EscucharEstados Unidos volvió a retirar visas a figuras reconocidas de Costa Rica: esta vez, a cinco de los siete miembros de la Junta Directiva de La Nación S. A., la misma empresa que edita El Financiero, según indicaron fuentes de la compañía.
Como en casos anteriores —que incluyeron a personajes como el expresidente Óscar Arias y dos magistrados de la Sala Constitucional—, la decisión se conoció a través de reportes de medios locales y sin una justificación oficial por parte de la diplomacia norteamericana.
El episodio se suma a una lista creciente que ya alcanza a políticos, jueces y ahora también a representantes de medios de comunicación.
Buena parte de los afectados fueron críticos del gobierno de Rodrigo Chaves o fueron descritos por él como adversarios políticos. Al mismo tiempo, el ahora expresidente presentó a lo largo de su mandato como aliado de la administración Trump y respaldó la continuidad de su proyecto político a través de la nueva presidenta, Laura Fernández
La ausencia de explicaciones ha alimentado interpretaciones contrapuestas entre analistas y actores políticos, que oscilan entre decisiones administrativas estrictamente migratorias y posibles herramientas de presión en contextos de alineamiento político.
Una secuencia de revocatorias sin explicación pública
Desde 2025, las revocatorias de visas se han comunicado de forma escueta y sin detallar motivos, en línea con la política del gobierno estadounidense de no comentar casos individuales de visado.
Mientras el procedimiento de notificación se ha mantenido sin cambios, el perfil de las personas afectadas se ha diversificado.
En una primera etapa, los casos se concentraron en actores vinculados a debates sobre 5G y proveedores chinos, un tema sensible para Washington.
Entre los afectados destacaron algunas diputadas opositoras que se habían manifestado abiertamente contra el veto a las empresas chinas, y una funcionaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Sin embargo, esa lectura —centrada en intereses geopolíticos— comenzó a perder consistencia con el paso del tiempo.
Las revocatorias se extendieron a figuras con las que Estados Unidos no había tenido fricciones evidentes, pero que sí habían chocado con el gobierno de Chaves.
Entre los casos más notorios destacaron los del expresidente Arias y su hermano Rodrigo, quien hasta hace pocos días era presidente del Congreso. También ingresaron a la lista Fernando Cruz y Paul Rueda, magistrados constitucionales a los que Chaves suele referirse de modo hostil.
El caso del expresidente Arias ocurrió en abril de 2025 y marcó un antes y un después.
A diferencia de los primeros episodios, la medida dejó de encajar con claridad en disputas geopolíticas o tecnológicas; y abrió interrogantes sobre otras posibles motivaciones. Si bien el exmandatario restableció las relaciones diplomáticas de Costa Rica con China en su segundo mandato, también había impulsado el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en el mismo período.
El expresidente Arias se mantenía fuera de la política activa desde 2010, pero su nombre regresó a la escena pública con más frecuencia desde el 2022, cuando Chaves asumió su mandato.
Realizó varias críticas y se volvió un blanco recurrente en el discurso presidencial, el cual lo presenta como uno de los máximos exponentes de la política tradicional costarricense que dice combatir.
Luego vino el turno de los medios de comunicación. Estados Unidos primero le retiró la visa a Leonel Baruch, presidente del medio digital CRHoy, en octubre de 2025; y ahora hizo lo mismo con los miembros de la Junta Directiva de La Nación S. A. En ambos casos, las decisiones también carecieron de una explicación geopolítica clara.
CRHoy y La Nación fueron críticos de la administración Chaves, publicaron múltiples investigaciones sobre presuntas irregularidades gubernamentales y se convirtieron en blanco recurrente de descalificaciones por parte del mandatario, quien se refirió a ellos y a sus periodistas como “prensa canalla”.
Sin explicaciones, pero con sospechas
A pesar de la diversidad de los casos, hay un elemento constante: la ausencia de explicaciones oficiales.
