Las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y las universidades públicas para establecer cuál será el presupuesto de las casas de enseñanza en el 2025 fracasaron: un hecho inédito, que fue precedido por acusaciones de violencia entre las partes y ofensas documentadas.
El Gobierno de la República planteó aumentar los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en un 1%, al igual que el año pasado. La cifra fue rechazada por la representación de las universidades, encabezada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
La fallida negociación será recordada por altercados y ofensas. Por ejemplo, el zafarrancho del 6 de agosto, cuando la ministra de Educación, Anna Katharina Müller abandonó una de las reuniones en medio de gritos de estudiantes que, según dijo, le provocaron una lesión en el oído; o bien cuando, posteriormente, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, comparó a los rectores universitarios con prestamistas “gota a gota” que cobran “a golpes, a gritos, a insultos”, en alusión al primer episodio.
Ahora, la negociación tendrá que pasar a la Asamblea Legislativa, donde los diputados deberán establecer el presupuesto universitario. Así lo establece la Constitución Política en su artículo 85 ante eventuales “diferendos”, en una cláusula que nunca antes había tenido que ser utilizada.
El diferendo
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, confirmó en conferencia de prensa que a las universidades públicas se les ofreció un presupuesto igual al de este 2024, más un aumento del 1%.
Asimismo, recordó que la Constitución Política señala la obligación de mantener el valor real del dinero otorgado a las casas de enseñanza, es decir, presupuestar por encima de la inflación; lo cual se cumpliría desde su punto de vista, porque la inflación hasta junio es de un -0,03%.
Tomando como referencia ese número, subrayó, el 1% de aumento es “bastante más que la inflación”.
Junto con Acosta, negociaron el FEES la ministra de Educación; así como la jerarca de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes.
Esta propuesta no satisfizo los intereses de las universidades, cuyo presupuesto primero se contuvo en 2019, por los problemas fiscales del país; luego se contrajo, por la pandemia de 2020 y 2021; y, desde entonces, crece anémicamente.
Si se toman los presupuestos asignados en años anteriores y se traen a valor presente las cifras, es posible determinar que el presupuesto universitario creció hasta un 74% entre 2010 y 2019. Sin embargo, desde entonces más bien ha caído un 4,1%.
Según Gustavo Gutiérrez, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) y presidente del Conare, se oponen al ajuste de un 1% pues lo consideran como una propuesta “inviable”, que “no permite, ni garantiza la sostenibilidad financiera ni la operación mínima de las universidades públicas”.
Esas palabras las dio al cierre de la última mesa de negociación con el Poder Ejecutivo, el 16 de agosto, en la acera frente al puesto de salida de Casa Presidencial. No se realizó una conferencia conjunta, como ha sido la tradición histórica al finalizar este tipo de procesos y las autoridades de gobierno se refirieron sobre el asunto posteriormente, en solitario.
En lugar de un 1%, las ‘u’ pública aspiraban a un aumento del 4%.
Rodrigo Arias, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), añadió ese mismo día y en ese mismo sitio apreciar la situación como “un retroceso enorme”. “Por primera vez en la historia, el Ejecutivo es incapaz de llegar a un acuerdo con las universidades”.
Por otra parte, el rector de la Universidad Nacional (UNA), aseguró que no obtuvieron “respuestas serias” por parte del Ejecutivo a sus planteamientos sobre las necesidades de los centros públicos y sus “aprietos” económicos.
Junto a ellos, también al borde de la carretera, aparecieron la rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), María Estrada, y el rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), William Rojas. Por el Ministerio de Planificación (Mideplán) asumió la representación el viceministro Marlon Navarro.
La última reunión entre las partes, el 16 de agosto, también había sido precedida por tensiones logísticas. La ministra Müller se negó a volver al Conare para ese quinto encuentro, luego de su encontronazo con estudiantes. Más tarde, los rectores universitarios anunciaron que no asistirían a Zapote, por los comentarios del presidente Chaves. Finalmente, los representantes universitarios cedieron para evitar el fracaso de la negociación, y el encuentro ocurrió en Casa Presidencial, aunque con una hora de atraso.
A la Asamblea
Acosta consideró como razonable la propuesta del Poder Ejecutivo a las universidades y aseguró que no se fue más allá del aumento del 1% para evitar problemas financieros.
“Al igual que todos los costarricenses, pasamos por épocas en las que tenemos que amarrarnos la faja”, comentó. “Es la capacidad del Estado. No podemos ir más allá”.
Ahora la discusión quedará en manos de la Asamblea Legislativa. El Congreso tendrá que empezar a discutir el Presupuesto Nacional de 2025 en septiembre. El texto primero pasará a estudio de la Comisión de Asuntos Hacendarios y luego, al Plenario Legislativo.
El monto que finalmente se le otorgue a las universidades dependerá de su criterio.
Según Conare, el gobierno le manifestó a las representaciones universitarias que el proyecto de Presupuesto Nacional para el próximo 2025 irá al Congreso sin que se contemple un aumento, ni siquiera del 1%, para las ‘u’ públicas. A través de un comunicado de prensa, señalaron que “el Poder Ejecutivo comete una vez más una irresponsabilidad de enormes dimensiones en materia de educación pública”.
A través de sus redes sociales, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Paulina Ramírez, calificó como “lamentable” que el Poder Ejecutivo fuera incapaz de llegar a un acuerdo con las universidades estatales. La legisladora, que preside el foro de Hacendarios a donde se deberá de trasladar el debate por estos recursos, calificó la situación como “una clara muestra de que la educación no es prioridad de Gobierno”.
