Welmer Ramos propone bajar la tasa del encaje mínimo legal en cuatro puntos porcentuales: ¿es factible?

Según su justificación, eso liberaría cerca de ¢470.000 millones solo en el Banco Nacional de Costa Rica y el Banco de Costa Rica. Los recursos liberados por todo el sistema bancario deberían traducirse en líneas de crédito a baja tasa de interés para vivienda y desarrollo (pequeñas y medianas empresas o pymes y desarrollo comunal), indica el plan de gobierno.

La medida también permitiría financiar el 100% de la primera vivienda, para lo cual el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) o el Banco Popular “pueden otorgar un aval hasta por el 20%”. Además, se propone valorar rebajas mayores si las condiciones de empleo y crecimiento económico no mejoran.

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El EML es una reserva de dinero que los bancos públicos y privados, las empresas financieras no bancarias y las mutuales deben mantener en el Banco Central de Costa Rica (BCCR), en la forma de depósitos en cuenta corriente.

De acuerdo con dos especialistas consultados por EF, la medida sí puede ser viable, pero se tendría que ir reduciendo el encaje de una manera paulatina pues hacerlo de una sola vez sería “muy fuerte”. Sin embargo, al haber más dinero disponible en la economía costarricense podría generar un aumento de la inflación o un incremento de los precios de los bienes y servicios.

Los especialistas advirtieron que la ruta a seguir para implementar una reducción de la tasa del EML sería que la Junta Directiva del BCCR avale dicha disminución.

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¿Es factible?

Para German Morales, socio Director de la firma Grant Thornton, sí es factible reducir la tasa del EML, empero considera que bajarla en cuatro puntos porcentuales de una sola vez sería “muy fuerte”. “Este es un instrumento de política económica y así tiene que verse, con cuidado”, expresó.

Morales dijo que esto debe servir a toda la economía y al pretender orientar solo a un sector de vivienda o de pymes, en donde ya se tiene un sistema exclusivo, se van a hacer más grandes los fondos similares del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). Además, debe ser valorado correctamente, “para no generar incobrables a la entidad y que le impacte en sus utilidades”.

No obstante, advirtió, sería imprudente el uso de estos fondos para el término “desarrollo comunal”, pues le parece que “no es claro y suena bastante ambiguo”.

Deyver Mena, socio de Impuestos y Legal de la firma Grant Thornton, comentó que reducir el EML puede ser una medida viable para aumentar el crédito y por ende la liquidez en el mercado, pero se tiene que hacer de manera paulatina para medir el impacto que esto vaya a generar en otros indicadores macroeconómicos que también se deben mantener bajo control, tales como las tasas de interés, la base monetaria y la inflación.

Desde su perspectiva, bajar la tasa del EML implica que los intermediarios financieros van a tener una mayor disponibilidad de recursos prestables en colones y una reducción en su costo de captación, lo cual podría mejorar y estimular las condiciones crediticias.

Sin embargo, advirtió que al haber más dinero disponible en la economía costarricense, podría generar un aumento de la inflación o un incremento de los precios de los bienes y servicios, pues las personas contarían con más dinero disponible para gastar e invertir.

“Bajar el EML en cuatro puntos más, eventualmente, podría generar otros efectos que incidan en la economía general del país, pues el mercado aún no cuenta con un crecimiento de la producción y el empleo que permita justificar mayor disponibilidad de efectivo en manos de las personas y las empresas”, explicó Mena.

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El paso a seguir

La ruta a seguir es que la Junta Directiva del BCCR decida bajar la tasa del EML, amparada en las atribuciones que le confiere el artículo 28 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (7.558), recordaron los especialistas.

(La Junta Directiva del Banco Central tendrá entre sus atribuciones, competencias y deberes) determinar los niveles de los encajes mínimos legales, el margen máximo de intermediación financiera, el límite máximo global de las colocaciones e inversiones de las instituciones financieras y los recargos arancelarios, de acuerdo con la ley.

—  Artículo 28, inciso g) de la ley 7.558

Pese a que el procedimiento es “muy simple”, Mena consideró que el impacto económico de una decisión como estas puede generar otros efectos colaterales en la economía que también están bajo el control del Banco Central.

“De manera tal que no se trata simplemente de bajar el EML, sino de tomar decisiones que permitan un equilibrio macroeconómico sin alterar de manera abrupta el comportamiento de las diferentes variables económicas que intervienen en el mercado de bienes, servicios y capitales del país”, agregó Mena.