La embajada estadounidense no detalló los motivos ni estableció criterios públicos claros en ninguno de los episodios; alegando que se trata de decisiones confidenciales.
Las notificaciones suelen llegar de forma escueta y, en algunos casos, los propios afectados dicen haberse enterado por medios de comunicación o declaraciones del propio Chaves.
Tal es el caso del expresidente legislativo Rodrigo Arias, quien asegura que Chaves habló sobre el asunto frente a las cámaras, 30 minutos antes de que él recibiera una comunicación oficial desde la diplomacia norteamericana.
En el caso de La Nación, cuatro días después del anuncio en medios cercanos al gobierno de Chaves, los directivos no habían recibido ningún mensaje oficial que explicara la medida.
Pedro Abreu, presidente de la directiva y uno de los cinco afectados, declaró al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que apenas logró obtener una confirmación por medio del sistema de consulta oficial del gobierno de los Estados Unidos, luego de observar las publicaciones en los medios.
Esa opacidad ha convertido cada caso en un episodio abierto a la interpretación y en un terreno fértil para lecturas contrapuestas.
En los últimos años, el gobierno de Chaves fue señalado por críticos y opositores de utilizar instituciones para confrontar, investigar y hasta presionar a actores incómodos para su gestión. Entre los señalados aparecen figuras como Baruch y La Nación.
El Ministerio de Hacienda planteó una denuncia contra el Banco BCT, de Baruch, por un supuesto fraude fiscal que posteriormente atribuyó a simples acusaciones que circulaban en un video de TikTok; y el Ministerio de Salud cerró de manera expedita Parque Viva, propiedad de Grupo Nación y una de las principales fuentes de ingresos del conglomerado mediático.
La denuncia contra Baruch fue desestimada por la Fiscalía; mientras que el cierre de Parque Viva fue revertido por la Sala Constitucional, que lo calificó como un asunto “atropellado” y una posible forma de censura indirecta.
La Nación reprochó la revocatoria de las visas a los miembros de su junta directiva a través de un un editorial publicado el 4 de mayo; por medio del cual señaló que la decisión parece “castigar la línea editorial” del medio, “ante la ausencia de explicaciones” claras sobre la decisión.
El diario incluso planteó dos posibles hipótesis.
Una fue que la decisión haya buscado penalizar los cuestionamientos del medio al gobierno estadounidense, aunque dijo que era la menos probable. “Si tal fuera el caso”, redactó el diario, “muchos otros medios, en muchos otros países” habrían experimentado lo mismo.
Otra posibilidad, “más factible y más perturbadora” según señalaron, es que el propósito haya sido “cobrarle” al periódico su “vigorosa independencia de criterio y crítica hacia el presidente Rodrigo Chaves y su gobierno”, afín a la administración del presidente Trump.
Ante la falta de otras justificaciones, el expresidente Óscar Arias también atribuyó el caso de La Nación a una muy posible “solicitud” por parte del gobierno costarricense. Así lo redactó en un pronunciamiento público, a pesar de que inicialmente había evitado atribuir el retiro de su visa personal a ese motivo.
Otros expresidentes como Laura Chinchilla y José María Figueres también manifestaron dudas y preocupaciones similares a las de Arias, a pesar de que en el pasado tuvieron choques o relaciones distantes con el periódico.
No existe evidencia pública de una injerencia del gobierno de Rodrigo Chaves en las decisiones estadounidenses. Pero la falta de explicaciones, el perfil de los afectados y la reiteración de los casos han convertido la ambigüedad en parte central del debate. Cada nueva revocatoria amplía la lista y vuelve más difícil sostener una tesis única.
EF realizó varias consultas a la Embajada de Estados Unidos en San José. Entre ellas, preguntas sobre los motivos del retiro de las visas a los directivos de La Nación y si hubo injerencia por parte del gobierno costarricense en esas gestiones. Sin embargo, la representación norteamericana evitó responderlas en detalle.
