existencia de riesgos por desabastecimiento de alimentos.

“Es importante garantizar los intercambios comerciales para evitar penurias alimentarias, especialmente en los países más pobres”, señaló la FAO.

Otro temor de la organización internacional es que existan retrasos en las fronteras para los contenedores de mercancías, los cuales ocasionan un desperdicio de alimentos.

Un ejemplo es que en plena crisis del coronavirus en China, barcos llenos de contenedores de leche en polvo procedentes de Europa no pudieron siquiera ser descargados por falta de mano de obra en los puertos.

Realidad costarricense

Costa Rica no ha registrado grandes problemas para garantizar la disponibilidad de alimentos, y tampoco figura entre los países con mayores niveles de prevalencia de subalimentación y de inseguridad alimentaria grave de la FAO.

De momento el principal reto que tiene el país es analizar la afectación de la capacidad adquisitiva de alimentos en la población con riesgo social.

En Costa Rica, 93.542 hogares (cerca de 339.000 personas) no tenían, antes de la emergencia, los ingresos suficientes para comer, según datos del Programa Estado de la Nación (PEN).

Gobiernos e instituciones internacionales alrededor del mundo aún no han planteado la existencia de riesgos de desabastecimiento en los mercados internacionales de alimentos, sin embargo, todavía no se conoce la magnitud de los impactos de la pandemia sobre su funcionamiento, explicó Karen Araya del PEN.

El hecho el país dependa marcadamente de las importaciones para cubrir el consumo de granos básicos, parte central de su alimentación, introduce cierta incertidumbre.

Costa Rica es la nación en Centroamérica que, en las últimas dos décadas, registró mayor dependencia de las importaciones de maíz y frijol.

Entre el 2000 y el 2018 esta dependencia pasó de 64% a 99,4% en el caso del maíz; de un 0,5% a un 54,5% en arroz; y de 65% a 79,6% en frijoles.

“En un contexto de crisis mundial, una pequeña economía abierta como la costarricense debe prever la probabilidad de cambios disruptivos en los circuitos de comercio internacional con el fin de que eventuales interrupciones en estos circuitos no tomen por sorpresa a las autoridades nacionales”, añadió Araya.

La realidad de la industria alimentaria en Costa Rica es que en el grupo de abarrotes que se comercializan a través de supermercados, no se reporta impactos negativos, según la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia).

Los grandes afectados son las ventas de alimentos a través de hoteles, restaurantes, sodas y cafeterías; así como el segmento de la micro y pequeña industria que no comercializa a través de canales modernos.

“La principal preocupación es el golpe recesivo del altísimo desempleo que posiblemente impactará el consumo de manera más fuerte para el segundo semestre de 2020 y 2021”, afirmó Mario Montero, vicepresidente ejecutivo de Cacia.

En momento de crisis es importante que el país cuente con políticas claras que faciliten la producción y comercialización de alimentos de todos los grupos y variedades.

Por el lado de la oferta, Cacia considera que deben cuidarse aspectos como tarifas energéticas, eliminación de costos de transacción por regulaciones innecesarias, fuentes de financiamiento, facilitación de acceso al desarrollo tecnológico y liberalización de acceso a materias primas a lo largo de la cadena de producción.