EscucharCosta Rica está sufriendo un recrudecimiento de la violencia que lleva la estadística de homicidios a niveles récord para el país.
El principal indicador utilizado para monitorear el estado de seguridad ciudadana de un país es precisamente la tasa de homicidios, que cerró el año anterior en 12,6 por cada 100.000 habitantes.
El crimen organizado, asociado con el narcotráfico y otros delitos violentos, se mantiene como uno de los principales detonantes de esta problemática, con mayor prevalencia en la población joven, en zonas de alto rezago social y densamente pobladas.
LEA MÁS: Crisis de inseguridad: estos son los negocios más afectados y los delitos más comunes en Costa Rica
Sin embargo, esta problemática tiene comportamientos diferenciados en los cantones del país. El Programa Estado de la Nación (PEN) construyó un estudio para evaluar los riesgos asociados al crimen organizado a nivel cantonal, incluido en el informe 2023 presentado este jueves 23 de noviembre.
El PEN utilizó dos fuentes de información: la cantidad de homicidios por ajuste de cuentas o venganza en cada cantón y los reportes de emergencias al servicio 911 ligados con drogas, armas de fuego, arma blanca, privación de la libertad y hechos contra la vida.
Estos datos recogidos del 911 se transformaron en un índice denominado “violencia social”, que mide la inseguridad del entorno en la comunidad.
De esta forma, el modelo coloca a cada cantón en función de los dos indicadores: riesgo de homicidios y violencia del entorno.
¿Cuál es la situación de los cantones?
En 2022, al igual que en 2021, el cantón de Limón ocupó el primer lugar en la cifra de asesinatos en el país, con 63 muertes. Le siguió San José con 50 casos.
Esta estadística tiene alta prevalencia en otras cabeceras de provincia, como Alajuela y Puntarenas. Sin embargo, en general, la provincia de Limón presenta el panorama más conflictivo: cinco de los seis cantones de la provincia caribeña se ubicaron entre los primeros diez con mayor número de homicidios.
LEA MÁS: Homicidios y narcotráfico: ¿cómo se explica la crisis que vive Costa Rica?
Si se hace zoom en los distritos, el de Limón, Chacarita (Puntarenas) y San Rafael de Alajuela tuvieron la mayor cantidad de víctimas. Siete de los 10 distritos con mayor prevalencia están fuera del Valle Central, todos tienen zonas de alto rezago y exclusión social.
Cuando se conjugan los números analizados por el PEN, el estudio muestra a Limón como el cantón con el mayor riesgo ante el crimen organizado, con un puntaje de 6,7, el mayor de todos. No obstante, es el número 12 en el índice de violencia social.
Los datos generales dan cuenta de que otros cantones fronterizos y costeros están entre los que tienen mayor riesgo relativo por el crimen organizado: La Cruz, es el segundo lugar, seguido de Matina, Corredores y Guácimo.
A pesar de que presentan ese alto riesgo de exposición a la violencia asociada al crimen organizado, sus índices de violencia de la comunidad no están entre los más elevados.
Costas y fronteras con más riesgo
Cantones costeros, como Puntarenas, y fronterizos, como La Cruz, están entre los que poseen mayor riesgo ante fenómenos violentos relacionados con el crimen organizado.
FUENTE: PEN || INFOGRAFÍA / EF.
En el índice de violencia social, San José es el que marca la mayor diferencia con respecto a los otros 81 cantones (Monteverde y Puerto Jiménez no se incluyen aún de forma independiente).
En este indicador, los primeros lugares corresponden a cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM), como Desamparados, Alajuela, Heredia, Cartago y Goicoechea, que además están entre los más poblados del país.
Con base en los dos indicadores evaluados, el PEN divide a los cantones en cuatro grupos. Siete de ellos sufren una combinación crítica: tienen alto riesgo de exposición a homicidios combinado con entornos sociales muy inseguros por incidentes vinculados con el crimen organizado. En esa situación se encuentran San José, Tibás, La Unión, Puntarenas, Limón, Pococí y Siquirres.
En el otro extremo, un grupo de 51 cantones presentan estadísticas más favorables que los llevan a tener una situación catalogada como “segura”. Entre esos están Atenas, Moravia, Cañas, Turrialba, Zarcero, Nandayure o Upala.
¿Cuáles están en mejor situación?
Cuando se observa solamente el índice de violencia social, Dota aparece como el cantón con un entorno más tranquilo, con una puntuación de 0,9.
Muy cerca están también otros territorios rurales como San Mateo, Turrubares, Nandayure y Zarcero.
En cuanto al riesgo de homicidios por crimen organizado, los datos colocan a Vázquez de Coronado en la situación más favorable. Puriscal, Palmares, Hojancha y Sarchí también están entre los sitios con menor riesgo.
Situación crítica
Costa Rica está poco habituada a los índices de violencia, asesinatos y crimen organizado que se agudizaron en los últimos dos años. Este fenómenos, sin embargo, no es exclusivo del país, otros vecinos latinoamericanos como Ecuador y Chile han visto también un deterioro en su seguridad.
LEA MÁS: La inseguridad se dispara en Costa Rica: se registran más delitos y el sector productivo paga
El 2023 ya superó al 2022 en la cantidad de homocidios, lo que convierte a este año como el más violento en la historia del país. De seguir esta tendencia, Costa Rica podría alcanzar una tasa de entre 15 y 18 homicidios por 100.000 habitantes.
Para intentar detener esta situación, el Gobierno presentó este miércoles 22 de noviembre la Política Nacional de Seguridad Pública, un plan con metas hasta el 2030.
La estrategia se centra en tres ejes: lucha contra el narcotráfico, modernización tecnológica de los cuerpos policiales y programas preventivos.
El método más común para cometer los asesinatos en Costa Rica es el uso de armas de fuego. Así sucedió en el 72% de los casos reportados en el 2022.
El perfil de las personas fallecidas por esta causa corresponde mayormente a hombres (93%), costarricenses (87%), jóvenes (41% son menores de 30 años).
En el 2022, el principal móvil fue el ajuste de cuentas (64%), seguido por discusión y riña (17%), asesinato ocurrido durante la comisión de otro delito (9%), violencia doméstica (3%) y otros (7%).
