EscucharEl presidente Rodrigo Chaves prometió, desde antes de ser elegido como presidente de la República, que impulsaría una nueva agenda como parte del programa de financiamiento que Costa Rica negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos $1.778 millones, a desembolsarse en un período de tres años, según se cumplieran diversas metas de ajuste fiscal.
Sin embargo, tres meses después de haber asumido su mandato, son pocas las declaraciones concretas de la nueva Administración sobre el convenio; con excepción de algunas declaraciones que ha brindado al respecto el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en el Congreso.
El FMI afirmó, tras el último proceso de revisión fiscal del país, en marzo pasado (al cierre de la anterior administración), que Costa Rica lograría concretar sus metas financieras aún si no se aprobaban las reformas adicionales que propuso el gobierno del expresidente Carlos Alvarado y que no encontraron viabilidad política en la anterior Asamblea Legislativa. Con solo el crecimiento en la recaudación fiscal de los últimos meses, el manejo estricto del gasto –a través de la regla fiscal– y la pronta aplicación de la Ley Marco de Empleo Público y sus nuevas escalas salariales, cuyo trámite finalizó al cierre del cuatrienio pasado, se cumplirían las metas impuestas en el programa.
Sin embargo, la entidad aseguró que al país todavía le quedaba margen para hacer “más eficiente y progresivo” su sistema tributario y que, además, se podía abrir “espacio para una tributación más neutral de la renta corporativa”, entre otras cuestiones. El presidente Chaves, a su vez, planteó que su intención sería impulsar un programa más ambicioso de reformas estructurales y aprovechar el impulso técnico del organismo internacional para ajustar las finanzas del Estado a más largo plazo.
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¿Qué sabemos hasta ahora sobre ese nuevo plan del Ejecutivo con el Fondo Monetario? Los detalles son pocos, pero esto es lo que han dicho las autoridades del Poder Ejecutivo hasta ahora:
Renta global
Durante su discurso en el acto conmemorativo de sus primeros 100 días como presidente, el Rodrigo Chaves aseguró que se impulsará un plan de renta global, “para que las personas y empresas paguen el impuesto sobre la renta sobre la totalidad de sus ganancias, en lugar de hacerlo por separado, como pasa actualmente”.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ya había asegurado que el Gobierno de la República deseaba impulsar esta transformación, la cual supondría un cambio complejo en la forma en que las personas tributamos por nuestras ganancias más básicas. Ello implicaría que las personas declaren y paguen impuestos por sus ingresos personales juntos, a partir de una misma escala de tarifas, y ya no por separado: un proceso por ingresos laborales (retención salarial), otra por servicios profesionales (declaración de renta) y retenciones por inversiones, entre otras.
El gobierno anterior, del expresidente Carlos Alvarado, impulsó un proyecto de ley para establecer un sistema de renta global dual, el cual pretendía aplicar el modelo de cobro único solamente para las rentas del trabajo (salarios y ganancias por servicios profesionales). Sin embargo, el ministro de Hacienda afirmó en una reciente entrevista con EF que se analiza con el FMI si se deberían incluir otras ganancias personales como ganancias por intereses, dividendos y otros más. Con el Fondo también se analizan las eventuales tasas que tendría el gravamen.
Según Acosta, la expectativa del Gobierno es presentar un proyecto en septiembre o antes, cuando el FMI realice una nueva ronda de revisiones sobre Costa Rica y la Asamblea Legislativa se encuentre nuevamente en un período de sesiones extraordinarias (que el Poder Ejecutivo domine la agenda de los legisladores).
“Queremos avanzar a renta global, que es no solamente más justo sino que también nos puede dar la oportunidad de tener una mejor gestión de los impuestos”, declaró Acosta, este 23 de agosto, a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso. “El modelo que tenemos hoy de base cedular permite que la gente pueda ir distribuyendo sus rentas (sus ganancias) entre diferentes opciones y pague menos impuestos, y eso me parece que no es razonable”, había dicho semanas atrás, también en Cuesta de Moras.
Venta de activos
El ministro Acosta afirmó además, este 23 de agosto, que el Gobierno plantearía incluir como parte de su nueva propuesta de acuerdo con el FMI la venta de activos del Estado.
En ese sentido, el presidente Rodrigo Chaves ya adelantó que el Ejecutivo planea poner en discusión legislativa la venta del Banco de Costa Rica (BCR), del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) y del 49% de la propiedad del Instituto Nacional de Seguros (INS). Según los cálculos del mandatario, la venta de los bancos daría al Estados al menos unos ¢1,2 billones para pagar parte de su deuda pública; mientras que la venta parcial del INS otorgaría unos ¢593.000 millones adicionales.
La suma por la venta de los bancos corresponde a apenas un 4% del acumulado de deuda a junio, que cerró en ¢28,9 billones, según recoge el portal del Ministerio de Hacienda hasta ese mes. El dinero por la venta parcial del INS, dijo el ministro Acosta en el programa 7 Días, de canal 7, se utilizaría para financiar obra pública.
Los proyectos fueron anunciados por el presidente durante su discurso de los primeros 100 días; sin embargo, todavía no han sido presentados oficialmente.
Exoneraciones
Nogui Acosta también afirmó que el Gobierno prepara un primer paquete de exoneraciones que ya no cumplen su función y que deberían eliminarse. Según ha reiterado, el Ejecutivo trabaja en una revisión completa del sistema de tratamientos diferenciados en materia de impuestos y los primeros resultados de ese análisis deberían verse en las próximas semanas, plasmados algunos en proyectos de ley.
