Economía y Política

Tribunal anula fianzas a dueños de Meco y H Solís por Caso Cochinilla; deberán ir a prisión preventiva

El tribunal consideró que las fianzas no eran aptas, al tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas de las personas investigadas y su posición en el presunto plan criminal que se investiga

El Tribunal Penal del II Circuito Judicial anuló las fianzas que se otorgaron a los dueños de las empresas Meco y H Solís, Carlos Cerdas y Mélida Solís, como parte del proceso judicial por el Caso Cochinilla.

Con esta resolución, ambos deberán mantenerse en prisión preventiva.

La resolución se tomó mediante el voto 249-2021, informó el Poder Judicial; en la cual se dio analizaron 30 apelaciones.

A través de un comunicado de prensa, el Poder Judicial indicó que el Tribunal Penal estimó las medidas cautelares contra los dueños de las empresas investigadas por presuntos sobornos en la gestión de obra pública no “reunían los criterios de idoneidad requeridos”.

El Tribunal Penal había permitido que Cerdas abonara $5 millones y Solís $3 millones a cambio de evitar cuatro meses de prisión preventiva.

Para tomar la decisión, indicó el Poder Judicial, se tomaron en cuenta cuestiones como las condiciones socioeconómicas de las personas investigadas, las posibles penas a imponer en casos de que sea demostrada la hipótesis del Ministerio Público, y la posición ostentada por ambas personas en la estructura y plan criminal que se persigue.

También se contempló el daño supuestamente ocasionado y “su correlativo perjuicio al erario público y a la función administrativa del Estado”.

El resto de apelaciones que se tramitaron por el mismo proceso, para personas que no recibieron prisión preventiva, se mantuvieron tal como se dictaron.

El Caso Cochinilla investiga una presunta estructura criminal orquestada por empresas constructoras para obtener beneficios, como el pago prioritario de facturas e información sobre carteles en concurso, en la gestión de infraestructura pública.

La investigación judicial empezó en 2018, según indicó el director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza, y según la tesis del Ministerio Público habría provocado la malversación de ¢78.000 millones, en favor de las empresas que habrían gestionado los sobornos y en perjuicio de proyectos manejados por otras empresas, solo entre 2018 (momento de la denuncia) e inicios de 2020.

Josué Alfaro

Periodista de la sección de Economía y Política de El Financiero. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.