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El pago se realizará a personas funcionarias activas del Gobierno Central y órganos desconcentrados, según el calendario de Tesorería Nacional.

Hay que llegar a acuerdos y pronto, con sentido de oportunidad. De nada valdría alcanzar consensos cuando el FMI se harte de nosotros y la nave se hunda sin remedio.

El Gobierno puja una vez más –y con una propuesta más leve– para tasar el aporte salarial que se creó en 1994 y se exoneró desde 2008.

El Gobierno anunció que no desistirá del proyecto que plentea eliminar la exoneración de renta al salario escolar. Sin embargo, su camino empezará de nuevo en el Congreso, desde cero.

Las decisiones de la Comisión de Asuntos Jurídicos dejan más golpes que alivios en el marco del acuerdo con el FMI, ante el aval a un proyecto de bajo impacto y el portazo a uno de mayor cuantía.

Los diputados de la comisión de Asuntos Jurídicos votaron para mantener la no sujeción de renta para el salario escolar, la cual se aprobó y se encuentra vigente desde 2008.

Si se aprueba el impuesto de renta a los salarios escolares 111.991 personas de Gobierno Central harán un aporte, lo que equivale a ¢3.731 millones. Este tributo será obligatorio y le permitirá al Estado generar un ingreso adicional para aliviar la presión sobre las finanzas públicas.

Las dos iniciativas del Gobierno fueron cuestionadas por diferentes representantes de los sectores sindicales y empresariales.

Este año, por ejemplo, el Gobierno depositó ¢145.000 millones a 15.656 funcionarios. El Ministerio de Hacienda informó que en 2018 la exoneración a este beneficio representó 0,12% del gasto tributario.

Sector privado distribuirá unos ¢1.600 millones