Durante estos 12 meses, la violencia ha cobrado 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos locales elevan a 568 las víctimas fatales, mientras el Ejecutivo reconoce 199. Además se cuentan entre 779 y 809 “presos políticos”, casi el doble de los que reconoce el gobierno, que los identifica como “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes”.
El servicio contempla una escala de dos horas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, terminal aérea a la que arriba desde el 2017.
La oposición demanda la liberación inmediata de quienes fueron presos por participar en la protestas, justicia independiente y la democratización del país, que incluye una reforma al cuestionado sistema electoral, con el objetivo de garantizar elecciones "libres y transparentes".
La contracción en actividades como turismo, comercio y construcción aumentó el nivel de desempleo. Según Funides, solamente en 2018, la crisis provocó el despido de 453.000 personas, de las cuales 137.000 están en desempleo abierto.
Ambas partes vuelven a encontrarse nueve meses después de que se suspendieran las conversaciones previas mediadas por el episcopado durante una violenta represión de protestas contra el gobierno, en las que al menos 325 personas murieron, se produjeron 700 detenidos y miles se exiliaron en países vecinos.
Varios cientos de opositores han sido encarcelados y más de 50.000 nicaragüenses se han exiliado.
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