El Gobierno de la República y las universidades públicas protagonizaron un pulso para acordar el monto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para este 2023. El FEES es la partida presupuestaria que negocian ambas partes, periódicamente, para el funcionamiento de las casas de enseñanza superior.
El Poder Ejecutivo inicialmente propuso recortar la partida para las casas de enseñanza superior en un 23% en la comparación con este 2022; sin embargo, finalmente echó marcha atrás y acordó dejar intacta la asignación presupuestaria, después de una multitudinaria manifestación estudiantil este 16 de agosto.
“Hemos llegado a un acuerdo de que la base del presupuesto del 2022 se mantendrá para el 2023, sin rebajo a esa base. Queda por analizar la propuesta de las universidades de considerar un incremento por costo de vida. Lo vamos a conversar en el mismo marco que estamos revisando nuestro propio presupuesto y seguiremos mañana en la tarde en otra reunión ”, afirmó la ministra de Educación, Anna Katharina Müller.
¿Qué es el FEES?
El FEES es una transferencia presupuestaria que, año a año, se realiza como parte del Presupuesto Nacional para financiar a las universidades públicas.
La partida presupuestaria es obligatoria, según establece el artículo 85 de la Constitución Política, el cual indica textualmente que “el Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones”.
¿Cuál ha sido la evolución histórica del FEES?
El presupuesto universitario tuvo una tendencia creciente entre 2011 y 2015. Para aquel período se realizó una negociación quinquenal y su acuerdo final fijó como punto de partida el presupuesto del FEES de 2010, el cual era de ¢226.211 millones. Para los siguientes dos años se estableció que ese monto debería crecer en una tasa anual real garantizada del 7% y, de ahí en adelante, un 4,5% anual.
Ese acuerdo lo firmaron los exministros Leonardo Garnier, Fernando Herrero, Clotilde Fonseca y Laura Alfaro de Educación, Hacienda, Ciencia y Tecnología, y Planificación. Por parte de las universidades lo hicieron Eugenio Trejos, Yamileth González, Sandra León y Luis Guillermo Carpio, rectores del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
La intención era aumentar la inversión en educación superior hasta que alcanzara un 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Entre los considerandos del acuerdo, se citaba el compromiso de las universidades de mejorar su capacidad para responder a crecientes demandas, beneficiar a más estudiantes y el fomento de la ciencia y tecnología.
Dicho acuerdo permitió que el presupuesto universitario pasara del monto inicial a ¢410.488 millones en 2015; para un incremento del 81% en el lapso de seis años, sin incluir los recursos para la Universidad Técnica Nacional (UTN). En aquel mismo período, de diciembre de 2010 a diciembre de 2015, la inflación acumulada fue de un 18%.
A partir de 2015, ya en la administración del expresidente Luis Guillermo Solís, la negociación presupuestaria se empezó a realizar de forma anualizada. Desde entonces, el FEES creció un 9%, mientras que la inflación de 2016 a 2021 fue de 10,7%.
¿Por qué hubo conflicto en la negociación para 2023?
La primera negociación del FEES por parte del nuevo gobierno, del presidente Rodrigo Chaves, estuvo marcada por la polémica porque el Ejecutivo inicialmente planteó realizar un recorte del 23% al monto girado por concepto del fondo especial y para la UTN en la comparación con el año en curso.
Dicha propuesta disgustó a las universidades, las cuales reclamaron que la postura habría sido inconstitucional.
El argumento de las universidades se basó en el propio artículo 85 de la Constitución que establece el FEES, el cual señala que las rentas de ese fondo especial “no podrán ser abolidas ni disminuidas si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”.
La rebaja planteada se traducía en ¢129.000 millones: una cifra que representaba un 40% de la partida del FEES para la UCR este 2022, la totalidad de la correspondiente a la UNA, doble de la del ITCR, y cuatro veces la de la UNED.
El Gobierno sostenía hasta este 16 de agosto que el recorte era necesario para no tener que disminuir de más el presupuesto del resto del Ministerio de Educación Pública. Además, la ministra de Educación aseguró que las universidades podían “cobrar matrícula, materiales y vender servicios” en cadena nacional, recién este lunes.
Sin embargo, las postura varió tras una marcha de las representaciones académicas, menos de 24 horas después.
¿Qué pasaba si no había un acuerdo?
En casos de desacuerdo entre gobiernos y universidades, la única entidad capacitada para resolver las disputas es la Asamblea Legislativa. Los diputados solo los únicos que pueden intervenir cuando ambas partes no hayan llegan a un punto de encuentro; sin embargo, no pueden hacerlo cuando sí existe un monto acordado entre ellas.
Eso recientemente lo recordó la Sala Constitucional, este mes de agosto, cuando resolvió una acción de inconstitucionalidad presentada por las universidades ante una rebaja hecha por los legisladores del pasado cuatrienio, en 2018, por ¢10.000 millones. Al respecto, la Sala le indicó a los congresistas que debían abstenerse de realizar ese tipo de acciones.
¿Cómo se administra el FEES?
La Constitución Política establece que los recursos del Fondo serán administrados todos los años por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Cada mes, esta entidad debe girar una doceava parte a las universidades, según la distribución que ellas determinen.
¿Cómo se distribuyen los recursos?
Las universidades públicas se reparten los recursos según el tamaño de sus operaciones. En años recientes, la división ha sido de 59% de los recursos para la UCR, 23,5% para la UNA, 11,5% para el ITCR y de 6% para la UNED. La UTN, por su parte, recibe recursos adicionales por fuera del FEES.
¿Qué queda por definir en la negociación para 2023?
Ante los elevados registros de inflación (11,5% a julio pasado), las autoridades universitarias y gubernamentales deberán decidir cuál base utilizan para fijar el crecimiento del FEES del próximo año. La Constitución señala que el Poder Ejecutivo debe incluir la partida presupuestaria en el plan de gastos estatal de cada año “ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda”.
Para eso, ambas partes continuarán con sus conversaciones este 17 de agosto.
No obstante, el punto de mayor fricción ya pasó, ante la decisión del gobierno de ceder en su iniciativa de recorte al fondo universitario.
