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Una nueva ley dirigida a modernizar el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) entró en vigor el 18 de enero, pero, ¿cómo es que una reforma legal a esta entidad se traducirá en mejores formaciones para quienes aspiran a conseguir un empleo?
Aunque el nombre de la normativa es bastante largo; Ley para el Fortalecimiento de la Formación Profesional para la Empleabilidad, la Inclusión Social, y la Productividad, de Cara a la Cuarta Revolución Industrial y el Futuro del Empleo (9.931); su objetivo es hacer que el instituto sea más ágil en todos los sentidos.
Esta institución fue creada en 1963 por lo que la legislación que le dio origen ya estaba desactualizada y desconectada de los retos que plantea la era de la automatización en el mercado laboral.
Un reciente estudio elaborado por el economista Andrés Fernández Aráuz, advierte que un millón de empleados en Costa Rica (la mitad) tienen muy alto riesgo de ser reemplazados por computadoras, máquinas o algoritmos.
A finales del 2020, la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) señaló que en el país se podrían generar 45.000 empleos más si se mejora la conexión entre las necesidades de las empresas de Zonas Francas y la oferta académica y formativa del país, sumado a otros factores como el nearshoring, práctica que llevaría a firmas estadounidenses a traer operaciones de lugares como Asia a naciones más cercanas como Costa Rica.
Rumbo a la agilidad
La nueva ley trata de quitarle al INA algunas ataduras clásicas de la burocracia y la tramitología estatal. Sin estas amarras, la entidad podría ser más rápida para abrir cursos, comprar equipos necesarios para esos nuevos programas, construir instalaciones y ofrecer becas a estudiantes que las requieren.
Uno de los cambios más importantes con la legislación que recién entró en vigencia es la exclusión del INA del Servicio Civil, lo que le permitirá crear su propio sistema de empleo con un formato de salario global.
Andrés Valenciano, ministro de Comercio Exterior y expresidente ejecutivo del INA, lo explica con un ejemplo: “Antes una empresa nos contactaba porque necesitaba contratar a 25 personas con formación en ciberseguridad. Nosotros podíamos tardar meses en todo el proceso para contratar a un profesor que impartiera el programa y eso nos quitaba agilidad”.
De acuerdo con Valenciano, la reforma permite que las contrataciones de profesores y personal −fuera del Servicio Civil− sean mucho más expeditas e incluso en formatos diferentes como servicios profesionales, por proyectos específicos, por contrato, entre otras.
Andrés Romero, presidente ejecutivo de la entidad, agregó que también se incorporan ajustes para generar ahorros con la implementación del salario global para los nuevos funcionarios, mientras que a los 3.000 empleados antiguos se les respetarán sus condiciones laborales.
Algo similar sucede con la contratación y compra de insumos, la ley abre un portillo para que el instituto utilice mecanismos abreviados que le permitan conseguir equipos o productos para abrir programas de formación de manera más acelerada.
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También podrá administrar bienes en fideicomiso para la adquisición de equipos, mobiliario, entre otros, o la construcción de nuevas instalaciones. La entidad cuenta actualmente con 55 sedes fijas en todo el país.
Otra modificación reescribió y definió con mayor claridad las funciones del cuerpo gerencial, con base en las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Ahora el presidente ejecutivo se enfocará en labores de generación de política pública, mientras que los gerentes y subgerentes tendrán a su cargo funciones administrativas y operativas.
Para Romero esto es importante porque se evitan choques entre las líneas de acción de cada jerarca y ayudan a generar eficiencias en el trabajo del alto mando.
Becas y empleo
Si un estudiante desempleado o de bajos recursos necesita de un programa del INA para mejorar su currículo y optar por un trabajo; pero no puede recibirlo porque la institución tiene los cupos llenos, las listas de espera son amplias o porque no cuenta con recursos para pagarlo; entonces se le otorgará una beca.
Antes de la ley existían dos sistemas de ayudas económicas que el instituto entregaba a estudiantes de bajos recursos que cumplieran con una serie de criterios o a personas en programas de educación dual.
El presupuesto que se destina cada año para este rubro es cercano a los ¢10.000 millones, de acuerdo con Romero. Sin embargo, la idea es unificar esos dos mecanismos de becas con el recién creado fondo para aumentar los recursos y la cantidad de beneficiarios.
Otro de los ajustes es fortalecer, mediante el redireccionamiento de dinero y personal, las áreas de la institución que se encargan de la inclusión laboral de los egresados.
“El objetivo es que se puedan rastrear con el sector privado y de manera continua, todas las plazas vacantes en diferentes áreas donde ya existen programas de formación o en las cuales podríamos abrir cursos para preparar personas y que salgan con empleo de una vez”, apuntó Romero.
Debido a que la Junta Directiva de la entidad está integrada por tres representantes del sector empresarial privado, las posibilidades de crear programas que ayuden a conectar a los egresados de forma inmediata con puestos vacantes y darles seguimiento en el futuro, se torna cada vez más necesaria.
José Álvaro Jenkins, presidente de la Unión Nacional de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), reconoció que la ley es un paso en la dirección correcta para adaptar al INA a las necesidades de la revolución 4.0.
“Es necesario impulsar y escalar los programas de capacitación y recapacitación de la fuerza laboral con la meta de garantizar el alineamiento con los sectores más dinámicos y los empleos que generan”, añadió el jerarca.
En esa línea, Alonso Bogantes, gerente general de Matra; una compañía dedicada a comercialización y mantenimiento de maquinaria industrial, agrícola y de construcción; afirma que los resultados de su trabajo conjunto con el INA son positivos.
Matra recibe desde hace varios años a estudiantes que se formaron en programas técnicos de mecánica básica.
“Voy a utilizar una analogía, el bachillerato para estos muchachos es el INA y la maestría es venir a trabajar en la empresa donde adquieren experiencia de campo. El 80% de nuestro personal técnico viene de esta entidad y cada vez que hay rotación los reemplazos también son del instituto”, indicó Bogantes.
Conectar a los egresados del INA con los programas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) es un primer paso, pero el verdadero reto, reconoce Romero, es mejorar el rastreo, comunicación y seguimiento con las compañías privadas.
Lo que inició en 2018 como una propuesta de plan estratégico para el Instituto Nacional de Aprendizaje, evolucionó hasta convertirse en una ley en 2020, una normativa que fue construida con aportes de organismos internacionales y bajo el tamiz de diferentes sectores nacionales, quienes con ejercicios críticos, señalaron lo que faltaba por mejorar.
El siguiente reto es emitir los reglamentos de la legislación para los cuales se extendieron plazos de entre seis meses y un año, aunque Romero asegura que en el caso de las becas, esperan tenerlo listo durante el primer semestre de este año.
