Durante la discusión se recibieron más de 200 consultas y se realizaron diversas audiencias con instituciones, por lo que el texto base experimentó cambios sustanciales.
“La usura está matando a nuestra población y no podemos quedarnos de brazos cruzados, porque no sabemos si el próximo infectado será algún amigo, familiar o quizás hasta nosotros mismos”, manifiesta el diputado oficialista Welme Ramos.
Tras ser consultadas de forma directa por la Asamblea Legislativa, no todas las instituciones se declararon en sintonía con la administración central y, en consecuencia, el dinero del "Proyecto Pagar" se redujo en 38%. Es decir, ¢86.357 millones menos.
El Poder Ejecutivo impulsa aprobación rápida del proyecto presentado en febrero ante inminente reducción en nivel de recaudación.
Aplicar una legislación de manera retroactiva va en contra del artículo 34 de la Constitución Política, según Rogelio Fernández Ramírez, abogado de la Asociación de Consumidores Libres (ACL).
Propuesta fue planteada por el Ejecutivo en octubre del 2019, y ahora se baraja junto a otros dos proyectos que tienen el mismo objetivo: dar un escudo a quienes adquieran servicios financieros.
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