La postergación hasta 2021 del pago de bonos emitidos por Argentina en su mercado local abre interrogantes acerca de cuál será su estrategia respecto a los más de $68.000 millones bajo legislación extranjera cuya renegociación quedó trunca en medio de la pandemia.

El aplazamiento de pagos por decreto puede interpretarse bien como una señal de dureza del gobierno argentino hacia los acreedores o como un síntoma de debilidad de su frágil economía sumida en recesión desde 2018 e impactada ahora por la pandemia del COVID-19, advierten analistas.

Liberarse del pago local de unos $9.800 millones en intereses y amortización de capital este año también aligera sus compromisos para apuntalar mejor la negociación con los acreedores de los bonos emitidos bajo legislación extranjera, susceptibles de ir a arbitraje internacional.

Los antecedentes de Argentina, que declaró en 2001 un default por más de $100.000 millones le juegan en contra.

Pero esta vez el mercado parece haberle dado un voto de confianza. Sus bonos cotizaron al alza en Wall Street el lunes tras el anuncio y el índice riesgo país, que superó los 4.500 puntos en marzo, cayó a 3.612, su menor registro en semanas.

El decreto "debe verse desde dos puntos de vista: la deuda bajo legislación local y la deuda bajo legislación extranjera", dijo a la AFP Claudio Loser, exjefe del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional.

"Respecto a la primera, y por tener autoridad sobre estos papeles, pueden extender los plazos. Solamente que han sido más duros. Ello señala o más desesperación o más dureza debido a la situación por el coronavirus", apuntó.

Antes de que la pandemia pusiera todo patas arriba, ya se descontaba que Argentina buscaría una importante quita de la deuda, estrategia que recibió el respaldo del FMI, organismo al que el país le debe $44.000 millones.

La pandemia quemó los papeles del gobierno, que planeaba presentar una oferta a los acreedores bajo jurisdicción internacional para el 31 de marzo.

"Esta postergación de pagos local da una señal a los bonistas bajo ley extranjera de que no pueden (o quieren) pagar", analizó Loser. Aunque "no parece que deseen una confrontación en ese terreno".

"Los bonistas en el exterior están asustados porque no es solo Argentina, y quizás prefieran ser flexibles y no entrar en un conflicto que después sea imitado por otros", agregó.

Marina Dal Poggetto, economista de la consultora EcoGo, consideró que hay diferentes puntos de vista.

“Por un lado es un default local, en principio sin consecuencias, y por otro lado libera reservas para cumplir con los bonos de ley extranjera”, cuyos vencimientos equivalen a unos $3.500 millones este año, dijo a la AFP.

Daniel Marx, exsecretario de Finanzas, coincidió en que la decisión puede interpretarse "como señal a los acreedores externos para lograr una flexibilización en sus posturas".

"También podría verse como una consideración a los acreedores externos que desde un principio plantearon la conveniencia de tratar en forma diferenciada las emisiones entre jurisdicciones, en detrimento de la ley local", agregó.

“Argentina tomó una decisión correcta”, declaró a la AFP el economista Pablo Tigani. “El país necesita ese financiamiento para afrontar la seguridad social, la ayuda a los más vulnerables, a las pequeñas empresas y a la economía popular” en medio de la crisis sanitaria por la pandemia, explicó.

El presidente Alberto Fernández admitió que la cuestión fiscal y el pago de la deuda no son prioridades cuando la pandemia ha causado en Argentina 53 muertes sobre 1.628 casos y se espera un pico de contagios en mayo.

El Gobierno desplegó un millonario programa de ayuda social para morigerar las consecuencias de una economía paralizada por el confinamiento impuesto desde el 20 de marzo.

Antes de la crisis sanitaria, ya nadie esperaba que Argentina pagara una deuda que totaliza $324.000 millones, equivalente a casi 90% del PIB.