Únicamente reiteró —igual que ha hecho en todos los casos anteriores— que “es política del gobierno de Estados Unidos no comentar sobre casos individuales de visas”.
Ni lo acepta ni lo niega
En medio de las sospechas, Rodrigo Chaves ha evitado confirmar o descartar cualquier participación de su gobierno en el retiro de las visas.
Consultado por las acusaciones de Rodrigo Arias, quien le atribuye haber intercedido en su contra, respondió con un dilema en lugar de una explicación directa.
“Él dice que yo tengo la influencia para que le quiten la visa al presidente del Congreso en Costa Rica. Si ese es el caso, yo sería el presidente más influyente que ha tenido Costa Rica con respecto a la nación más poderosa del mundo; y si no, quiere decir que Estados Unidos sabe quién en realidad es Rodrigo Arias y por qué le quitaron la visa a él y a su hermano”.
La respuesta la dio en una entrevista con Noticias Repretel, precisamente uno de los tres medios que adelantó el caso de los directivos de La Nación antes de cualquier confirmación oficial, citando solo “datos disponibles” e “información que ha trascendido”.
El propio Chaves reconoció que su respuesta eludía la consulta inicial, pero no ofreció aclaración posterior. “Con mucho respeto, debo mantener mi posición”, le replicó al periodista que hizo la repregunta.
Más que despejar dudas, la intervención dejó intacta la ambigüedad y reforzó la existencia de interpretaciones en disputa.
Discrecionalidad estadounidense
La revocatoria de visas por parte de Estados Unidos no es una sanción judicial, sino una decisión administrativa discrecional por parte del gobierno estadounidense. No requiere una acusación formal ni una explicación detallada.
Esa facultad permite actuar con un amplio margen.
Consultado por la situación general en Costa Rica, un vocero del Departamento de Estado respondió a Noticias Telemundo este 7 de mayo que el Secretario de Estado tiene una amplia autoridad para aplicar esas medidas “cuando ello sirva al interés estadounidense”. La fuente rechazó hablar sobre casos específicos, pero explicó que la administración Trump está “comprometida a ejercer esa autoridad legal siempre y dondequiera que esté en juego un interés político imperioso”.
Este tipo de declaraciones no son nuevas.
En marzo de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que su oficina había comenzado a revocar cientos de visas a estudiantes, visitantes y otras personas. El jerarca alegó motivaciones de interés nacional, pero no precisó los criterios usados para seleccionar cada caso.
Eso lo dijo pocas semanas después de una visita exprés a Costa Rica, la cual antecedió los primeros retiros de visas a figuras de alto perfil como las mencionadas.
En ese contexto, los retiros de las visas a costarricenses son todavía más difíciles de interpretar. Analistas consultados por medios nacionales e internacionales como The New York Times incluso han planteado que las revocatorias podrían formar parte de una estrategia más amplia de la Casa Blanca, enfocada en presionar a los críticos de sus aliados en la región.
En aquella visita exprés a San José, Rubio había advertido que Estados Unidos apoyaría al gobierno para “imponer costos” a quienes actuaran en contra de los intereses compartidos, y que la potencia norteamericana sería un buen amigo de sus “aliados”.
La administración Trump ha reforzado su influencia en el hemisferio desde el regreso del republicano a la Casa Blanca. Ha reivindicado la doctrina Monroe, ha buscado estrechar vínculos con gobiernos afines y Costa Rica ha dado señales de alineamiento.
El gobierno de Chaves incluso aceptó recibir grupos semanales de migrantes deportados por Estados Unidos, una concesión poco habitual que la presidenta entrante, Laura Fernández, describió como “un ganar-ganar” con un “aliado confiable” que le brinda apoyo al país en temas como seguridad regional.
Fernández también mantiene una relación activa con la administración Trump. Incluso se reunió con Marco Rubio el 4 de febrero de 2025, en un encuentro informal en el que también participó el exministro Mauricio Batalla. La presidenta ya había renunciado al gobierno de Chaves y apenas sonaba como posible candidata presidencial del continuismo, pero Rubio atribuyó el encuentro a la afinidad de su administración con esas dos personas que “hasta hace unos días estaban en el gobierno”.