Una de esas exoneraciones, recogió Teletica.com el 5 de julio pasado, sería la del salario escolar. Esa mensualidad salarial que cobran los trabajadores públicos es la única ganancia laboral que no paga renta y su destino cambiaría con los planes del Ejecutivo. Al tratarse de una renta salarial, tendría que entrar en el nuevo marco de renta global, según comentó el ministro Nogui Acosta en esa publicación.
Esta discusión ya la planteó el gobierno anterior; sin embargo, el intento fracasó en el Congreso ante la oposición de un grupo importante de diputados.
Ayudas sociales
Además de las materias impositivos y de la venta de activos, el ministro Acosta afirmó este 23 de agosto que el Gobierno incluiría la posibilidad de aumentar “la cantidad de ayudas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)”.
Ya en su discurso de los 100 días, Chaves señaló su intención de destinar ¢20.000 millones, que se podrían usar sin incumplir la regla fiscal, para financiar asistencia a personas en situación de pobreza. Sin especificar más sobre el programa, dijo que ese dinero se daría para que las personas beneficiarias “puedan llenar sus necesidades básicas de alimentación”. Esa cantidad corresponde a un 7,9% de los ingresos que se estimaron para este 2022 en el presupuesto ordinario de la institución.
Reforma de Estado
Tanto el presidente Chaves como el ministro Acosta han mencionado que, como parte del acuerdo con el FMI, se debería analizar la estructura del Estado como un todo. “¿Se requiere que el Estado tenga una empresa de correos? No lo hemos discutido ¿Se requiere que tengamos una empresa que produce licores? No lo hemos discutido. ¿Debemos tener tantos bancos? No sé”, decía el ministro de Hacienda, en la entrevista con este medio, del 18 de julio pasado.
Además de los recientes proyectos para vender activos del Estado, el Gobierno ya presentó iniciativas para eliminar órganos desconcentrados de diversas instituciones y los consejos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Además. ha prometido impulsar reformas para reducir el tamaño institucional en otros campos como vivienda. Sin embargo, se desconoce si dichas propuestas entrarían o no en una eventual nueva agenda con el FMI.
La aplicación de medidas como los nuevos sistemas tributarios de Hacienda, por medio del proyecto de ‘Hacienda Digital’, también han estado en boca de las nuevas autoridades de Gobierno como una forma de limitar la evasión y la elusión fiscal. Sin embargo, la administración anterior no pudo plantear el proyecto como parte del acuerdo ante la imposibilidad de determinar o estimar, a priori, los efectos fiscales reales de este cambio en la estructura de Tributación.
Septiembre clave
La próxima revisión del FMI sobre el estado económico de Costa Rica y el cumplimiento de las metas fiscales del acuerdo en curso, de la cual dependería un tercer desembolso del programa de financiamiento con el organismo (por unos $300 millones), se realizaría el próximo mes de septiembre, según afirmó semanas atrás el presidente del Banco Central, Róger Madrigal.
Según las autoridades, el país marcharía de manera satisfactoria, aunque se trabaja para restablecer las cifras fiscales a junio para confirmarlo. Las cifras fiscales del Gobierno Central no se han podido actualizar correctamente desde abril, ante el hackeo que afectó los sistemas de Hacienda en el segundo trimestre del año.
El país incumple las metas de inflación y de deuda pública. Sin embargo, las autoridades no han encendido las alarmas.
En el caso de la inflación, se había proyectado una meta de 3% a junio, con una tolerancia de 3 puntos porcentuales para evitar una cláusula de consulta con el Fondo (una revisión especial sobre el tema para determinar la correcta continuidad del acuerdo). Al final, la inflación a junio fue de 10,06%.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó ver con alguna preocupación el tema. Sin embargo, Róger Madrigal y el expresidente del BCCR, Rodrigo Cubero (uno de los negociadores iniciales del acuerdo en la anterior administración), explicaron que es poco probable que este fenómeno mundial implique mayores trabas para el proceso de financiamiento y apoyo internacional.
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Por otra parte, en cuanto a la meta de deuda, Costa Rica se había comprometido a cerrar junio con un balance de ¢28,78 billones máximo, pero acabó ese período con un registro de ¢28,91 billones, según los registros en su página web.
Sin embargo, consultado al respecto por las vías institucionales, el ministro Nogui Acosta aseguró que el acuerdo con el FMI “utiliza un “ajustador” de tipo de cambio para aquellas operaciones denominadas en moneda extranjera (...) con el propósito de evitar desviaciones de las metas cuantitativas consecuencia de fluctuaciones bruscas”; lo cual mantiene las cifras más estables.
“Utilizando como referencia los anteriores, la deuda equivalente a junio del 2022 es ¢28,1 billones, lo cual representa un espacio a favor del Ministerio de Hacienda por ¢695.832 millones. Lo anterior, junto con el buen desempeño del balance primario, hacen prever que las metas fiscales cuantitativas tendrán un sobrecumplimiento para la siguiente revisión del FMI”, puntualizó el jerarca, a inicios de mes.
El acuerdo con el FMI sigue en marcha. Lleva un año en curso y todavía tendría al menos un par más por delante en el debate político.
