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Si la empresa no ejecuta el embargo por causa justificada, como la aplicación de reducciones salariales o suspensiones de contrato, debe informar a las autoridades para evitar que se le acuse de desobediencia.

Estos rebajos, en su mayoría, están justificados por ley, pero hay otros que surgen de distintas aristas y marcan la diferencia entre el salario bruto y el neto. Es decir, entre lo que una persona “gana” y lo que a fin de mes el trabajador recibe en su cuenta bancaria.