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En la contratación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) a Open English apareció un protagonista inesperado, aunque no fue una sorpresa.
La licitación fue adjudicada por un plazo de cuatro años al consorcio Say Pura Vida Open Education & Racsa, constituido por Open English y la empresa pública local Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa).
Si bien a Racsa se otorga el 6,82% y a Open Education el 93,18% del monto por usuario de licencia anual de $82,99 (que baja a $77,99 después de 71.023 usuarios), la subsidiaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aparece como contraparte local. La plataforma educativa, además, funciona en la web y se especializa en un área alejada del core del negocio de Racsa: la enseñanza de idiomas.
El contrato confirma el protagonismo de Racsa en las contrataciones públicas. Por su parte, la industria tecnológica clama desde hace años para que las instituciones realicen concursos abiertos donde puedan elegir las mejores y las más económicas ofertas.
También, la Contraloría General de la República identificó en el pasado situaciones irregulares algunas contrataciones de Racsa por parte de las instituciones estatales. El Ministerio de Hacienda había exigido en 2019 a las instituciones públicas mayor justificación al contratarla.
Racsa emitió un comunicado el jueves 23 de abril donde indica que está plenamente facultada para prestar servicios de infocomunicaciones y para participar en procedimientos de contratación pública promovidos por instituciones del Estado.
Proveedora de 145 servicios
En el Sistema de Compras Públicas (Sicop), Racsa aparece como proveedor de 145 servicios, desde Internet y routers de red hasta sistemas de gestión de inventario, software médico y software de bibliotecas.
Además, es el desarrollador del mismo Sicop porque integró a la antigua Secretaría de Gobierno Digital, la cual diseñó el sistema. Eso obliga a las instituciones a relacionarse con Radiográfica para utilizar Sicop para sus licitaciones y contrataciones.
El cambio más significativo en ese protagonismo de Radiográfica en los últimos años como proveedor de instituciones públicas es la disminución de contratos en dólares y el incremento de los contratos en colones, probablemente por los mayores costos asociados a la apreciación de la moneda nacional.
Los contratos de instituciones públicas con Racsa suman ¢2.078 millones y casi $830.000 en el 2025, pero el total podría ser mayor en ese y en los años anteriores pues hay varias contrataciones por demanda de servicios donde el monto indicado es por unidad consumida.
Casos que destacan
Tanto en el 2025 como en lo que llevamos del 2026 se identifican varias contrataciones que destacan por la inclinación de las instituciones públicas a elegir a Racsa pese a la existencia de otros proveedores tecnológicos en el mercado.
Uno de los proyectos llamativos del año anterior es la instalación de la conectividad a Internet de los centros de control de Paso Canoas y de Peñas Blancas, en dos licitaciones que suman ¢738,7 millones y adjudicadas por el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).
El Instituto de Desarrollo Agrario contrató “de urgencia” a Racsa por $35.893 para la instalación del sistema administrativo y financiero, mientras la Municipalidad de San José le asignó un contrato de enlaces de fibra óptica, telefonía celular y analógica y líneas de datos móviles por demanda con un costo de $5.200.
Correos de Costa Rica, por su parte, contrató a Racsa para un servicio de validación de identidad de personas físicas mediante medios biométricos, por $0,039 según demanda. En la justificación, Correos indicó requerir un sistema para integrar la identificación biométrica (reconocimiento de huellas dactilares para nacionales y faciales para extranjeros con residencia) en sus aplicaciones de entrega de paquetería. En el expediente se justifica que Racsa sería el único proveedor del sistema BIOmetric ID, aunque en Costa Rica se ubican otros proveedores de sistemas de identificación biométrica como CR Soluciones y GET Group.
Hay otros contratos que ejemplifican la tendencia durante el primer cuatrimestre del 2026.
En estos primeros cuatro meses, Racsa acumula adjudicaciones por un total de ¢2.450 millones del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), la Dirección General de Migración y Extranjería, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y la Asamblea Legislativa.
Los contratos son para servicios de Internet corporativo, servicios administrados de procesamientos de datos, acceso de datos y telefonía IP. En todos estos casos también existieron otros posibles proveedores.
En el caso del Sinart sí se analizaron otras ofertas. La entidad requería un sistema de Internet corporativo dedicado y simétrico de 500 Mbps en sus oficinas centrales ubicadas en La Uruca. Entre las condiciones técnicas se incluía soporte durante las 24 horas del día los 7 días de la semana y niveles de servicio iguales o superiores al 99,95%.
El mismo Sinart reconoció, en un documento incluido en el expediente en Sicop, que la solución es estándar en el mercado y estimó que la contratación podría ser de ¢7,5 millones. Se presentaron tres ofertas, que estuvieron muy por debajo de ese monto: Racsa cobró ¢2,1 millones, Millicom ¢2,6 millones y Telecable ¢2,6 millones. La diferencia entre las dos últimas fue de ¢13.000.
La adjudicación se inclinó por Racsa, que en la evaluación de precio, criterios sociales, ambientales y económicos obtuvo la máxima calificación (100%), mientras Millicom obtuvo un 83% y Telecable un 82%.
El mayor contrato de estos primeros cuatro meses fue el de Migración, por ¢2.076 millones para servicios administrados de centros de procesamiento de datos, otro servicio donde hay varios proveedores en el mercado local.
En el expediente se indica que el tipo de procedimiento es “de excepción”, solo aparece la oferta de Racsa y la única duda es si estaba subcontratando al centro de datos del ICE en Guatuso de Cartago.
El 19 de diciembre pasado, Racsa confirmó que al ICE se le subcontratan los gabinetes del centro de datos por ¢246,2 millones. La calificación para el único oferente en este concurso también fue del 100%.
No es muy diferente lo que ocurrió en la contratación de Open English y Racsa. Ambas entidades se presentaron como consorcio después que el INA les enviara una invitación a cada una por aparte.
En el concurso se presentaron las ofertas de los consorcios Hospitality Valdespe y PBS MTNET y de las empresas Interchange, Edutech y Applica.
Dos de esas ofertas (Say Pura Vida y Hospitality) cumplían las especificaciones técnicas y subsanaron situaciones de sus propuestas, según se hace constar en el expediente en Sicop.
La primera presentó costos anuales por usuario de $82,99 y la segunda de $83, ambas por debajo de los precios de las otras firmas (entre $138 y $291).
En la recomendación a la junta directiva del INA la propuesta fue otorgar el contrato a Open English y a Racsa. Los directivos lo ratificaron.
“En el caso de la licitación promovida por el INA para la iniciativa Hello Brete, Racsa participó mediante un consorcio con Open English, figura permitida por la normativa vigente”, indicó Radiográfica. “Este procedimiento se desarrolló conforme a derecho y fue revisado en la vía recursiva por la Contraloría General de la República, que descartó restricciones indebidas a la participación”.
La empresa pública agregó que su participación en este proyecto “se limita a sus competencias institucionales, específicamente en la provisión de infraestructura tecnológica en la nube, la plataforma de matrícula y verificación biométrica”.
También respondió que las denuncias presentadas en el pasado sobre otros procedimientos ajenos a este proyecto fueron desestimadas y archivadas por las autoridades competentes, al no encontrarse irregularidades en la actuación de la empresa.