La nueva mandataria ahora nombró a su segundo vicepresidente, Douglas Soto, como nuevo embajador en los Estados Unidos.
La combinación de discrecionalidad y cercanía política no prueba una relación directa, pero sí vuelve más difusa la línea que separa las decisiones migratorias de sus posibles efectos democráticos y políticos en suelo costarricense.
Carlos Murillo, internacionalista de la Universidad de Costa Rica (UCR), considera que la relación entre las administraciones de Chaves y de Trump parece responder más a “intereses personales” y sus proyectos políticos de cada mandatario que a factores diplomáticos más amplios. “Y entrar en ese terreno (de los intereses personales)” declaró, “es entrar en una zona gris”.
Los legisladores demócratas que integran el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes publicaron un comunicado este 7 de mayo, en el que calificaron el caso de La Nación como “el último ejemplo de cómo la política exterior estadounidense se está utilizando para servir los intereses políticos de Trump y sus aliados” y “no los del pueblo estadounidense“.
¿Invitación a callar?
Tras el retiro de su visa, el magistrado Fernando Cruz llegó a calificar la decisión como “una bofetada a la independencia judicial” costarricense.
Según su criterio, tanto Rueda como él —los dos magistrados afectados hasta ahora— han tomado decisiones que “no complacen al gobierno costarricense y a Estados Unidos”; por lo que la revocatoria podría interpretarse como una medida de presión en su contra.
El retiro de las visas no condena, pero expone; no procesa, pero castiga; y en un contexto de confrontación política, termina funcionando como una señal silenciosa sobre los costos de disentir, sea esa la intención original o no lo sea.
Pierre Manigault, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), redactó en un comunicado de prensa que decisiones administrativas sin justificaciones claras pueden generar “efectos inhibitorios” sobre el ejercicio de periodismo.
Otros actores políticos, sociales y económicos costarricenses prefirieron no pronunciarse en público sobre el caso de La Nación; aunque sí lo hicieron varias vinculadas con el derecho a la comunicación y la libertad de expresión.
El Colegio de Periodistas (Colper), el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi-UCR), y la Asociación Punto y Aparte incluso firmaron un texto conjunto en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebró el 3 de mayo.
“Las autoridades del Estado costarricense deben solicitar una explicación al Gobierno de los Estados Unidos”, redactaron. “De no hacerlo, y de comprobarse que el motivo responde a la línea editorial, ese silencio constituiría una forma de complicidad inaceptable”.
EF envió varias consultas a la Presidencia de la República. Entre otros asuntos, preguntó si rechaza cualquier inherencia en los retiros de las visas de La Nación y de los demás actores afectados, y también cuestionó si pediría explicaciones a las autoridades norteamericanas sobre los hechos recientes. No obstante, no se obtuvo una respuesta hasta el cierre de este trabajo.
La primera vicepresidenta Mary Munive sí se manifestó sobre el asunto este 7 de mayo, antes de recibir a la recibir a la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, de cara al traspaso de poderes. Según dijo, Estados Unidos ejerce su “autonomía” y “uno tiene que darle el respeto”. “Nosotros no podemos generar ese tipo de cuestionamientos”, puntualizó.
Algo similar dijo Manuel Tovar, el exministro de Comercio Exterior recién nombrado por Laura Fernández como nuevo canciller de la República. La situación, dijo, “escapa” al gobierno de Costa Rica.
Fernández y Tovar se reunieron precisamente este 7 de mayo con el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, y con la enviada especial para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, en el marco de los actos oficiales de transición presidencial. “Sin duda, se trató de un encuentro que confirma la enorme confianza que Estados Unidos tiene en el gobierno de la continuidad”, publicó la Presidencia sobre el encuentro.
