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El presidente del Banco Central (BCCR), Rodrigo Cubero, aseguró en entrevista con EF que la aprobación definitiva del convenio de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para una facilidad de servicio ampliado por $1.778 millones en tres años es un solo “un primer paso; necesario, pero insuficiente” para el país.
Tras la aprobación en segundo debate del Convenio en el Congreso, el jerarca aseguró que el país ahora deberá redoblar esfuerzos para cumplir con las expectativas fiscales y las reformas estructurales convenidas con el organismo internacional: un propósito y una necesidad indispensable para evitar eventuales golpes que un incumplimiento podría propinar a indicadores esenciales como las tasas de interés, el tipo de cambio o la inflación.
La agenda para cumplir los objetivos fiscales convenidos con el Fondo puede manipularse y hay “margen de maniobra”, según Cubero. Sin embargo, subrayó que cada cambio que se haga a los proyectos planteados y que debilite las expectativas fiscales de los mismos deberá traer consigo medidas compensatorias.
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Más allá del programa de financiamiento, el acuerdo implica un compromiso por parte de Costa Rica. El país afirmó al Fondo que buscará revertir su déficit financiero primario (la relación negativa entre sus ingresos y sus gastos sin contar el pago de intereses), alcanzar un superávit del 1% del PIB en 2023 y estabilizar su deuda pública a partir de ese año. Ese grupo de expectativas, según subrayó Cubero, son las que del todo no pueden perderse de vista.
¿Qué representa la aprobación de un acuerdo de este tamaño para el país en este momento?
— Es una excelente noticia para el país. Esperaría una reacción positiva de los mercados. Ciertamente los mercados, las agencias calificadoras de riesgo y los inversionistas, en general, han estado muy atentos a la evolución de la discusión en torno a este convenio y su aprobación es claramente una noticia positiva.
¿Cuándo llegará el primer desembolso del FMI al que ya se tiene acceso tras la aprobación del acuerdo en segundo debate?
— Ahora se da un trámite enteramente burocrático entre el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y el FMI. Nosotros esperaríamos que los recursos se desembolsen a más tardar en una semana y media o dos semanas. Es decir, de aquí a finales de julio deberíamos estar recibiendo el desembolso Ya este tracto estaba autorizado por Washington desde marzo y quedaba sujeto a la aprobación legislativa. Ahora lo que hay que hacer es un intercambio de notas y el FMI tiene que abocarse a conseguir los recursos líquidos, pero eso debería tomar pocos días.
¿Qué dimensión debemos darle al convenio aprobado por el Congreso ya de manera definitiva?
— Es un primer paso; necesario, pero todavía insuficiente.
Es necesario porque este convenio va a darle un respaldo fundamental al Gobierno de Costa Rica en la ruta de conseguir un mejor acceso para financiamiento en mejores condiciones, pero también va a ser fundamental para permitir el abordaje de una serie de problemas estructurales en materia tributaria y de gasto público, con una agenda complementaria que ahora tiene que seguirse discutiendo en la Asamblea Legislativa. Ese es el reto que nos queda pendiente.
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¿Cómo podemos contextualizar el nivel de compromiso al que se expone Costa Rica con el Fondo y con los mercados?
— Esta aprobación en segundo debate le da a Costa Rica acceso al primer desembolso por parte del FMI, entre $290 millones y $300 millones; y es además la consolidación formal del convenio que ya había sido aprobado por parte del organismo en marzo.
Este se convierte en un compromiso formal del país y, en ese sentido, adquieren vinculancia jurídica los compromisos que el país había adquirido en el seno de ese convenio.
Estos compromisos son cuantitativos y de reformas estructurales, y el FMI irá verificando su avance, en forma semestral. La primera revisión la tendremos hacia principios o mediados de octubre para verificar que se hayan cumplido las metas cuantitativas y que se haya avanzado con las reformas estructurales. De concluir que ha habido un avance positivo, se autorizará un segundo desembolso que se daría posiblemente hacia mediados de diciembre.
El país básicamente está dando un banderazo de salida, pero quedamos obligados a cumplir con los compromisos fiscales.
¿Qué impacto tienen los proyectos de la agenda que todavía queda pendientes sobre este acuerdo?
— Una reforma estructural que es fundamental es la ley de empleo público, que sí aparece como un compromiso del país con el FMI. Las otras reformas, particularmente las que tienen que ver con ingresos, son también necesarias y están delineadas y descritas una por una en el convenio con el FMI, pero responden a las metas cuantitativas en materia fiscal.
Hay metas de déficit fiscal y de deuda, y ambas requieren la aprobación de esos proyectos, tanto de la ley de empleo público como de los textos tributarios.
El plan de empleo público se menciona como una medida estructural del acuerdo, pero el resto de proyectos se mencionan como instrumentos para alcanzar las expectativas de déficit financiero y de deuda pública. ¿Hasta qué punto estas iniciativas en materia de ingresos son requisitos directos o indirectos?
— Son más una meta indirecta o un compromiso indirecto que se requiere para cumplir las metas cuantitativas.
Es decir, los diferentes proyectos en materia tributaria no estaban enlistados como structural benchmarks, o reformas de referencia que el país se comprometía a cumplir, sino básicamente como el sustrato o el respaldo en materia de ajuste fiscal que es necesario para poder ir cumpliendo con las metas cuantitativas, tanto de déficit fiscal como de deuda.
¿Esto implica flexibilidad para esa agenda? ¿Qué tanto margen de maniobra hay para modificar estos proyectos?
— Hay cierto margen de maniobra, en el sentido de que el FMI entendería que se le hagan modificaciones a algunos de los proyectos, que se introduzcan mociones para ajustar algunos aspectos de los proyectos; pero esperaría también que si se introducen cambios, se compensen de alguna manera.
Estas metas cuantitativas al final no son para cumplirle al FMI, sino para que el país adquiera la solidez de las finanzas públicas que requiere para poder transitar a futuro con unas finanzas públicas sostenibles. Esto es fundamental para el crecimiento económico y el bienestar de los costarricenses.
Al final no se trata de un compromiso con el Fondo, sino con esta y las futuras generaciones. Necesitamos sanear las finanzas públicas de una vez por todas y reducir la presencia del Gobierno en los mercados de financiamiento.
Entonces, reitero, sí existe cierto margen de maniobra (con los proyectos), en el sentido de que se le pueden hacer ajustes; pero lo que en el fondo lo que le importa al país y al FMI es que se vaya cumpliendo con la consolidación de las finanzas públicas.
¿Qué representaría para el país incumplir?
— Si Costa Rica no cumple con los siguientes pasos, ya sea porque las metas cuantitativas no se cumplen o porque las reformas necesarias para cumplir con las metas cuantitativas no se están dando, podría ser que el FMI suspenda el programa y aplace su revisión.
Si esto ocurre, la consecuencia inmediata sería que se detengan los desembolsos; pero eso, a su vez, tendría consecuencias en los mercados.
Una suspensión podría generar preocupación y ansiedad en los mercados, y eso se reflejaría en un aumento en la prima por riesgo país y en el costo de la deuda del Gobierno costarricense.
Tendríamos un impacto que podría, eventualmente, poner presión ya no solo sobre las tasas de interés, sino también sobre el tipo de cambio y sobre la inflación.
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